UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DEL SECUESTRO EN MÉXICO HOY ENSAYO QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (OPCIÓN EN CIENCIAS POLÍTICAS) PRESENTA RAÚL BEJARANO ROMERO DIRECTOR: FERNANDO ESCALANTE GONZALBO MÉXICO D. F., 2015 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. 2 Caricatura de Rafael Pineda (Rapé). 3 A mis abuelos, Jorge Javier Romero Gutierrez y Guadalupe Vadillo Castillo “Ceci n’est pas une pipe” René Magritte. 4 Índice Introducción .........................................................................................5 ¿Qué entiendo por representaciones sociales?...............................8 Algo de historia. Algunos secuestros de alto impacto..................12 Las cifras sobre secuestro. ¿En dónde estamos?.........................19 El secuestro de Hugo Alberto Wallace ............................................28 El amparo de Florence Cassez .........................................................34 Los migrantes de San Fernando, Tamaulipas ................................45 Conclusiones .....................................................................................58 Bibliografía .........................................................................................65 5 Introducción El secuestro me interesa desde hace años, pero me propuse estudiarlo cuando realizaba un semestre de intercambio en la Sorbona. Entonces me hospedaba en la Casa de Portugal de la Ciudad Internacional Universitaria de París (CIUP). Como las cocinas son compartidas, los estudiantes se reúnen sobre todo para cenar. Una noche, mientras comía con mis vecinos, uno de ellos me preguntó sobre el secuestro en México; acababa de leer un artículo en Le Monde al respecto y le pareció sensato que un joven aprendiz de politólogo mexicano comentara y ahondara en lo que acababa de leer. Yo apenas pude esbozar algunos argumentos fundamentados en unas cuantas notas periodísticas y no pocas precogniciones, así que tras apurar el pastis salí disparado a mi pequeñísima habitación para comenzar una búsqueda en la Internet que se prolongaría toda la noche y parte del siguiente día. Conforme avanzaba la noche, mi perturbación se acentuaba pero también lo hacía mi ímpetu por desentrañar un fenómeno social tan nebuloso. A punto estaba de amanecer cuando conseguí descargar el libro Secuestrados de Julio Scherer García. Terminé de leerlo a la hora en la que los más perezosos de mis colegas acostumbraban levantarse y sólo entonces pude conciliar el sueño, empapado en la sensación de que el secuestro en México era el tema que merecía la pena tratar para titularme. Uno de mis primeros hallazgos fue el Risk Map de Control Risks, un despacho británico especializado en política, seguridad y riesgos para la integridad. En 2013 México ocupaba el segundo lugar de los países con mayor número de secuestros por habitante dentro del mapa elaborado por Control Risks. Sólo debajo de Nigeria ⎯donde el movimiento salafista con el sobrenombre de Boko Haram ha secuestrado decenas de niñas en la guerra que lo enfrenta con el Estado más poblado de África. Para 2014 ya era el primero. Es decir que, de acuerdo con Control Risk, en la actualidad en ningún lugar del planeta hay tantas posibilidades de ser víctima de un secuestro como en México. 6 Este no es un ensayo sobre criminología, pero el crimen se impone como una de las claves para entender el presente y sobre todo el presente político. Lo que la ciencia política estudia es el poder de Estado y los poderes que tienen por mira al Estado. El secuestro es un fenómeno político porque es un delito que utiliza la violencia y por lo tanto es una afrenta al Estado. Las bandas de secuestradores representan una amenaza a la pretensión del Estado de conservar con éxito el monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente y, por lo tanto, en términos muy generales se puede afirmar que la fuerza de éstas es inversamente proporcional a la fuerza del Estado. Incluso los secuestros chapuceros representan un reto a esa pretensión del Estado, a su capacidad para proyectarla con éxito. Por ejemplo, el hecho de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sitúe la cadena perpetua a secuestradores como uno de sus principales logros legislativos1, algo dice sobre la importancia de este tema para el quehacer político mexicano en la actualidad. Dice, al menos, que tiene suficiente relevancia en el espacio público para que un partido (el PVEM) lo adopte como una de sus banderas. Hablar del secuestro es como hablar de África, un continente demasiado grande para poder describirlo, decía Kapuscinski en Ébano. Así como en África hay ciudades, desiertos, trópicos, ríos, lagos y montañas; hay secuestros políticamente motivados y económicamente motivados, perpetrados por profesionales y neófitos, secuestros exprés, autosecuestros, trata de personas y desaparición forzada. Si los llamamos así es para simplificar y por comodidad. Pero, en el caso del secuestro, es sobre todo porque un tipo jurídico impone la designación, ocasiona esa reunión de tipos dispares y reduce la complejidad. Lo primero que me propuse fue reunir y contrastar la información empírica, que en este caso es mala, pues el secuestro es un delito que se denuncia poco y porque la cifra criminal depende en última instancia de las fuerzas de seguridad 1 De principio el PVEM intentó impulsar la pena de muerte a secuestradores. Ante una iniciativa parlamentaria que no podía más que fracasar, ahora miente diciendo que ciento y tantos años son lo mismo que prisión vitalicia. 7 del Estado, que utilizan esas cifras para justificar su estrategia y presupuesto. Sin embargo, es imprescindible para encontrar regularidades, perfiles demográficos. Me interesan más, sin embargo, las representaciones sociales del secuestro en el México actual. ¿Cómo es visto? ¿Cómo se construye en el espacio público? Como vía de acceso recurro a la manera en la que la prensa reporta, cómo los políticos hablan. Así pues, la pregunta central que intento responder es ¿cómo se representa el delito de secuestro en el espacio público mexicano? Para ello revisé notas informativas y de opinión de tres periódicos de circulación nacional en su versión digital: Reforma, El Universal y La Jornada. Porque el mejor sitio para estudiar la historia contemporánea y sobre todo para buscar representaciones sociales del crimen es en los periódicos, ahí se encuentran proposiciones que se admiten sin necesidad de demostración. Me concentro en tres casos reveladores del siglo XXI, en los que se discutió con especial interés el secuestro en el espacio público mexicano recientemente con el fin de contrastar sus representaciones sociales: el de Hugo Alberto Wallace ⎯hijo de Isabel Miranda de Wallace⎯, el de Florence Cassez, fechado cuando la Suprema Corte le otorgó el amparo y el caso de los migrantes secuestrados en San Fernando Tamaulipas. Elegí esos tres casos por las diferencias económicas, sociales, culturales y jurídicas que personifican sus protagonistas. Porque se trata de casos bastante distintos. En el primer caso que estudio los personajes principales son dos empresarios, miembros de un estrato privilegiado de la sociedad mexicana; en el segundo se habla de una extranjera, ciudadana de una democracia desarrollada y de clase media a la que se acusó de secuestro, es decir, se habla del secuestrador mucho más que de los secuestrados; mientras que el tercero trata de un secuestro colectivo de migrantes centro y sudamericanos, pertenecientes a la capa más empobrecida y vulnerable de Latinoamérica. 8 ¿Qué entiendo por representaciones sociales? Se trata de las maneras en las que las realidades se dan por conocidas en las sociedades humanas. Las fases por las que cualquier conjunto de conocimiento queda establecido como realidad; el proceso por el que toma forma la realidad para el sentido común de uno cualquiera. Toda sociedad construye un sentido común, simplifica la experiencia. Como la realidad siempre se presenta borrosa, todo está mediado por una construcción simbólica, por representaciones sociales que condicionan el comportamiento de los individuos. Dicho de otra forma ¿cómo conocemos? Sin lugar a dudas, nada más Platón que creía en el alma inmortal podía pensar que los individuos poseen el conocimiento desde el momento de nacer y que éste sólo necesita ser recordado. Ir de mayéutica es ir de trapicheo. A duras penas con el Nercronomicón se podría parir almas. Me baso en los sociólogos Peter Berger y Thomas Luckmann, que se inscriben dentro de la teoría del constructivismo estructuralista2: para ellos existen múltiples realidades, muchas maneras de entender el mundo y la más común es la realidad de la vida cotidiana, aquella que se presenta ya objetivada: constituida por objetos que han sido designados como objetos antes de que se apareciera en este tinglado, la que es aprehendida por rutina y por lo tanto no necesita de comprobación alguna. El lenguaje común sirve de vehículo para que las objetivaciones tomen sentido y la vida cotidiana adquiera significado, se objetive. Pero la vida cotidiana se presenta además como un mundo intersubjetivo, es decir, compartido con otros. El sentido común se refiere precisamente a un mundo que es común a muchos hombres. Es al compartir rutinas autoevidentes con otros que se conoce dicho sentido. Por eso, la realidad de la vida cotidiana se da por establecida sin necesidad de verificaciones adicionales sobre ella. 2 Corriente a la que también pertencen, entre otros: Norbert Elias, Anthony Giddens y Pierre Bourdieu. 9 Para emplear imágenes: Kafka. En el Informe para una Academia, un simio, Pedro el Rojo, habla con elocuencia ante una academia sobre la travesía desde su infancia salvaje, cuando fue capturado por la empresa Hagenbeck en Costa de Oro, hasta su adultez docente. Pedro el Rojo relata como “la cumulación de observaciones fue lo que le impulsó en una dirección determinada”. Cómo aprendió por imitación, antes que nada, a fumar y beber clarete. Ya como académico le parecía acertada la manera cruel como lo habían tratado durante su captura. Se había apropiado del sentido común. Es decir, el proceso por el cual se llega a ser hombre, se produce en interrelación con un ambiente no sólo natural, sino también cultural. “Afirmar que las maneras de ser y de llegar a ser hombre son tan numerosas como las culturas del hombre, es un lugar común en etnología (…) Si bien es posible afirmar que el hombre posee una naturaleza, es más significativo decir que el hombre construye su propia naturaleza o, más sencillamente, que el hombre se produce a sí mismo”. (Berger y Luckmann, 2012, p.67). La autoproducción del hombre es siempre y necesariamente, una empresa social. Porque así como es imposible que el ser humano se desarrolle como tal estando aislado, tampoco es posible que el ser humano en aislamiento genere un ambiente humano. El hombre aislado es ser a nivel animal. La humanidad específica del hombre y su sociedad están íntimamente relacionadas. “El homo sapiens es siempre, y en la misma medida, homo socius” (Berger y Luckmann, 2012, p.70). Para que las fórmulas sociales puedan ser aprehendidas y memorizadas rápidamente por las generaciones sucesivas, las sociedades humanas producen signos, construyen el lenguaje. Por sobre todo, la vida cotidiana es vivida con el lenguaje compartido con los semejantes y por medio de él. La comprensión del lenguaje es fundamental para cualquier comprensión de la vida cotidiana. Dicho con Wittgenstein, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo; no podemos decir lo que no podemos pensar. “El lenguaje construye entonces enormes edificios de representación simbólica que parecen dominar la realidad de la vida cotidiana como gigantescas representaciones de otro mundo” (Berger y Luckmann, 2012, p.57). Es así como se objetiva la realidad. 10 Con el orden social ⎯ese conglomerado de instituciones que controlan el comportamiento humano y establecen pautas que lo canalizan en una dirección determinada, y que no emana de las “leyes de la naturaleza” sino que resulta de la actividad humana y sólo puede existir en tanto que la actividad humana siga produciendo⎯ sucede algo similar. Se trata de un producto humano. En resumen tenemos una triada dialéctica. El hombre es un producto social. La sociedad es una realidad objetiva. La sociedad es un producto humano. Cuando las instituciones no se sostienen por medio de los propios recuerdos y habituaciones de los individuos, cuando se rompe la unidad entre historia y biografía, se necesitan explicaciones y justificaciones de los elementos de la tradición. Este proceso de explicar y justificar constituye la legitimación. El individuo, “no nace miembro de una sociedad, sino con una predisposición hacía la sociedad y luego llega a ser miembro de una sociedad, en la vida de todo individuo existe una secuencia temporal, en cuyo curso es inducido a participar en la dialéctica de la sociedad. El punto de partida de este proceso lo constituye la internalización: la aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado, o sea, en cuanto es una manifestación de los procesos subjetivos de otro que, en consecuencia, se vuelven subjetivamente significativos para uno. Eso no significa que se comprenda adecuadamente al otro; se le puede comprender erróneamente. Puede estar riéndose en un ataque de histeria, mientras se cree que esa risa expresa regocijo” (Berger y Luckmann, 2012, p.162-163). Lo mismo sucede con los fenómenos sociales. “En relación con lo anterior, los constructivistas convergen en una tesis fundamental que los caracteriza más que cualquier otra: en este proceso histórico, las realidades sociales son a la vez objetivas e interiorizadas. Es decir, por una parte remiten a mundos objetivados (reglas, instituciones…) exteriores a los agentes, que funcionan a la vez como condiciones limitantes y como puntos de apoyo para la acción; y por otra se inscriben en mundos subjetivos e interiorizados, constituidos principalmente por formas de sensibilidad, de 11 percepción, de representación y de conocimiento (…) Éste es el espacio dinámico donde se sitúan tanto el habitus de Norbert Elías (concebido como estructura interior de la personalidad”), como el habitus de Bourdieu (concebido a la vez como “esquema” y “disposición”), la conciencia práctica” de Anthony Giddens y la “sociedad interiorizada” de Peter Berger y Thomas Luckmann” (Giménez, 1997, p.2). Ahora bien, una manera de acrecentar la utilidad de las ciencias sociales en su lucha contra los problemas sociales es centrando la atención en el aprendizaje humano, en lo que es aprehendido y cómo se transmite entre los miembros de una sociedad. Desde otro campo de estudio, los últimos avances en neurociencias apuntan a que el cerebro emplea un razonamiento basado en patrones. Parece ser que la base del funcionamiento neuronal de los seres humanos es el reconocimiento de patrones antes que el razonamiento lógico abstracto. De acuerdo con Edelman y Tononi (2001, 152, citados por North 2005, p.26) el pensamiento sucede en términos de patrones sintetizados, no lógicos. Es por eso que buena parte del cúmulo social de conocimiento consiste en recetas para resolver problemas de rutina. No se puede saber todo lo que hay que saber de la realidad y el pensamiento lógico abstracto es la excepción a la regla; por eso “lo que todos saben” puede aplicarse para resolver los diversos problemas que se presentan. Berger y Luckmann me resultan útiles como fundamento teórico porque soy de la idea de que en el México contemporáneo, las medidas que se están tomando para combatir el secuestro están más influidas por la percepción de sentido común, por lo que todos saben, por representaciones sociales, más que por una política diseñada a partir de un análisis riguroso, detallado y metodológico. De ahí que me interese conocer cómo se representa el secuestro en el espacio público mexicano. El entendimiento de un fenómeno social es un prerrequisito fundamental para darle solución. Lo que sigue es un intento por mejorar nuestra comprensión. 12 Algo de historia. Algunos secuestros de alto impacto Antes de organizar la estadística actual del secuestro en México y analizar los casos de estudio, vale la pena hacer una breve recapitulación histórica. En México siempre hubo secuestro; desde la Independencia hasta los tiempos de Los bandidos de Río Frío; no es casualidad que dos de las principales obras literarias de la época decimonónica mexicana incluyan como parte fundamental de su trama al secuestro. Plagios hubo siempre. Aunque parece ser que disminuyeron con el incremento en el control territorial por parte del Estado durante el Porfiriato3. Hacia 1871, “El Gobierno Federal, impresionado por la cantidad de asaltos y plagios que había en varias partes del país, promulgó un decreto que ordenó la suspensión de garantías para los salteadores y plagiarios, a quienes se les aplicaría la pena de muerte” (Fernández, 1991, en Nexos, Cabos Sueltos). El problema no se solucionó enseguida, pues no fue sino hasta 1875 que dicha suspensión se revocó, un año antes de que Porfirio Díaz ocupara por primera vez la silla presidencial. Durante la descomposición del orden de la dictadura y la Revolución el secuestro repuntó y volvió a ser una actividad redituable en un país sumido en la incertidumbre y la inestabilidad política. México y Francia tuvieron su primer conflicto diplomático ocasionado por el tema de secuestro a comienzos de la Decena Trágica, cuando Victoriano Huerta derrocó a Francisco I. Madero y ordenó su asesinato. En 1913, un asturiano llegado a la Ciudad de México cuando niño secuestró a Alice, la hija de François Thomas, un francés rico4. En ese tiempo hubo otros dos secuestros muy sonados, de alto impacto: el del empresario textil norteamericano William Jenkins y el del jefe del servicio secreto estadounidense durante la Primera Guerra Mundial, Bruce Bielaski. 3 De acuerdo con Carlos Bravo Regidor y Sergio Silva Castañeda, tras la rebelión de Tuxtepec que derrocó a Sebastían Lerdo de Tejada, los intereses militares recuperaron control del territorio. 4 Ver: Padgett, H. (2009). Jauría: La verdadera historia del secuestro en México. México: Grijalbo. 13 El primero de éstos ocurrió en 1919 y el segundo en 1922. Ambos casos tensaron las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, pero sobre todo el primero, porque Bielaski consiguió escapar de sus captores al poco tiempo de haber sido secuestrado. Tan seguro y rentable era el secuestro que llegó a regiones tan alejadas y poco habituadas al delito como Campeche. En 1933 secuestraron en Campeche a don Luis P. Florencia, uno de los hombres más acaudalados de la ciudad, tanto así que poseía automóvil privado. Lo habían secuestrado ahí, “en la ciudad parsimoniosa, en el estado pacífico donde ni en el siglo XIX hubiera encontrado Luis G. Inclán tema para su Astucia: el jefe de los Hermanos de la Hoja o los charros contrabandistas de la Rama”. (Romero, 2011, p. 64). Lo secuestraron en tránsito, como hacían los bandidos de Payno y los charros de Inclán, como hacen buena parte de los secuestradores del periodo contemporáneo. Enseguida intervino el gobernador socialista que puso en acción a la fuerza policiaca y a la comandancia militar mientras él actuaba como detective. Tuvo éxito. Y tan inusual fue el caso que de las poco más de treinta cuartillas de su segundo informe dedicó dos a recapitularlo. Pero no sólo eso, tras el suceso se popularizó entre los campechanos la palabra plagio, antes inusual, incluso entre los habitantes más cultos de la apacible provincia. Cuando la estabilidad política se recuperó por completo comenzó a disminuir el índice de secuestros. Una revisión realizada por José Antonio Ortega Sánchez ⎯presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A. C.⎯ del periodo que va de 1946 a 1952 en la colección del periódico El Universal arrojó como hallazgo un solo caso de secuestro. Al año siguiente, tras la derrota electoral del Partido Agrario Obrero Morelense (PAOM), Rubén Jaramillo se levantó en armas y con ello se registraron otros dos secuestros. Desde 1959 ⎯cuando Jaramillo decidió acogerse a la amnistía ofrecida por López Mateos⎯ en esa misma investigación no aparece otro caso de secuestro sino hasta 1967. A partir de esta información se puede formular una hipótesis: ¿existe una correlación negativa entre la eficacia del control territorial por parte del Estado 14 y la incidencia del secuestro? Aunque así sea, como todo fenómeno social, el secuestro tiene múltiples determinaciones. Entre 1970 y 1985 ⎯continuo con los hallazgos de Ortega, datos oficiales sólo hay desde 1997⎯ ocurrieron en México poco más de 300 secuestros; la mayoría se cometieron entre 1970 y 1976, a partir de entonces el número de secuestros comienza a disminuir para volver a repuntar entre 1983 y 1984. Ver gráfica 1. En este periodo ocurrieron, por lo menos, siete secuestros de alto impacto. En 1971, Julio Hirschfeld Almada, rico industrial y Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, fue víctima de secuestro. Fue el primer secuestro declarativamente político en décadas, el parteaguas que marcó el inicio de los turbulentos años de la guerrilla urbana. Lo secuestró el Frente Urbano Zapatista (FUZ), donde militaba Paquita Calvo Zapata, sobrina de Carlos Zapata Vela, dirigente de la huelga universitaria de 1929 que reclamaba la autonomía, después militante priísta y embajador de México en la Unión Soviéticas entre 1967 y 1971. En 1973, un comando de la Liga Comunista 23 de Septiembre intentó secuestrar al empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, el patriarca del Grupo Monterrey, el grupo industrial más importante de México; fallaron y lo mataron. Meses después, otro comando de la misma guerrilla urbana de origen universitario, secuestró al Cónsul de Inglaterra Duncan Williams y al industrial Fernando Aranguren. El fin más inmediato que justificaba los medios era el de intercambiar a los secuestrados por guerrilleros presos. El primero fue liberado y el segundo ejecutado. La respuesta del Estado bajo presión empresarial fue el inicio de la guerra sucia contra las guerrillas. Al año siguiente, el Partido de los Pobres (PdlP) ⎯la guerrilla de Lucio Cabañas, el maestro formado en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero⎯ secuestró a Rubén Figueroa Figueroa, poco antes de las elecciones que lo llevarían al gobierno de aquel estado, ese polvorín de México. Al igual que la Liga, su intención inicial era el canje de prisioneros, no obstante todo 15 terminó con el pago en efectivo de cincuenta millones de pesos, aunque el ejército recuperó buena parte de lo pagado. Diez años más tarde el secuestro volvió a formar parte central del espacio público mexicano. En 1974 Lucio cayó con el fusil escupiendo fuego poco después de cobrar el rescate que pagó la familia de Figueroa Figueroa y con ello pareció extinguido el PdlP. De pronto, reapareció en 1985 con el secuestro de Félix Bautista, primero y el de Arnoldo Martínez Verdugo después. Martínez Verdugo había sido candidato a la presidencia del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) en 1982, después de haber conducido el proceso de disolución del Partido Comunista Mexicano ⎯del que fue secretario general durante veinte años⎯ y su fusión con otras organizaciones de izquierda para participar en el proceso de democratización del país por la vía electoral. La justicia revolucionaria los acusaba de desvío de fondos revolucionarios y entre otras cosas revolucionarias pretendían recuperar el botín revolucionario5. Quiero poner énfasis en que me concentro en los casos de alto impacto, porque con esta narración no pretendo insinuar que el aparente estallido en los años 70 del secuestro como fenómeno delictivo del México posrevolucionario haya sido consecuencia directa de la lucha armada. La enorme mayoría de los secuestros cometidos entre 1970 y 1985 fue perpetrada por delincuentes comunes6, cuyos objetivos eran puramente económicos. Sucede que el secuestro con motivaciones políticas se expresa de manera distinta de aquel que no las tiene. Mientras que el secuestro que carece de motivaciones políticas es muy discreto y difícil de contabilizar precisamente por eso, usualmente, lo primero que hacen los secuestradores con motivaciones políticas es hacerlo público, por lo general, lo que quieren es que se sepa, conseguir notoriedad. Fue lo que sucedió con Arnoldo, a él lo secuestró el PdlP 5 El dinero que el PdlP reclamaba al PSUM era parte del rescate que habían cobrado por Rubén Figueroa. Félix había sido lugarteniente de Lucio y utilizó a Arturo Martínez Nateras como intermediario para entregar parte del dinero a Arnoldo cuando era Secretario General del PCM. 6 Poco más del dieciseis porciento de los secuestros fue cometido por la guerrilla. Ver Ortega: 2009, p.203. 16 porque nadie los volteó a ver cuando secuestraron a Félix Bautista. De ahí que los secuestros perpetrados por la guerrilla llamen más la atención de los medios, se conviertan en secuestros de alto impacto con mucha mayor facilidad. Gráfica 1. Grafica elaborada con información contenida en el libro El secuestro en México de José Antonio Ortega. Es la década de 1970 años de guerrilla y de secuestros de alto impacto perpetrados por todo el mundo. Años de “formas de lucha que son la negación radical de los objetivos que se proclaman” (Woldenberg, 2012, p.14). En Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, secuestró al agente del FBI, Dan Mitrione. En Italia, miembros de las Brigadas Rojas (Brigate Rosse) secuestraron a Aldo Moro, presidente de la Democracia Cristiana y uno de los principales artífices del “compromiso histórico” ⎯el pacto político que acercó a comunistas y democristianos, cuyo objetivo era lograr consenso en años de fortísimas tensiones políticas y de crisis económica. En la República Federal de Alemania, la Fracción del Ejército Rojo (Rote Armee Fraktion, o RAF) secuestró al presidente de la Asociación de Patronos Alemanes, Hanns Martin Schleyer, personaje con historial nazi. En todos los casos se presentó como exigencia la liberación de presos; en todos los casos los secuestrados fueron asesinados. 17 En España, Euskadi Ta Askatasuna7 (ETA) cometió tres secuestros que se comentaron muchísimo en el espacio público español. En 76 secuestró al industrial Ángel Berazadi, impulsor de centros educativos que utilizaban el vasco como lengua franca y simpatizante del Partido Nacionalista Vasco (PNV). En 77 secuestró al banquero y ex alcalde franquista de Bilbao: Javier Ybarra Bergé. Y en 79 secuestró a Javier Rupérez, diputado de la disuelta Unión de Centro Democrático (UCD), el partido fundado por Adolfo Suárez. En los dos primeros casos, ETA pedía dinero y los secuestrados fueron asesinados. En el tercero, el reclamo fue la excarcelación de miembros enfermos de su organización y la creación de una comisión que investigara la tortura por parte de las fuerzas de seguridad; Rupérez fue liberado sin que se supieran públicamente las condiciones. De vuelta a México. A partir de entonces, de acuerdo con lo expuesto por Graciela Márquez y Lorenzo Meyer (2010, p.763) en su ensayo Del autoritarismo agotado a la democracia frágil, 1985-2010, “junto y en parte como efecto de las dificultades económicas, la sociedad mexicana de finales del siglo XX se vio sometida a las consecuencias de una ola criminal sólo comparable a las que en el pasado habían sido producto de las guerras civiles y la anarquía. La expresión más brutal de la capacidad e impunidad de las bandas criminales fue el secuestro (…) Hacia 1990, después de Colombia, México registró el índice de secuestros más alto en el mundo”. Hay un problema con la cita anterior. Cuando señala a México como el segundo país con el mayor índice de secuestros no cita ninguna fuente. Este es tan solo uno de los problemas con los que me he encontrado al tratar de glosar la estructura. La información cuantitativa disponible es lamentable. Pero de esto me ocupo en el apartado que sigue, antes, es necesario mencionar otro caso de alto impacto que sucedió ya en siglo XXI: el sórdido secuestro en 2010 de Diego Fernández de Cevallos, uno de los personajes más influyentes del Partido Acción Nacional (PAN) y de la vida política mexicana reciente, candidato a la presidencia 7 País Vasco y Libertad. 18 en 1994. No se sabe gran cosa. Todo lo que se conoce es que lo secuestraron llegando a su rancho en Querétaro, que permaneció casi dos meses secuestrado y que su familia pagó un rescate por él. Nada más está claro. La narración que acabo de hacer no incluye todos los casos de secuestro que han impactado en el espacio público mexicano; caben algunos más. Tampoco incluye a secuestradores tristemente celebres, como Andrés Caletri, Alfedro Ríos Galeana, José Luis Canchola, Daniel Arizmendi o Marcos Mancera Tinoco. Porque lo que me propongo no es hacer una descripción detallada de todos los casos de alto impacto o el perfil criminológico de los secuestradores; no intento explicar por qué los secuestros, cómo, quiénes, qué políticas y qué leyes habría que adoptar; si bien me gustaría, lo considero excesivo. Los párrafos anteriores son un marco para lo que más me interesa: las representaciones sociales. 19 Las cifras sobre secuestro. ¿En dónde estamos? Ahora sí. El problema axial de las cifras sobre secuestro es que ellas mismas son en muy buena medida una representación social. Primero que nada, porque el secuestro es un delito que atrapa la imaginación del público, porque se trata de un delito predatorio adherido a una relación de intimidad, cosa que no sucede con otros delitos, pero que sobre todo lo hace especialmente aterrador. Por ese motivo resulta inadmisible y se convierte en un riesgo imposible de normalizar. Resulta una amenaza excesiva y abrumadora. Pero no sólo eso. Las cifras sobre secuestro son una representación social porque afectan la forma en que se discute el secuestro en el espacio público y más que nada porque dependen en última instancia de la policía “que no puede llevar un registro objetivo de los números que sirven para justificar su presupuesto o para evaluar su estrategia” (Escalante, 2012, p.152). Por ejemplo, si el excoordinador nacional antisecuestro, Renato Sales Heredia, hubiera dicho: “me parece que el secuestro ha disminuido”, el público se lo tomaría a broma, en cambio cuando dijo: “el número de secuestros registró una disminución del 18% el año pasado”8, resulta más convincente, y eso puede servir, por ejemplo, para evaluar satisfactoriamente la Estrategia Nacional Antisecuestro9. De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública10 (SESNSP) titulado Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2014, en 2013 se denunciaron en México 1,689 secuestros y en 2014 1,394. Efectivamente, una disminución del dieciocho por ciento. No obstante, en el Informe de víctimas de homicidio, secuestro y 8 Notimex. (2015, 21 de enero). Disminuyó 18 por ciento comisión de secuestros: Renato Sales. [en línea], México, notimex.com. Obtenido el 23 de febrero de 2015 de http://www.notimex.com.mx/acciones/verNota.php?clv=234983 9 El conjunto de reglas que estableció el Gobierno Federal en enero de 2014 para prevenir y eliminar el secuestro y que hasta agosto de 2015 coordinó Rento Sales Hereida. 10 Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que se encarga de coordinar y definir las políticas públicas en materia de seguridad desde 1995. 20 extorsión 201411” el mismo secretariado afirma que durante 2014 se cometieron 1,779 secuestros. Un incremento poco mayor al cinco por ciento. Algo se pudre en Dinamarca. Una mentira repetida mil veces puede convertirse en realidad. Goebbels, Stalin e EngSoc, lo sabían. En un artículo publicado en Public Interest de título The Vitality of Mythical Numbers, Peter Reuter (citado por Escalante, 2012, p.156) señala que “incluso funcionarios respetables, periódicos responsables y grupos de investigación responsables recogen y difunden como si fuese el evangelio, números que de hecho no tienen ninguna base real. La experiencia señala que a pesar de que una cifra sea usada profusamente por gran variedad de personas que deberían saber de lo que están hablando no podemos suponer que la estimación no sea ni siquiera aproximadamente correcta”. Las cifras sobre secuestro únicamente se pueden construir a partir de denuncias y encuestas; de ahí se estima una cifra negra, un cálculo del número de secuestros que no se denuncian. En otras palabras, lo que se puede tener son cálculos aproximativos, extrapolaciones. Precisamente eso es lo que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) a partir de las cifras del SESNSP. El resultado es una variación gigantesca. La estimación de la ENVIPE para 2013 fue de 105, 682 casos. Difícil de comprobar. En su blog Políticamente Correcto, Jorge Márquez (2014, 15 de enero) crítica la metodología que utilizó el INEGI. El problema con este tipo de encuestas, dice este maestro en Métodos cuantitativos, “es que los encuestados pueden confundir un secuestro con un robo o con una extorsión. No se trata de algo trivial: la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en casos donde la distinción no es fácil. Parece factible asumir que las personas cometan este tipo de errores. También es factible que algunos encuestados que efectivamente 11 Que recoge los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas o carpetas de investigación reportados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en el caso del secuestro, delito del fuero federal. 21 fueron víctimas de secuestro prefieran no reportarlo en la encuesta porque creen que sus victimarios pueden enterarse y tomar represalias. En general, las encuestas están expuestas a este tipo de errores. Sin embargo, dichos errores normalmente no afectan la calidad de los resultados debido a que tienden a ser aleatorios y a cancelarse entre sí (de manera similar al error muestral). Desafortunadamente, en el caso de “eventos raros” como el del secuestro, puede ocurrir que los errores de medición no se “cancelen” (…) En el caso de eventos raros, el número de encuestados que pueden reportar erróneamente un secuestro que en realidad no ocurrió es mucho mayor al número de personas que no reportarían un secuestro que sí ocurrió”. Para ganar precisión habría que contar con una muestra enorme. En resumen, medir “eventos raros”, como el secuestro, por medio de encuestas puede generar sobreestimaciones a gran escala y en consecuencia no tiene sentido calcular la cifra negra. De tal forma que es muy complicado conocer la magnitud del problema. No es algo imposible, pero sin lugar a dudas rebasa por mucho el alcance de este ensayo. Con todo, afirmar que México es el país con el mayor índice de secuestros en el mundo es temerario: aquello sólo puede hacerse a partir de denuncias cuyo registro varía de un informe a otro de la misma dependencia y aproximaciones estadísticas que suelen estar sobreestimadas. Además, “existe una fuerte demanda de datos inflados y siempre parece haber alguien dispuesto a ofrecerlos a la medida del cliente” (Fernández, 2008, citado por Escalante, 2012, p.157). Policías, políticos, consultorías, organismos internacionales y de la sociedad civil se retroalimentan. No es descabellado pensar que los problemas para calcular la incidencia del secuestro en Nigeria son similares. Así pues, no hay un solo cálculo fiable del número de secuestros que se cometen en México al año. Sucede lo mismo en otros países: la estadística delictiva es problemática. Las estimaciones disponibles no aclaran nada. No hay nada a largo plazo y las metodologías son distintas, lo que imposibilita comparar una fuente con otra. Las dificultades afectan tanto a los que dicen que hemos tomado la autopista al infierno como a los que dicen que subimos por la escalera 22 al cielo. Nadie tiene zócalo firme. A pesar de ello, es esencial abordar el tema a detalle, con análisis específico. El secuestro es parte fundamental del estado actual de cosas en México, por eso, si lo que se quiere es construir una sociedad donde la convivencia sea mejor, es necesario conocerlo para erradicarlo desde las raíces. No obstante los problemas con las cifras que recoge el SESNSP, con los datos del último año es posible dibujar mapas interesantes. De acuerdo con el Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2014, cinco estados concentran el sesenta y dos por ciento de las denuncias por secuestros en México (mapa 1); diez estados el ochenta y tres por ciento (mapa 2) y en la mitad de la república se concentra la casi totalidad de las denuncias por secuestro, el 92% (mapa 3). Tamaulipas es el estado con el mayor número de denuncias por secuestro y es también el estado con la tasa de denuncias por cada cien mil habitantes al año más alta. Tomando en cuenta esta variable ⎯la del número de delitos cometidos por cada cien mil habitantes al año, que permite tener una mejor aproximación a la magnitud de la violencia⎯ el segundo estado con mayor incidencia de secuestros en 2014 fue Morelos, seguido de Tabasco, Guerrero y Michoacán. Los siguientes cinco son Veracruz, Baja California, Ciudad de México, Zacatecas y Coahuila (tabla 1). Es decir, se trata de un fenómeno que se focaliza en el centro y el noreste del país, específicamente en dos estados, Tamaulipas y Morelos. 23 Mapa 1. Cinco estados concentraron el 62% de las denuncias de secuestro en 2014. Con base en el Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2014 del SESNSP. Mapa 2. Diez estados concentraron el 83% de los secuestros denunciados en 2014. Ibídem. 24 Mapa 3. En la mitad de la república se registró el 92% de las denuncias por secuestro. Ibíd. De tal forma que tenemos tres focos. Uno en picada en el extremo más nororiental de la República Mexicana, otro en cenital sobre el centro del país y uno más, que despide menos luz, también en picada pero sobre el extremo más noroccidental del país. Según la información de prensa más asequible, en el primero y el tercero de los focos parece haber secuestro de migrantes. El corredor que va de Tabasco a Tamaulipas es la ruta terrestre más corta entre Centroamérica y Estados Unidos; y Baja California, otro de los diez estados que registró mayor número de denuncias por secuestro en 2014, también es un punto importante para la migración que va de Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos, la Garita de San Ysisdro ⎯uno de los pasos fronterizos entre Tijuana San Diego⎯ es uno de las más congestionadas del mundo. Mientras que en el segundo de los focos, los afectados parecen ser comerciantes, asalariados y amas de casa. “Antes, en los años setenta y ochenta se secuestraba a los muy ricos, después a la clase media, y luego a los pobres y a los migrantes centroamericanos que aunque no tienen dónde caerse muertos, son muchos. La 25 cantidad se impuso sobre la calidad.” (Durán de Huerta, 2013). En México incluso se plagia a las mascotas. Tabla 1. Secuestros denunciados ante las procuradurías estatales en 2014 por cada cien mil habitantes. Fuente SESNSP (2014) I NEGI (2010) Estado Presuntos secuest ros regist rados por la PGJ Población Presuntos secuest ros regist rados por la PGJ por cada cien m il habitantes. Baja California Sur 0 637,026 0.0 Yucatán 0 1,955,577 0.0 Aguascalientes 1 1,184,996 0.1 Chihuahua 8 3,406,465 0.2 Chiapas 14 4,796,580 0.3 Guanajuato 17 5,486,372 0.3 Jalisco 23 7,350,682 0.3 Cam peche 3 822,441 0.4 Nayar it 4 1,084,979 0.4 Querétaro 7 1,827,937 0.4 Sonora 11 2,662,480 0.4 Tlaxcala 5 1,169,936 0.4 Puebla 32 5,779,829 0.6 San Luis Potosí 15 2,585,518 0.6 Quintana Roo 8 1,325,578 0.6 Sinaloa 18 2,767,761 0.7 Hidalgo 21 2,767,761 0.8 Colim a 5 650,555 0.8 Ciudad de México 70 8,851,080 0.8 Nuevo León 40 4,653,458 0.9 Durango 15 1,632,934 0.9 Oaxaca 37 3,801,962 1.0 Coahuila 27 2,748,391 1.0 Zacatecas 16 1,490,668 1.1 Ciudad de México 186 15,175,862 1.2 Baja California 45 3,155,070 1.4 Veracruz 150 7,643,194 2.0 Michoacán 121 4,351,037 2.8 Guerrero 120 3,388,768 3.5 Tabasco 99 2,238,603 4.4 Morelos 123 1,777,227 6.9 Tam aulipas 538 3,268,554 16.5 Total nacional 1,779 112,439,281 1.6 Elaboración propia con base en el Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2014 del SESNSP y el último Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI. 26 Quiero ser enfático en que construí esta tabla y dibuje los tres mapa con base en el Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2014 del SESNSP ⎯que recoge los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas o carpetas de investigación reportados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en el caso del secuestro⎯ pero con ello no quiero decir que representen de manera fiel la realidad del secuestro en México. Con la tabla y los mapas pretendo ilustrar la información disponible. Vale la pena plantearse algunas preguntas. ¿La población de algunos estados es más propensa a colaborar con la justicia? Es decir ¿En algunos estados de la República mexicana el secuestro se denuncia más que en otros? ¿Se denuncia menos? Y, de ser así, ¿por qué? En una ocasión el doctor Gady Zabicky12 me comentó que mientras realizaba una estancia de posgrado en la Universidad Rockefeller trabajó en el caso de la hija de un mob boss13. La joven era adicta al sexo y la cocaína, situación que su celoso padre sencillamente no podía tolerar. Durante una de las terapias familiares la doctora con la que trabajaba el doctor Zabicky le preguntó a uno de los hermanos de la chica por qué no recurrían a la policía, a lo que éste respondió: “Doctor, we don’t do police”14. Cuando los criminales son víctimas de un delito es muy poco probable que recurran a la policía, que denuncien. De ahí que me parezca interesante preguntarse si en Sinaloa, por ejemplo, que no forma parte de los estados que concentran el 92 por ciento de las denuncias por secuestro, y que el año pasado tuvo un índice de denuncias de secuestro por cada cien mil habitantes muy por debajo de la media nacional, pero donde otros indicadores delictivos como el de homicidio doloso15 sí son altos, la 12 Destacado psiquiatara mexicano. 13 Jefe de la mafia. 14 Expreción gramaticalmente incorrecta que puede traducirse como: “Doctora, nosotros no vamos con la policía”. 15 De acuerdo con el Reporte sobre delitos de alto impacto ENERO 2014, elaborado por el Observatrio Nacional Ciudadano con base en información del SESNSP, en 2013 Sinaloa fue el segundo estado de la República con el mayur número de denuncias de homicidio doloso por cada cien mil habitantes. 27 gente denuncia menos. Aún más ¿Cuál es la relación entre homicidios dolosos y otros delitos y secuestros? Otras cifras sobre secuestro, que en buena medida son una representación social, son los años de prisión que se pretende imponer a los secuestradores. El 30 de noviembre de 2010, cuando Felipe Calderón Hinojosa era presidente se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro (LGPSDMS). De acuerdo con el artículo 25 del Código Penal Federal la pena mínima por cometer un delito de este orden es de tres años, la máxima de sesenta y sólo puede imponerse una pena adicional al limite máximo cuando se comete un nuevo delito estando preso. No obstante, desde el 3 de junio de 2014, la única salvedad a esa pena máxima por delitos cometidos fuera de prisión aplica para los delitos de secuestro. Esto es, aquellos que se sancionan con lo estipulado en la LGPSDMS. Las penas “al que prive de la libertad a otro” se estipulan en el Capítulo II de dicha ley. Y van de los cuarenta a ochenta años de prisión si no existen agravantes y hasta ciento cuarenta años con la mayor de las agravantes que es la de asesinar a la víctima de secuestro. Antes, en 2010, cuando se promulgó la LGPSDMS las penas iban de los veinte a los setenta años. Precisamente por eso me parece que el incremento de la pena es una representación social; se piensa que aumentar los años de prisión inhibirá la comisión de este delito depredador. No obstante el resultado ha sido inverso: aunque se ha incrementado las penas se han incrementado los secuestros. . 28 El secuestro de Hugo Alberto Wallace Sus secuestradores intentaban someterlo en un edificio de departamentos pero lo asesinaron. Supuestamente para poder extorsionar a la familia, sus captores decidieron fotografiarlo antes de desmembrarlo para conseguir sacar el cuerpo del edificio sin ser notados. Ante la indiferencia de las autoridades, su madre, María Isabel Miranda Torres, decidió buscarlo por sí misma. Por cuenta propia rastreó los últimos pasos de su hijo, interrogó a los vecinos del último sitio donde había sido visto, reunió pistas y dio con los secuestradores y asesinos de Hugo Alberto. El caso llamó la atención de los medios cuando Isabel Miranda colocó un espectacular en la calle para que otras víctimas de uno de los asesinos de su hijo ⎯ya detenido⎯ se acercaran a ella y juntas pudieran enjuiciarlo por delincuencia organizada. Imagen1. Secuestrador en espectacular. Reforma. (2006, 9 de febrero). A partir de entonces, dentro del espacio público mexicano, Isabel Miranda pasó a ser la señora Wallace. Su nombre apareció en los periódicos por primera vez en 1998, cuando se le acusó de daño en propiedad del Gobierno del Distrito Federal, oposición a un mandato administrativo y homicidio en grado de tentativa, tras haberse opuesto al retiro de 16 espectaculares de su empresa: Showcase Publicidad. Protección Civil de la delegación Tlalpan determinó que los 29 espectaculares representaban un peligro porque estaban muy cerca de gasoductos y líneas de alta tensión. Inconforme, Isabel Miranda buscó entorpecer a las autoridades, intentó cortar la escalera de acceso a un espectacular y personal de su empresa cortó tres mangueras del brazo de una grúa de veinticinco toneladas propiedad del gobierno de la Ciudad de México. Ella y Hugo Alberto ⎯directivo de la empresa⎯ intentaron huir pero los detuvieron y trasladaron al Ministerio Público. Durante cinco años16 Miranda de Wallace se dio a la búsqueda de todos los implicados en el secuestro de su hijo. Y no descansó incluso después de haber dado con el último. En una ocasión, uno de los secuestradores preso ⎯el mismo que apareció en el primer espectacular⎯ la llamó para confesar dónde había arrojado el cuerpo de Hugo Alberto: en el Vaso Regulador de Cuemanco, en Xochimilco. Con ayuda del gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua comenzó a buscar los restos. Un incendio llevó a un reportero de Televisa cerca del lugar y aprovecho para hacer un reportaje sobre la señora Wallace. A raíz de todo esto, Miranda de Wallace creó la asociación civil Alto al Secuestro y alcanzó notoriedad pública. Tanto así que en 2007 la atendió personalmente el Presidente de la República y en 2012 el PAN la postuló como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Reforma En sus páginas se publicaron las exigencias de la madre y los plazos que fijó para que la procuraduría capturara a los plagiarios. Este diario narra las conferencias que dio frente al espectacular que colocó y en las que acusó a la procuraduría de no conseguir ningún resultado en las averiguaciones y no brindarle protección ante las amenazas de muerte que recibió. Cita, además, los recursos económicos que invirtió en la persecución de los secuestradores, sus temores, su molestia, sus lamentos, sus ruegos, cuestionamientos, solicitudes y súplicas. Asimismo aparecen informes del entonces Procurador General de Justicia del Distrito 16 Hugo Alberto fue secuestrado el 11 de julio de 2005. 30 Federal, Bernardo Bátiz, en los que señala, por ejemplo, que Hugo Alberto pudo haber sido víctima de una venganza pasional. Los avances del caso aparecen durante poco más de dos años, el tiempo que tardó Miranda de Wallace en dar con el último de los secuestradores de su hijo. En este lapso, se difundió la carta de una lectora que felicitaba y animaba a Miranda, se describe la paulatina captura de los secuestradores, su situación jurídica, las recompensas ofrecidas por la hoy directora de Alto al Secuestro y los comentarios de aprobación y desaprobación que generó esta acción. Se suceden notas sobre los espectaculares que fueron apareciendo en la calle y sobre sus emuladores, así como las fallidas búsquedas del cuerpo de Hugo Alberto. A partir de entonces Isabel Miranda es citada como experta en materia de secuestro y se publica su opinión sobre secuestros de alto impacto como el de Florence Cassez, otro de los casos que estudio. El Universal Aquí también aparecen notas sobre los anuncios espectaculares y las recompensas ofrecidas. Incluso hay notas que informan sobre espectaculares que estaban por instalarse. Pero este diario da un trato distinto a la noticia. El lenguaje que utiliza es distinto. Uno de los primeros titulares del caso que apareció en Reforma (2006, 16 de marzo) es: Exhiben a otro secuestrador; mientras que en El Universal (2006, 23 de febrero) se lee: Madre ofrece 250 mil pesos por presunto secuestrador. El Universal otorga la presunción de inocencia en sus encabezados. Cuando la señora Wallace colocó los anuncios ningún juez había determinado la culpabilidad de las personas que ella señalaba como “secuestradores”, de forma tal, que no habían sido declaradas legalmente culpables. Al respecto se cita a Bernardo Bátiz (Bolaños y Otero, 2006, 9 de abril): “el uso de anuncios espectaculares para denunciar a presuntos delincuentes es un tema que debe estudiarse porque se adelanta a la justicia (…) La Constitución establece que todo mundo es considerado inocente mientras no se dicte una 31 sentencia. Hay ese lado de riesgo. Por otro, podrían tener alguna utilidad para la captura de delincuentes habituales (…) Habría que reglamentarlo, por lo tanto, y se va a abrir el debate, el Inacipe17 ya lo abrió”. “Yo creo que poner rostros de personas así, en carteles espectaculares, contra quienes hay acusaciones tiene sus riesgos; en este caso ha tenido ventajas”. En conferencia de prensa, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, brindó todo el respaldo de su administración a la señora Isabel Miranda y aseguró que “merece todo nuestro respeto y reconocimiento”. Las declaraciones de otro funcionario público, José Luis Soberanes, que por la fecha ocupaba el cargo de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sirven como claro ejemplo de la realidad de vida cotidiana. Soberanes (citado por Herrera, 2006, 30 de marzo) dijo en la Cámara de Diputados: “Hay un detalle que puede ser paradigmático. Esta señora Wallace, que se hace justicia por su propia mano. Tiene que acudir a sus propios medios para que se le haga justicia… vamos a vivir una época como la que se vivió en Chicago en los años veinte. Eso es reflejo de la situación que vivimos, de la inseguridad pública que se vive en este país y que aquí parece ser así como rascarse con sus propias uñas”. Ya decía que incluso las neurociencias concuerdan con las ciencias sociales en que el cerebro emplea un razonamiento basado en patrones, de tal forma que para responder una pregunta o intentar resolver un problema, lo primero que hacemos es buscar similitudes entre lo que tenemos enfrente, lo que sea que guardemos en la memoria colectiva y como sea que lo guardemos. Evidentemente no tiene porque ser distinto cuando intentamos explicarnos un hecho social como el delito. El cine, la televisión, la literatura y la música sirven como referente al cual asirnos para crear analogías. La industria del cine, la televisión y la música norteamericana ⎯sin lugar a dudas la de mayor alcance⎯ se ha encargado de modelar nuestro entendimiento sobre la violencia, las representaciones sociales que de ella tenemos. Por eso, una de las analogías 17 Instituto Nacional de Ciencias Penales. 32 criminales que se utiliza comúnmente es la de Chicago entre las dos grandes guerras, pero sobre todo del período en el que se prohibió el alcohol, cuando aparecieron personajes como Al Capone. Poco importa que los indicadores macroeconómicos y microeconómicos o la forma de gobierno sean distintos; se puede comparar al Charleroi18 contemporáneo, por ejemplo, con el Chicago de los años veinte. En la conclusión de su columna Itinerario político, Ricardo Alemán (2006, 4 de abril) consideró “una vergüenza para el gobierno izquierdista del DF que la valiente señora María Isabel Miranda de Wallace fuera demandada por la familia ⎯y la demanda fuera aceptada por la PGJDF⎯ por el presunto delito de difamación y daño moral”; satirizó con la posibilidad de que en el fututo fueran encerradas las personas que indagaran crímenes por cuenta propia y para concluir su envestida contra el gobierno de la Ciudad de México acusó a Encinas de comportarse “peor que el peor gobierno del viejo PRI”. Pero el punto más álgido de la discusión que generó este caso se alcanzó en 2007, cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa propuso cadena perpetua para secuestradores tras haber recibido a Isabel Miranda en Los Pinos. Al respecto el entonces fiscal para la Seguridad de las Personas e Instrucciones, Jesús Jiménez Granados (citado por Bolaños, 2007, 9 de marzo), opinó que “antes de tomar una decisión acerca de la cadena perpetua para secuestradores, se debería hacer un análisis de los pros y los contras” y se dijo en contra de la propuesta del presidente. Isabel Miranda (citada por Bolaños, 2007, 10 de marzo) tampoco se mostró conforme con la propuesta, sólo que por motivos distintos. Para ella, el presidente “se quedó corto (…) pues deben ser condenados a muerte, porque si esos delincuentes ya no volvieran a integrarse a la sociedad, no deben ser sostenidos con los impuestos de la sociedad (…) la cadena perpetua es sangrar al erario, 18 Ciudad de la Valonia profunda cuyas tasas de desempleo y pobreza son altísimas si se comparan con el resto de la Europa occidental. Véase: Vicente, A. (2015, 7 de marzo). Charleroi contra la imagen adultera. [en línea], España, el país.com. Obtenido el 19 de mayo de 2015, http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/07/actualidad/1425749540_704187.html 33 mantener con nuestros impuestos a alguien que nunca va a poder regenerarse; la sociedad no tienen ningún beneficio al invertir en su manutención, sobre todo porque varios, desde prisión continúan cometiendo más secuestros”. Jiménez Granados contra argumentó que “la cárcel no es una venganza, pues su finalidad es readaptar a los delincuentes y volverlos a incorporar en la sociedad, pero si hablamos de una cadena perpetua, es reconocer como estériles esos esfuerzos; un delincuente dedicado al secuestro en lo que menos piensa, al cometer un delito, es en el número de años que le van a imponer en prisión”. El resto es igual que en Reforma, se narran las pesquisas, las reuniones de Isabel Miranda con funcionarios y las acciones de sus imitadores. La Jornada Este periódico da a la noticia un trato similar al que da El Universal; brinda la presunción de inocencia. Sin embrago, la información es menos profusa, son muchas menos las notas. En un artículo de opinión, León Bendesky (2006, 27 de febrero), se refiere al caso como “una muestra de desesperación por un lado, y de impunidad por otro (…) Una clara señal de desamparo y de vergüenza colectiva”. En otro artículo más reciente, publicado tras el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia, John M. Ackerman (2011, 4 de mayo) para atacar la estrategia de seguridad del presidente Calderón, escribió: “No es lo mismo haber matado al hijo de Javier Sicilia que a los de Alejandro Martí, Nelson Vargas o Isabel Miranda de Wallace. Si bien ellos llegaron a ser importantes voces ciudadanas de repudio a la inefectividad gubernamental, hoy ya no insisten en la renuncia de los que no pueden19, sino se dedican a recibir premios”. 19 Alusión a la sentencia de Alejandro Martí pronunciado el 21 de agosto de 2008 durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública: “Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción”. 34 El amparo de Florence Cassez Este caso, uno de los más mediáticos de la justicia mexicana reciente, es distinto al anterior porque habla de los victimarios, de los secuestradores en lugar de los secuestrados, pero sobre todo porque habla de la autoridad. Se sabe lo siguiente. El 9 de diciembre de 2005 se transmitió por los principales canales de televisión la detención de una pareja que, según se dijo, dirigía una banda de secuestradores conocida como los Zodiaco. Se trataba de Israel Vallarta y una mujer francesa: Florence Cassez. Tres meses después se supo que todo había sido un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió un operativo que se televisó “en directo”. El guionista de la representación fue el titular de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI): Genaro García Luna, quien meses después sería nombrado secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. A continuación reproduzco los diálogos de la escenificación20. ACTO PRIMERO ESCENA SEGUNDA Rancho las Chinitas. ⎯Un cuarto de dimensiones muy reducidas. Suenan pasos de duras botas militares y respiraciones agitadas. Entran cuatro oficiales de justicia de la AFI, un reportero de Televisa y uno de TVAzteca. Dentro, Vallarta y Cassez están custodiados por un alto mando de la AFI. Reportero de Televisa.⎯¿Quién es usted, qué hace aquí? Florence.⎯ No tengo nada que ver. No soy su esposa. Reportero de Televisa.⎯¿Sabe que aquí había tres personas secuestradas al lado de usted? 20 El video de lo que se transmitió por televisión puede verse en el sitio web YouTube, con el título DETENCIÓN DE FLORENCE CASSEZ, en la liga: https://www.youtube.com/watch?v=ZJ9Q1XZDmWg 35 Florence.⎯No, no lo sabía. No, no lo sabía. No, no lo sabía. No… no lo sabía. Reportero de Televisa.⎯¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó? Florence.⎯Era mi novio, me estaba dando chance de quedarme aquí, en su casa, mientras tomaba un departamento. Reportero de Televisa.⎯A ver… (Se dirige a Vallarta). Platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro. Vallarta.⎯No, yo no urdí nada señor. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa. Reportero de Televisa.⎯ ¿Quién? Vallarta.⎯Un tipo que se llama Salustio, señor. Reportero de TvAzteca.⎯¿Cuántas personas hay secuestradas aquí? Vallarta.⎯Aquí hay tres, yo no sabía que eran las tres, aquí hay tres… Reportero de Televisa.⎯Nombre completo (…) Usted sabía que… ¡Usted participó en el secuestro! Vallarta.⎯Sí, a mi me estaban pagando por eso, señor. Reportero de Televisa.⎯¿Cuánto le pagaban? Vallarta.⎯Pues… lo que fuera, no tengo… Reportero de Televisa.⎯No, no, no, ¡Negoció! ¿Cuánto había recibido? Vallarta.⎯Lo que me fueran a dar… No sé… Reportero de TvAzteca.⎯Ahora… ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? Vallarta.⎯No las conozco… Reportero de Televisa.⎯Hay un menor de edad. Vallarta.⎯Sí. (Emite un quejido). Reportero de TvAzteca.⎯¿Qué te pasó? ¿Te duele algo? ¿Te lastimaste ahorita? Vallarta.⎯Sí señor… Usted me pegó. Perdón… (Emite otro quejido). Reportero de Televisa.⎯¿Qué le duele? Vallarta.⎯Nada, señor. Reportero de Televisa.⎯¿Quién le pegó? 36 Vallarta.⎯Nadie, señor. Reportero de Televisa.⎯ A ver… Explíquenos desde cuándo tiene secuestradas a estás personas. Vallarte.⎯No sé exactamente, yo tengo tres semanas que me los trajeron a mí para darme dinero, señor. Reportero de Televisa.⎯A ver… Vamos a pasar a conocer a las personas que están secuestradas aquí en este lugar. Estamos entrando prácticamente viendo en vivo la liberación de estas personas. (Sale de la habitación). No sólo el reportero de Televisa interrogó como juez justo y severo a los presuntos secuestradores. Aún más: en la averiguación previa se establece que Florence Cassez no tuvo derecho a solicitar de inmediato el apoyo de su embajada, le negaron un traductor y hubo cambios en las declaraciones de los testigos. El asunto despertó una enorme atención dentro y fuera del país. Motivó una crisis internacional que involucró a los presidentes de Francia y México21; y generó airadas discusiones entre quienes la querían ver libre y quienes querían que continuara en la cárcel. A pesar de ello, un juez condenó a Cassez a noventa y seis años de prisión, pena que en segunda instancia le fue rebajada a sesenta años. Siete años más tarde el caso llegó a la SCJN. Con una narrativa de hechos el ministro Arturo Zaldívar elaboró un proyecto de dictamen con el que propuso la inmediata y absoluta liberación de Cassez. De acuerdo con el proyecto, el hecho de que se hubiera realizado “una escenificación ajena a la realidad” configuró una situación en la que se violaron esencialmente tres derechos: el derecho a la asistencia consular, a la presentación inmediata ante el ministerio público y la presunción de inocencia. A pesar de que otros tres ministros coincidieron con Zaldívar sobre los vicios que provocó el montaje, no estuvieron de acuerdo en que ello significaba que tendría que ser liberada. 21 El expresidente francés Nicolas Sarkozy reclamó que dentro de lo establecido en el tratado de Estrasburgo Cassez fuera trasladada a su país. México se negó y las tensiones llegaron al punto de que se cancelaron las actividades del año de México en Francia que iba a ocurrir en 2011. 37 A falta de mayoría el caso fue turnado a la ministra Olga Sánchez Cordero, quien redactó un nuevo proyecto que se discutió diez meses después ⎯cuando el Partido Revolucionario Institucional alternó en la presidencia con el Partido Acción Nacional⎯, al mismo tiempo que el caso Monex22, hecho que llevó a destacados políticos mexicanos en la oposición a señalar la liberación de Cassez como una cortina de humo y en consecuencia a exacerbar la opinión de que no debía salir libre. “Es un rasgo fundamental del espacio público mexicano, la convicción de que lo que verdaderamente sucede permanece oculto, no se puede ver, pero es indudable que está ahí. Todos los actores toman eso como un punto de partida, y tratan de aprovecharlo” (Escalante, 2012, p.47). En fin, “más que reparar en el efecto corruptor del montaje televisivo señalado por el ministro Zaldívar, el proyecto de resolución de Sánchez Cordero encontró inconsistencias en las declaraciones de tres supuestas víctimas de Cassez, en los partes policíacos sobre la detención y en las declaraciones de otro testigo. A partir de ello, Sánchez Cordero propuso a sus compañeros remitir el expediente al tribunal unitario para que este dictara nueva sentencia pero sin tomar en cuenta las pruebas ya cuestionadas por la Corte. Pero al tenor de la discusión del caso, la ministra cedió en su postura y propuso otorgar un amparo liso y llano y ordenar la libertad inmediata de Cassez” (Camarena, 2013, 23 de enero). Fue así como Florence Cassez pudo regresar a Francia en libertad y se sentó un precedente en el derecho penal mexicano que obligó a la Corte a pronunciarse sobre la jerarquización de la Constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Reforma Lo primero que aparece en este periódico tras el otorgamiento del amparo son fotografías. En ellas se ve a los ministros en sesión, a Isabel Miranda junto a uno de los principales denunciantes, a policías frente al penal femenil de Tepepan 22 Un entramado financiero, con triangulación de recursos, empresas fachada y dispersión masiva de recursos a través de cuentas asociadas a personajes ligados al PRI que marcó la contienda presidencial de 2012. 38 antes de la salida de Florence Cassez, se la ve salir de la cárcel flanqueada por su padre ⎯ambos con chaleco antibalas⎯, se les ve abordando un avión con destino a Francia, a la directora de orquesta Alondra de la Parra ⎯quien tuiteó que había tomado ese mismo vuelo⎯ y se ven los titulares de la prensa francesa al respecto. Enseguida se presentó la celebración de familiares, amigos y políticos bajo el encabezado: Celebra Francia el fallo de la Corte y se publicaron notas sobre la reacción de Florence Cassez al saberse libre. Uno de los elementos centrales en la discusión del caso fue la nacionalidad de la acusada. Dos días antes de que la Suprema Corte ordenara su liberación, se lee en la sección Cartas a Reforma (2013, 21 de enero): “Si su nombre fuera simplemente Florencia y hubiese nacido en México, seguramente su destino final y fatal sería pudrirse en alguna infame, deprimente e inmunda prisión del deficiente sistema carcelario mexicano (…) Empero, Florence Cassez es una ciudadana francesa y su caso está en la mira del Gobierno francés a nivel presidencial y en la opinión pública de su país natal (…) Sin el afán de juzgar si Cassez es inocente o culpable, la lógica y el desarrollo de los acontecimientos diplomáticos, políticos y jurídicos suscitados en torno a su caso indican que el dictamen será favorable para ella y que será puesta en libertad, o cuando menos, se le dará un sesgo positivo a su causa, esperando que en este escenario se haga genuina justicia y se trate de un ser humano inocente injustamente recluido”. Tras el otorgamiento del amparo, en la misma sección se publicó la opinión de dos mexicanos, uno asentado en Roma y otro en Polanco. Para el primero, con la decisión “parecería que se validó el secuestro hecho por extranjeros” (César, 2013, 24 de enero); y para el segundo, “el sentido de justicia en Francia es muy curioso: Florence es francesa, por tanto es inocente” (Ochoa, 2013, 25 de enero). Florence Cassez como el extraño enemigo que con su planta profanó el suelo mexicano. En este enfado contra Cassez hay cierto grado de xenofobia que parece clamar más por venganza que por justicia. 39 Las corrientes intelectuales con mayor presencia23, escribieron tanto en contra como a favor de la resolución de la Corte, pero sobre todo a favor. Algunos ejemplos. Federico Reyes Heroles (2013, 22 de enero) argumentó a favor del amparo desde la misma perspectiva que terminó por liberar a Cassez: la del Estado de Derecho y las garantías procesales. Él coincidió con Renato Sales, quien recordó el célebre caso Miranda Rights que dio pie a la letanía de “Tiene derecho a guardar silencio…” Entonces se demostró la responsabilidad del inculpado ⎯también por secuestro⎯ pero asimismo la violación de sus derechos procesales y por eso se le liberó, bajo el principio de que la autoridad no puede romper la ley para cumplirla. Para remachar su argumento recordó que Bernardo Sepúlveda ⎯juez mexicano de la Corte Internacional de Justicia⎯ invocó ese mismo caso en la defensa de los mexicanos cuyos derechos consulares fueron violados y México ganó el caso ante esa Corte. En este mismo sentido argumentaron F. Bartolomé, Ana Laura Magaloni, René Delgado, Miguel Treviño, Jesús Silva-Herzog Márquez, Jorge Volpi y Germán Martínez Cázares. Guadalupe Loaeza (2013, 24 de enero) escribió una carta a Florence Cassez en la que le deseaba buen viaje y buena suerte y Jorge G. Castañeda (2013, 24 de enero), en su condición de excanciller, resaltó la importancia del respeto a los tratados internacionales en el proceso. En sentido opuesto escribieron Andrés de Luna y Eduardo Caccia; y se citó al comediante de pastelazo Eugenio Derbez, víctima de secuestro que se dijo muy decepcionado de la justicia mexicana. Salta a la vista el lenguaje que utilizan para referirse a ella sus partidarios y detractores. Para los primeros es la ciudadana francesa o Florence Cassez, para los segundos es “la señora”, “la francesita”, “la sicaria güereja”, “la cínica hija de perra”, “la secuestradora Florence”. Las notas de opinión son mesuradas y la mayoría favorables al fallo de la corte, mientras que las cartas de los lectores son contrarias a la resolución, vociferantes y suelen centrar su atención en la nacionalidad de la acusada. 23 Las reflejadas con regularidad en los medios masivos de comunicación. 40 Florence Cassez ya estaba en Francia cuando este diario publicó una nota en la que señaló entre líneas que para el dos veces candidato a la presidencia de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador (citado por Martín, 2013, 24 de enero), todo se trataba de una cortina de humo para desviar la atención de la resolución favorable al Partido Revolucionario Institucional sobre el caso Monex. Un reportero preguntó al Tabasqueño: “¿Cree que es una cuestión mediática que las dos cosas al mismo tiempo (el caso Cassez y Monex)? No sé, pero me llama la atención que los dos asuntos al mismo tiempo, es mucha casualidad”, respondió el político tabasqueño. Escondida al final de otra nota titulada Defiende tricolor voto de García Ramírez, Reforma (2013, 24 de enero) publicó la opinión en el mismo sentido del dirigente del PAN Gustavo Madero. A pesar de los logrados argumentos a favor de la excarcelación de Florence Cassez vertidos por columnistas y editorialistas, los lectores y el público se sentían ofendidos. Reforma realizó las siguientes preguntas a 439 adultos ⎯muestra estadísticamente significativa⎯ en todo el país: la SCJN no determinó si Cassez era culpable o inocente de secuestro, ¿en su opinión Florence Cassez es culpable o inocente? Culpable 73% No sabe 20% Inocente 7% Con esta decisión de la Corte, ¿usted confía más, igual o menos en la justicia mexicana? Confía menos 73% Confía igual 16% Confía más 5% No sabe 6% 41 De tal manera que aunque la gran mayoría de las opiniones coincidió con la argumentación de los ministros en el sentido de que las violaciones al debido proceso fueron suficientes para anular la investigación y liberar a la acusada, buena parte de los mexicanos no se mostró de acuerdo con que las fallas al debido proceso durante el arresto hayan sido suficientes. Como pocas veces, la opinión pública fue diametralmente opuesta a la publicada. Para el sentido común Florence Cassez es culpable. Héctor de Mauleón, un excelente cronista que revisó el caso con sumo detenimiento, llegó a una conclusión similar a la del ministro Zaldívar: es muy difícil saber si Cassez es culpable o no, sin embargo aunó que, en todo caso, ella no fue la autora intelectual de los secuestros que se le imputan y que los verdaderos responsables están en libertad. De tal forma que la culpabilidad de Cassez es la representación social axial del caso; la realidad de vida cotidiana que es aprehendida sin necesidad de comprobaciones. En Tepito ⎯el barrio bravo de la Ciudad de México por antonomasia⎯ se practica desde hace tiempo “la quema de Judas”24. Este fenómeno centenario y latinoamericano consiste en la confección de un muñeco que más tarde es quemado en una hoguera y representa el odio contra Judas por la muerte de Cristo. En la actualidad a Judas lo simboliza un personaje repudiado por los habitantes de la localidad donde se realiza. En 2013, uno de los Judas fue Florence Cassez. Esta fue una de las últimas notas que Reforma publicó al respecto tras el fallo de la Corte. El Universal Al igual que en Reforma lo primero son imágenes. Los abogados de Florence Cassez celebrando, un manifestante fuera de la SCJN, el padre de la acusada, los titulares de la prensa francesa… Isabel Miranda del brazo de Ezequiel Elizalde 24 Ver: Ricado, J. (2013, 30 de marzo). ‘Que dios la tenga en sus llamas’ [en línea], México, Reforma. 42 ⎯quien señaló a Florence Cassez como su secuestradora⎯ con el pie de foto: “plagiado por la banda de los Zodiaco, de la cual Florence Cassez formaba parte”… Dos jóvenes con las manos en el rostro sobre la nota: familiares de presuntas víctimas. Es decir, el lenguaje utilizado pone en duda la autenticidad de las víctimas pero no de los supuestos plagiarios. En otra nota, la redacción señaló que Florence quedaba libre pero no inocente, sin puntualizar ⎯como sí hicieron los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) Javier Cruz Angulo y José Antonio Caballero en este mismo diario⎯ que tampoco había sido declarada culpable. Otras plumas que se pronunciaron a favor de la resolución de la corte en El Universal, fueron Ricardo Sepúlveda, Katia D’Artigues, Francisco Valdés Ugalde, Jorge Zepeda Patterson, Jacobo Zabludovsky, José Antonio Crespo, Jorge Chabat, Alejandro Gertz Manero y Emilio Rabasa Gamboa. También se citó a Enrique Peña Nieto (Notimex/ El Universal, 2013, 19 de julio), para él, “el caso de Florence Cassez fue una lección al recordar a México que cualquier sospechoso tiene derecho a un juicio justo y al respeto de sus derechos fundamentales”. Para ellos y para las notas de este periódico, Florence Cassez es “la francesa”, “Florence” o “la ciudadana francesa”. Y aunque los titulares la nombran siempre Cassez, de nuevo, detractores como Ricardo Alemán hablan de “la secuestradora Florence Cassez” o “la señora Cassez”; también le llaman: “la mujer de mala mirada”, “la SECUESTRADORA25”, o, afirman ⎯como Javier Lozano Alarcón (2013, 28 de enero), Secretario del trabajo y Previsión Social durante el sexenio de Calderón⎯ “Que se jodan nuestras víctimas del delito”. El componente xenófobo de la discusión lo agregó Martín Esparza26 (citado por González y Sánchez, 2013, 31 de enero) al afirmar que “la justicia en México se aplica en beneficio de ricos, poderosos y extranjeros como sucedió con la francesa Florence Cassez”. Desde la izquierda, Alejandro Encinas (2013, 29 de 25 Así, con mayúsculas en el original. 26 Dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que tras la disolución de Luz y Fuerza del Centro luchó por la reinstalación de más de dieciséis mil trabajadores de la paraestatal. 43 enero) ⎯miembro del PRD⎯ aseguró que la liberación de Cassez fue una cortina de humo para encubrir la resolución del IFE sobre el caso Monex. Y desde la derecha, Ricardo Alemán (2013, 31 de enero) insinuó un vínculo entre este caso y el de Maude Versini, que lucha por la custodia de sus hijos contra Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México y tío del actual Presidente de la República. En lugar de “La quema de judas” tepiteña, El Universal cerró con “La quema del mal humor” mazatleca. Bajo el encabezado ‘Quemarán a Cassez’ en Carnaval de Mazatlán, su autora, Yovana Gaxiola (2013, 25 de enero), omitió mencionar a Carlos Loret de Mola y en su lugar escribió: “la condena popular alcanzará también al conductor de un noticiero tempranero, quien es señalado por la opinión pública y las autoridades judiciales, de haber participado en una farsa, al difundir un montaje policial para inculpar y vincular a Cassez con una banda criminal”. La Jornada Las opiniones de este diario son encontradas. En su editorial del 24 de enero de 2013, La Jornada calificó la resolución de la corte como un “fallo cuestionable que mina los cimientos de la legalidad, que exculpa a una ciudadana extranjera sentenciada en tres instancias judiciales y que, al eludir la búsqueda de la verdad jurídica del caso por parte del máximo tribunal, equivale a una renuncia del Estado a impartir justicia y a una autodescalificación rotunda de las instituciones encargadas de salvaguardar el estado de derecho”. También Luis Hernández (2013, 13 de septiembre) aseguró en una columna en la que defendió a Alberto Patishtán, que Florence Cassez había sido puesta en libertad a pesar de ser culpable. No obstante, Adolfo Gilly (2013, 1 de febrero) se mostró de acuerdo con el fallo de la Corte. En las notas se hace hincapié en que la inocencia defendida por Cassez nunca fue demostrada y que su liberación, en cambio, se debió a la las violaciones a sus derechos durante la detención y a su nacionalidad. Por ejemplo, Aída Hernández (2013, 30 de enero) señaló en alusión al caso que “las cárceles de 44 México están llenas de pobres, que en un país racista y racializado como el nuestro, son mayoritariamente morenos y de orígenes indígenas (aunque no siempre se reconozcan como tales). Los pocos rostros claros y de clase media que uno encuentra en esos espacios están porque tuvieron algún enemigo más poderoso que decidió quitarlos del camino”. 45 Los migrantes de San Fernando, Tamaulipas A finales de agosto de 2010 un sujeto malherido se acercó a un punto de control de la marina mexicana en San Fernando, a mitad de camino entre Matamoros y Ciudad Victoria. Se trataba del sobreviviente de una masacre, un migrante ecuatoriano. Él condujo a los marinos hasta un rancho donde fueron recibidos con plomo. Tras el tiroteo dieron con una bodega que contenía setenta y dos cadáveres de centro y sudamericanos que pretendían emigrar a los Estados Unidos. Cincuenta y ocho hombres y catorce mujeres. El ecuatoriano contó que viajaba en un camión controlado por traficantes de personas cuando un grupo de individuos que se presentaron como miembros de Los Zetas27 los secuestraron, torturaron y exigieron dinero para dejarlos ir, pero como no tenían les ofrecieron unírseles y fueron acribillados al negarse; a él lo dieron por muerto, por eso pudo huir. Ya para entonces era común que aparecieran pilas de muertos; no obstante, esta vez se trataba de extranjeros. Funcionarios guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, ecuatorianos y brasileños se trasladaron a Tamaulipas. El caso creó una disputa entre los gobiernos de Ecuador y Honduras cuando el presidente de Ecuador, Rafael Correa, reveló que había otro sobreviviente, un hondureño y generó condenas que llegaron hasta la Organización de Naciones Unidas (ONU). De ahí que el episodio tuviera especial repercusión en el espacio público mexicano. Reforma Después de la fotografía del lugar donde fueron encontrados los migrantes se citó al presidente atribuyendo la masacre al resultado de la actividad del Estado en contra de Los Zetas. A través de un comunicado difundido por la Presidencia de la República, Felipe Calderón (citado por la Redacción, 2010, 25 de agosto) aseguró que Los Zetas recurrían a la extorsión y al secuestro de migrantes como mecanismo de financiamiento y de reclutamiento debido a que enfrentaban una 27 Desertores de un grupo de elite del ejercito mexicano que se unieron a las filas del Cartel del Golfo. 46 situación muy adversa para abastecerse de recursos y personas. De acuerdo con este diario, Alejandro Poiré (citado por Baranda, 2010, 31 de agosto) ⎯para la fecha director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)⎯ agregó a la discusión que la masacre se registraba en medio de una lucha intensa que libraban los cárteles de El Golfo y Los Zetas en el noreste del país, la cual provocó ese año una ola de violencia. En realidad, ambas sentencias formaban parte del mismo boletín de prensa y son igualmente difíciles de comprobar, pues se inscriben claramente en lo que Fernando Escalante (2012) llamó “las alusiones genéricas al crimen organizado”: la competencia entre un par de grupos concretos como explicación de la violencia que sacudió a México entre 2006 y 2012; “un relato casi abstracto, esteriotipado y reiterativo en que los ‘cárteles’ compiten entre sí, y son en realidad los únicos actores con iniciativa”, la retórica característica del periodo. Pero “las alusiones genéricas al crimen organizado” no son exclusivas del discurso gubernamental. En un artículo publicado por este periódico, titulado La espiral de la violencia, su autora, Jésica Zermeño (2012, 24 de septiembre), explicó así el suceso: “Con la desaparición de los Beltrán Leyva, una ruptura entre Los Zetas y el Cártel del Golfo desde inicios de año ha puesto en jaque a Tamaulipas y Nuevo León. La pelea por estos territorios entre los antiguos aliados se ha hecho tan cruenta que alcanzó a la política: el 28 de junio, apenas seis días antes de las elecciones estatales, fue ejecutado el candidato a la gubernatura de Tamaulipas por el PRI, Rodolfo Torre Cantú. La semana más violenta en lo que va del año (y el sexenio) tiene que ver con esta narcoguerra, 318 ejecutados entre el 21 y el 27 de agosto. Esa semana 72 cuerpos fueron encontrados en un rancho en San Fernando, Tamaulipas, descubrimiento que superó otro igual de tétrico: apenas un mes antes habían sido descubiertos 51 cadáveres en nueve pozos del municipio de Juárez, Nuevo León. Además, han sido ejecutados los alcaldes de Santiago, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, donde los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y sicarios, los bloqueos y los secuestros ocurren cotidianamente. La guerra por Tamaulipas y Nuevo León transcurre en paralelo a la disputa por otras plazas, como Ciudad Juárez”. 47 Además de la narrativa en que los “cárteles” compiten entre sí, Jésica Zermeño respondió a la oleada de violencia que asoló Tamaulipas y Nuevo León en 2010 con palabras como “sicario”, “narcoguerra”, “plaza” y “bloqueo”; éstas, y otras como cártel, levantón, halcón, plaza, lugarteniente y operador financiero; son palabras de fingida exactitud técnica que poseen una indudable eficacia como recurso de explicación, son puro conocimiento de receta, representaciones sociales. La retórica del periodo se caracterizó por “una especie de lingua franca para hablar sobre la crisis de seguridad: no es propiamente un lenguaje, ni un género de habla, sino apenas un vocabulario o poco más, pero de enorme atractivo, sobre todo para los medios de comunicación. Porque permite resumir, ahorrar detalles, obviar lo que no se sabe, y ofrecer explicaciones asequibles para cualquier público. Mezcla expresiones del argot popular del norte del país con algo de jerga carcelaria, residuos de la ‘nota roja’, tecnicismos de empresas de consultoría, derivas del habla empresarial, términos militares y muletillas de acta del ministerio público” (Escalante, 2012, p.56). La indignación que generó el caso fue tal, que el vocabulario utilizado remite a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. En un artículo titulado Holocausto ⎯la palabra que eligió el clérigo Pedro Pantoja para referirse a las calamidades que sufren los migrantes en su travesía por México⎯, Carmen Aristegui (2010, 27 de agosto) se refirió a la explicación oficial como una falta de respeto y puntualizó que el ensanchamiento y diversificación del crimen son producto de una lógica criminal que ha logrado corromper y capturar a partes fundamentales de la estructura de los Estados, el mexicano incluido. Es decir, como producto de la corrupción y no del efectivo actuar del Estado mexicano. También el expresidentes Vicente Fox Quesada escribió en un artículo publicado en su blog que estaba profundamente conmovido e indignado por este crimen, algo semejante al Holocausto; dijo, además, que en estos crímenes había un salvajismo, una carencia absoluta de valores y sentimientos esenciales del ser humano, como lo es la compasión. Un ejemplo más: Javier González Garza (2010, 48 4 de septiembre) recordó otras matanzas de migrantes cometidas ese año y por lo tanto prefirió referirse a este fenómeno como práctica genocida en lugar de secuestro y agregó, que de no haber sobrevivientes las víctimas contarían como “daños colaterales” del narco. Esto último es una de las características esenciales de la retórica del período, de sus representaciones sociales: la fantasía implícita de la justicia del narco. “La primera hipótesis con la que trabaja la policía, la que se anuncia a los medios en los comunicados de prensa, y la que sirve generalmente para cerrar la investigación, es que las víctimas eran miembros del ‘crimen organizado’, lo mismo que sus victimarios. Salvo excepciones, como esta, no hay errores, accidentes, equivocaciones, torpezas, caprichos, no es un puro azar, ni las muertes son gratuitas. Los narcos saben a quién matan y saben por qué lo matan” (Escalante, 2012, p. 46). Dos días después de la masacre, el 26 de agosto, en Reforma se citó a Sergio Aguayo. Para él, lo sucedido fue una consecuencia lógica de un Estado débil, sin compromiso, en el cual el único requisito para ocupar cargos fundamentales era ser amigo o amiga del Presidente. Esto último en referencia a Ana Cecilia Romero, cuya renuncia exigió el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado por tolerar las violaciones a los derechos humanos de los indocumentados. Cecilia romero abandonó el cargo tres semanas más tarde para buscar la presidencia del PAN; el Instituto Nacional de Migración (INM) permaneció sin titular durante diecinueve días, hasta que Calderón designó a Salvador Beltrán del Río como nuevo comisionado. Cerca del relato abstracto que caracteriza a las alusiones genéricas al crimen organizado, Jorge Castañeda (2010, 2 de septiembre) encontró la explicación del suceso en el incremento en la rentabilidad del negocio ilícito de guiar a los migrantes en su tránsito por México y Estados Unidos tras el cierre de fronteras en 2005. De acuerdo con Castañeda, el incremento en los riesgos aumentó los costos y por lo tanto la avaricia de los polleros que comenzaron a pelear entre sí para monopolizar el mercado. 49 Una vez más la presunción de inocencia formó parte de la narración de los hechos, pero esta vez ingenuamente enlazada con la nueva lingua franca. En una nota titulada: Encarcelan a 8 por masacre de migrantes, la redacción de Reforma (2010, 16 de octubre) apuntó que “la PGR recordó que el 3 de septiembre, la Armada detuvo a cuatro presuntos sicarios del cártel de ‘Los Zetas’ durante un enfrentamiento en las inmediaciones de San Fernando, donde se descubrió una fosa clandestina con dos cadáveres y fueron liberadas tres personas secuestradas”. Aquí no hay presuntos delincuentes, sino presuntos sicarios, asesinos a sueldo. ¿Si tenían a dos personas secuestradas por qué se les señala como supuestos “sicarios” y no como supuestos secuestradores? Es dudoso que sea porque el reportero jerarquice los crímenes y asigne mayor peso al asesinato. La palabra sicario rara vez se utilizaba antes de 2004. En 1999 El Universal publicó seis artículos que contenían la palabra “sicario” como referencia a la violencia en Colombia, a la narrativa de Elmer Mendoza y poco más. Para 2010 ya era algo sumamente común, ese año publicó 251 notas; aún más, sicario se utiliza casi exclusivamente como asesino a sueldo del narcotráfico. Algo similar ocurre con la noción de “crimen organizado”, en 1999 esta noción se mencionó 104 veces, en 2005 se utilizó diez veces más. De tal forma que el conocimiento estandar se reproduce exponencialmente. Este es un claro ejemplo de cómo se vuelve a hacer presente lo que antes se dijo y alegó sin que se hagan cuestionamientos al respecto. En entrevista telefónica con Reforma, Sandra Reyes, Cónsul de Honduras en San Luis Potosí ⎯que tiene bajo su jurisdicción la región norte del país⎯ señaló que cada vez con más frecuencia recibía denuncias de sus connacionales que sufren cualquier tipo de abusos por parte de personas que decían ser Zetas. “Todos nos decían que son supuestos Zetas, les decimos supuestos porque todavía no hay ninguna persona detenida que se diga Zeta”. Esta es otra de las características del periodo: rara vez aparecen las pruebas en las que pudieran 50 fundarse las imputaciones que hacían a los victimarios miembros del “crimen organizado”. Cualquiera puede ser Zeta y pertenecer al “crimen organizado”. El 31 de agosto de 2010 el Gobierno federal presentó junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la Estrategia Integral para Combatir el Secuestro de Migrantes. A propósito este diario listó sus ejes: convenios de colaboración con los gobiernos de los estados que atraviesan los migrantes; un plan operativo para desarticular las redes de trata de personas y establecer una vigilancia más estrecha de las vías férreas; un plan de comunicación para prevenir, informar y concientizar sobre los peligros que representa cruzar el país hacia la frontera con Estados Unidos; desarrollar nuevos procedimientos para la detención de secuestradores y mejorar la integración de averiguaciones previas; y, por último, la puesta en marcha de mecanismos de atención a víctimas extranjeras de este ilícito que permitan canalizar adecuadamente los casos a las dependencias responsables, garantizando el respeto a los derechos humanos. Alejado de la explicación policiaca, Woldenberg (2010, 2 de septiembre) escarbó un poco más y encontró en las abismales desigualdades entre países, las remuneraciones laborales diametralmente opuestas, las muchas veces ilusiones de un mejor porvenir y una política migratoria que ve a los migrantes como delincuentes en lugar de personas, el motor inicial de lo sucedido; y concluyó con buenos deseos para la propuesta del gobierno y la CNDH. Otra opinión vertida en Reforma que se distanció de las “alusiones genéricas al crimen organizado” fue la de Rodolfo Casillas, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), para él, el maltrato que sufren los migrantes en su transito por México es en buena medida consecuencia de la legislación migratoria que se adoptó en México durante el siglo XX, como la ley de migración de 1926, conforme la cual los migrantes debían comprobar su buena conducta y su forma honesta de vida, lo cual va construyendo un “imaginario social” más allá de lo político y que desarrolla en los mexicanos una tendencia a menospreciar a los indocumentados de otros países. 51 En más de una ocasión este diario dedicó espacio a las oraciones y declaraciones de la Iglesia católica mexicana. El 5 de septiembre, por ejemplo, la Redacción citó la editorial del semanario Desde la Fe, que depende de la Arquidiócesis Primada de México. El Arzobispado, a cargo del Cardenal Norberto Rivera, sostuvo que de ser México una nación generosa, que incluso exige a Estados Unidos respetar a los connacionales, se ha convertido en un país corrupto y asesino. Hay aquí la sensación de que todo pasado fue mejor, de que los abusos que sufren los migrantes son consecuencia de la modernidad. Un proceso subjetivo que parece ser bastante común. El Universal Este periódico colaboró con otra palabra perteneciente a este nuevo vocabulario: narcofosa. La redacción de El Universal (2010, 25 de agosto) dice que se trata de “cementerios clandestinos del crimen organizado (…) a los que van las personas sin nombre ni pasado” y que el público mexicano las conoció en 1996, cuando Juan García Ábrego ⎯jefe del Cartel del Golfo y tamaulipeco, por cierto⎯ señaló una “casa de seguridad” donde fueron encontrados doce cadáveres. La palabra se repite en las notas del caso, aunque los migrantes no fueron enterrados. Un par de titulares: Migrantes, 72 muertos de fosa en Tamaulipas y Había conciudadanos en fosa, confirma Brasil. En este último incluso subtitularon “la fosa” a la narración que hago al inicio de este apartado. Este periódico también citó el comunicado de prensa de la presidencia que explicó el suceso mediante “alusiones genéricas al crimen organizado”, sin embargo, agregó opiniones distintas a las publicadas por Reforma, como la de Mauricio Farah (citado por la Redacción, 2010, 26 de agosto) ⎯quinto visitador de la CNDH y encargado de coordinar la elaboración del Informe Especial sobre los Casos de Secuestro en contra de Migrantes⎯ cuya explicación sobre “el florecimiento de la industria del secuestro de migrantes en México (…) fue la falta de una política migratoria integral”. 52 Hay en esta última cita una elemento central de las representaciones sociales del secuestro en México. La imagen del secuestro como una industria. La idea de que hay alguna forma de organización del mundo de la delincuencia; la noción de “crimen organizado”. Con esto no quiero decir que el crimen organizado sea un problema imaginario, sino que hay una dimensión imaginaria en él. “La nueva economía global: privatizada, desregularizada, liberalizada, resulta paradójicamente más opaca; produce nuevos cercamientos, en el centro y en la periferia, nuevas fronteras y nuevas formas de piratería, ilegalidad, contrabando, masivos movimientos migratorios, y operaciones muchas veces dudosas, en las lindes de la legalidad, porque los márgenes de ganancia dependen cada vez más de la diferencia entre regímenes regulatorios. La devastación ambiental, la explotación desaprensiva de los recursos naturales, el despojo, la privatización de bienes públicos, la fuga de capitales, la evasión masiva de impuestos, el recurso sistemático de soborno, configuran prácticamente una cultura del saqueo en la que apenas hace falta espigar para encontrar casos emblemáticos: Enron, WorldCom, Union Carbide, Monsanto, Elf, Apple, AIG, Wal-Mart28. Y los gobiernos que funcionan como concesionarios (…) Alimentada por la incertidumbre respecto al futuro, la precariedad del empleo, el miedo al vecino desconocido, la desconfianza hacia el gobierno, el resentimiento por los impuestos, el odio a los ricos ⎯o los musulmanes, o los rumanos o los mexicanos. Lo difícil es ponerle rostro, lo intolerable es que no tenga rostro. Por eso el miedo se condensa en el delito personal, predatorio, violento, y se cifra en la figura del delincuente “de cuello blanco”, cuya imagen es perfectamente reconocible en cualquier parte, aunque debe mucho más a la fantasía y a las elaboraciones cinematográficas que a ninguna realidad concreta: Entre las figuras mitológicas extremadamente escasas del siglo XX el gángster ocupa un lugar descollante. La fuerza imaginativa del mundo entero se lo ha apropiado. Una descripción del gángster la puede hacer cualquier analfabeto turco y cualquier intelectual japonés, cualquier mercachifle birmano y cualquier obrero sudamericano. Aunque sean los menos quienes hayan podido tropezarse con él, todos están familiarizados con el gángster. Es la imagen a partir de la cual se elabora el discurso sobre el crimen organizado en todas partes. De ahí sale la imagen del ‘cártel’, lo mismo que del ‘capo’, el ‘lugarteniente’, el ‘sicario’. No es sólo una construcción imaginaria, sino también arcaica” (Escalante, 2012, pp. 70 y 71). La imagen tradicional del gánster, la que solía evocarse por el lenguaje de vida cotidiana, es la de El Padrino, aunque recientemente fue transformada por la exitosísima serie Breaking Bad. La musicalización del gánster dejó de lado al dotado Nino Rota para dar lugar a Los cuates de Sinaloa, pasó del neoclásico a la rancherita del cuadrante, del sureste italiano al noreste mexicano. Como sea, 28 A esta lista acaba de incorporarse la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). 53 ambas son fundamentalmente una creación cinematográfica que poco tienen que ver con la concreción de las grande fortunas, los grandes bancos y las grandes industrias, cuyas prácticas son las más organizadas, las más contaminantes y las más destructivas. Frecuentemente se confunden dos cosas muy diferentes: organizaciones o grupos dedicados a delinquir, y organizaciones, grupos o individuos con capacidad para organizar el mundo del delito. “En el primer caso puede incluirse casi a cualquier pandilla de adolescentes, a ‘promotores electorales’ de cualquier partido político, a una buena cantidad de empresas legales ⎯puesto que todas se organizan para delinquir. El segundo tema es mucho más difícil de identificar, y desde luego parece mucho más amenazador ⎯organizar el delito. La confusión entre ambos no es trivial” (Escalante, 2012, p.72). La legislación mexicana, concretamente la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 1996 presenta un buen panorama de las dificultades del concepto. Dice en su artículo segundo: Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tiene como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada. Enseguida, enumera los delitos aludidos. Es un tipo penal de definición ambigua porque si se consideran únicamente lo enunciado en el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada “es caso obvio que habría que incluir en la misma categoría a una gran cantidad de empresas: bancos, empresas financieras, químicas, petroleras, mineras, farmacéuticas, también de telecomunicaciones, de construcción, en realidad, empresas de cualquier ramo, cuya organización, permanente o reiteradamente, comete delitos. Y delitos que pueden ser muy graves, de impacto social incalculable” (Escalante, 2012, p.74). Mientras que no todos los secuestros son cometidos por bandas que reúne dichas características. 54 De manera hiperbólica, Ricardo Alemán (2010, 26 de agosto) equiparó este caso, con las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, dice: “¿Qué es, si no exterminio, el ataque a centros de rehabilitación, donde han masacrado a decenas de jóvenes que luchaban por salir de la droga?, ¿Qué es, si no exterminio, la masacre de jóvenes en fiestas?, ¿Qué es, si no exterminio, el asesinato del candidato y virtual gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú?, ¿Qué es, si no exterminio, el crimen del alcalde de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos?, ¿Y cuantos casos de exterminio existen, que no conocemos? Lo más grave es que nadie, en el Estado mexicano, parece preparado para el exterminio desatado por los criminales mexicanos; acaso parientes de los creadores de los campos de exterminio nazi”. También aparecen declaraciones de la iglesia católica. Otro concepto perteneciente al nuevo vocabulario. En un texto titulado Terrorismo, la otra cara de los carteles, su autor, Francisco Gómez (2010, 11 de septiembre) aseguró que “los ataques contra funcionarios, jueces y altos mandos policíacos y del Ejército, el uso de coches-bomba y el secuestro como medida de presión sobre los medios de comunicación para difundir propaganda, acciones cada vez más frecuentemente utilizadas por los cárteles de la droga mexicanos, encajan con el perfil del narcoterrorismo. A continuación se refirió a Philip Williams y Ernesto Savona, autores del libro Problemas y peligros que plantea el crimen organizado en diversas regiones del mundo, de acuerdo con los cuales, dijo, existe evidencia de que el crimen organizado usa tácticas de los terroristas contra el Estado, lo cual tiene como fin el interrumpir investigaciones en curso; impedir la introducción o que se mantengan políticas públicas fuertes contra el hampa; eliminar a agentes judiciales o policíacos, coaccionar a los jueces para obligarlos a conceder sentencias indulgentes y crear un entorno propicio para la actividad delictiva. Es decir, el secuestro como “narcoterrorismo”. Aunque Francisco Gómez redactó una larga lista de casos en los que líderes políticos habían sido asesinados, no citó un solo caso en el que el secuestro sirviera como táctica 55 terrorista. La analogía narco-terrorista no es nueva. En Credit and Blame, un libro publicado poco antes de morir, Charles Tilly se refirió a los atentados del 11 de septiembre de 2001 y a las consecuencias que habían tenido para Estados Unidos y el resto del mundo. “Allí mencionaba un texto suyo, un documento de trabajo que había circulado en las semanas inmediatamente posteriores a los atentados, con una serie de conjeturas sobre lo que podría suceder en adelante. Siendo quien era, no resultaba extraño que acertase prácticamente en todo. Llama la atención el único pronóstico fallido: decía Tilly, en 2001, que en el futuro se formarían alianzas entre traficantes de drogas, armas, diamantes, servicios sexuales, terrorismo y matizaba en 2008: aunque no hay evidencia cierta de las conexiones entre el contrabando y los disidentes islámicos, ninguna de las otras predicciones resultó absolutamente infundada. Es decir que, según él, lo más probable era que esa alianza se diese, tarde o temprano. No aportaba ninguna prueba, desde luego, ningún dato específico sobre esa alianza, cosa bastante lógica, ni señalaba ninguna configuración concreta. Pero lo más interesante es que tampoco ofrecía ningún argumento que hiciese verosímil la conjetura: como si fuese algo enteramente lógico, obvio, que no necesitara mayores explicaciones. Llama la atención porque, si se piensa un poco, no hay ninguna afinidad entre los traficantes de drogas y los terroristas islámicos, no hay ningún motivo para suponer que vayan a aliarse para nada en particular. Es indicio de algo grave. Si alguien como Charles Tilly, es decir, un académico serio, inteligente, informado, piensa que la alianza “narco-terrorista” es inminente, y que no necesita explicarse mucho, porque es algo casi obvio, significa que la idea está ya muy sólidamente anclada en el sentido común. Sin que haya ninguna prueba concreta, ningún ejemplo” (Escalante, 2012, pp. 13 y 14). El alcance de esta analogía, ha sido tal, que ha llegado al punto de influir en la formulación de políticas públicas; el 26 de agosto de 2010, apenas unos días después de la masacre de San Fernando, el presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa que enviaría al Congreso para intentar acabar con el lavado de dinero. El nombre completo fue Estrategia Nacional para la Prevención y el combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. De tal forma que tanto en el espació público estadounidense como en el mexicano se tiene la representación social del narcoterrorismo. 56 La Jornada Al transmitir la información, este periódico otorgó la presunción de inocencia; se menciona que el gobierno atribuyó la matanza a Los Zetas o se utilizan expresiones como “se presume”. Además, un hecho novedoso es que agrega al relato de lo sucedido que los marinos no creyeron al ecuatoriano de inmediato. No obstante, las “alusiones genéricas al crimen organizado” inscritas en el comunicado de prensa de la Presidencia de la República ⎯el que relaciona lo sucedido como consecuencia de la guerra entre el Cartel del Golfo y los Zetas⎯ y el nuevo vocabulario también formaron parte esencial en la narración de los hechos. A las sumamente comunes “narco”, “sicario”, “plaza”… La Jornada agregó una que no aparece en los otros dos medios que revisé: narcoviolencia. Y es que al acortamiento de narcótico se le puede agregar prácticamente cualquier adjetivo. La raíz etimológica de “narco” es narcorum, que significa dormir, de tal manera que los narcóticos, por definición causan sueño y son exclusivamente aquellos relativos al opio y sus análogos. Una de las primeras opiniones vertidas en este periódico fue la de Leopoldo Maldonado (2010, 16 de diciembre, citado por Camacho), abogado del Centro de Derechos Humanos miguel Agustín Pro Juárez (Prodh); quien señaló que “el Estado mexicano fue responsable por omisión, porque ha dejado operar a estas bandas delincuenciales, pero también por acción, ya que muchas veces las autoridades están coludidas”. Esta es una característica esencial de la manera en que La Jornada informa: señala la responsabilidad del Estado, así, como ente abstracto. Además de responsabilizar al Estado La Jornada acusó de mentiroso al presidente en turno, Felpe Calderón. Dos ejemplos. En una nota del 22 de febrero de 2012, Ciro Pérez cita una carta de 120 organizaciones civiles dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el INM en la que se pone en duda la declaración del expresidente, en el sentido de que para entonces se habían identificado plenamente todos los cuerpos de los migrantes asesinados en San 57 Fernando. En otra nota de la redacción, publicada el 8 de noviembre de 2013, ⎯en la que se hace mención a documentos clasificados de la embajada de Estados unidos en México, los consulados en Monterrey y en Matamoros, la DEA29 y el Departamento de Seguridad Interna dada a conocer por la organización no gubernamental National Security Archive⎯ dicen, entre otras cosas, que Felipe Calderón ocultó información sobre las matanzas sistemáticas de migrantes centroamericanos. Hay en una nota de Jorge Durand (2012, 26 de agosto) un muy buen ejemplo de aprehensión mediante analogías. Para rememorar lo sucedido en San Fernando, Jorge Durand tituló un artículo San Fernando no se olvida. En él, también habló sobre narcofosas, y concluyó, “no queremos presuntos culpables, queremos a los culpables”. Narcofosas y presunción de inocencia. Evidentemente la indignación también impregnó las páginas de este diario, por ejemplo, una de las formas en que aquí se hace referencia a lo sucedido es como “uno de los hechos más sanguinarios en la historia del país” (Aranda, 2010, 26 de agosto). 29 Drug Enforcement Administratio (Administración para el Control de Drogas). 58 Conclusiones Este ensayo arroja muchas más preguntas que respuestas. Como si la población de algunos estados de la República Mexicana es más o menos propensa a colaborar con las fuerzas de seguridad o ¿cuál es la relación entre homicidio doloso y secuestro?, entre otras. Quedo conforme con ello, pues, al analizar el presente, lo más sólido que el científico social puede arrojar son preguntas. Es lo que hago, un poco como el náufrago que echa una botella al mar. La importancia antropológica de quien plantea preguntas en lugar de respuestas es invaluable; el filósofo no da respuestas, sino plantea preguntas. El tema del secuestro es grave, mucho, y, como con todo fenómeno social, tanto el científico como el político querrían siempre ser capaces de resolverlo, encontrar el mecanismo eficaz, inmediato, instantáneo. No hay tal. Esa urgencia lleva con suma frecuencia a los “expertos”, como Control Risks, a aventurar cifras e improvisar explicaciones más o menos apresuradas, esquemáticas, a partir de las cuales se improvisan políticas públicas. Los resultados están a la vista. Lo primero que arrojan mis casos de estudio es la falta de claridad en el lenguaje. Es necesario tener claridad al nombrar la violencia y el crimen, sobre todo en los medios de comunicación, que tienen cada vez más influencia y poder en el espacio público. “La actividad periodística tiene una considerable influencia social porque otras actividades esenciales, como la vida política y económica, dependen de la difusión de la información” (Núñez, 2002, p. 83). Parece probable que el nuevo lenguaje forma parte del problema porque obstaculiza el correcto entendimiento del fenómeno. La percepción que tenemos del secuestro en México está construida en buena medida a partir de invenciones, como la estadística; prejuicios, como el de que en México sólo se secuestra a los miembros de las clases privilegiadas; fantasías, como las que se desprenden de la literatura, el cine y la televisión; e información que en muchos de los casos no es objetiva pues, en sentido estricto la 59 información no incluye juicios de valor. Desde luego el secuestro es real; pero sucede que no es como lo imaginamos. Y eso significa que bajo el secuestro suceden cosas que no se ven con claridad, que no se entienden bien o que no se entienden del todo. “En los últimos treinta años se ha venido produciendo en todo el mundo una reestructuración mayor de la estructura productiva, del orden político, de las relaciones sociales, que ha dado lugar a la economía informal, a las economías criminales, a la ilegalidad y la violencia. Eso que todavía no termina de ser, y que no sabemos nombrar, se manifiesta en parte en la lucha contra el crimen organizado. En el fantasma y en los métodos de exorcismo”. (Escalante, 2012, p.241). Para Barry Glassner, (citado por Escalante, 2012, p.234) “una de las paradojas de la cultura de miedo ⎯propia de las sociedades occidentales contemporáneas⎯ es que los problemas serios son pasados por alto, aunque estén en el origen precisamente de las amenazas que más miedo inspiran a la gente. Hay una fuerte correlación, por ejemplo, entre la pobreza y la violencia contra los niños, la delincuencia, las adicciones. La desigualdad del ingreso está también asociada a numerosos resultados negativos para el conjunto de la sociedad”. Éstas, son sin lugar a dudas las raíces del problema. Lo segundo que arrojan los tres casos que analicé es el prácticamente nulo respeto a la presunción de inocencia, el primer derecho de toda persona imputada que enlista la Constitución en su artículo 20. No es trivial. Recientemente en México se han comentado mucho dos casos, el primero sucedió el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya en el Estado de México y el segundo el 22 de mayo de 2015 en el municipio de Tanhuato en Michoacán. Lo primero que informaron los medios en ambos casos, fue que las fuerzas de seguridad del estado se habían enfrentado con narcotraficantes y que como resultado habían muerto veintidós personas en Tlatlaya y cuarenta y dos en Tanhuato. No obstante, más tarde se derrumbó la versión oficial de “enfrentamiento”. Un testigo de lo sucedido en Tlatlaya aseguró que en la reyerta únicamente murió una persona y que el ejército asesinó al resto horas después, a pesar de que se habían rendido. En Tanhuato hay indicios de que los cuerpos mostraban signos de 60 tortura y el número de armas que la Policía Federal dijo haber incautado era menor al de personas asesinadas. No sólo eso, de acuerdo con familiares de las víctimas, algunas eran trabajadores contratados para acondicionar un inmueble. No sería propio de una imaginación desbordada pensar que tanto en Tanhuato como en Tlatlaya las fuerzas de seguridad asesinaron intencionalmente a todos los individuos que se encontraban dentro de la zona donde tenían pensado intervenir; pensar que su intención no era la de detener personas que habían sido señaladas como delincuentes o que algún indicio les había llevado a suponer que se trataba de criminales para someterlas a juicio y presentar pruebas de su delito más tarde, sino la de asesinar criminales, representados como enemigos, como la otredad, como ese otro al que se le despoja de ciertos atributos de persona; dentro de una lógica que además entiende al amigo del enemigo como el enemigo. El artículo 20 de la Constitución establece que toda persona imputada tiene derecho, entre otras cosas, a que “se estipule su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”; pero parece ser que el ejército, la marina, las policías mexicanas, los medios de comunicación y por lo menos un exsecretario de Seguridad Pública no lo tienen bien claro. Mientras Aldo Moro sufría el plagio fueron capturados miembros de la Brigadas Rojas. Un colaborador del general Carlos Alberto Della Chiesa ⎯para entonces jefe de la fuerza antiterrorista italiana⎯ le propuso obtener información a como diera lugar; a lo que el general respondió: “Italia puede sobrevivir la pérdida de Aldo Moro, pero no sobrevirara la introducción de la tortura como método de investigación”30. Sucede lo mismo con la presunción de inocencia en México. La República Mexicana, cualquier república, de hecho, puede soportar culpables en libertad pero no la masacre y el encarcelamiento de inocentes. La presunción de inocencia forma parte del debido proceso, que a su vez está contenido en uno de los principios axiales del republicanismo: el estado de 30 En: Teviño, M. (2013, 28 de enero). Justicia de estómago. [en línea], México, reforma.com. Obtenido el 3 de junio de 2015. 61 derecho, el principio legal en el que la ley gobierna una nación, y no las decisiones arbitrarias de los funcionarios públicos; de tal forma que los ciudadanos se sometan a la ley pero sobre todo se sometan los funcionarios públicos. Se trata del imperio de la ley. Mientras escribo esto, la Magna Carta, que limitó por primera vez el poder autocrático de la monarquía inglesa, los abusos de poder mediante el sometimiento del monarca a la Ley, cumple ochocientos años. Dos de sus artículos son clave: El 39 y el 40. 39. Ningún hombre libre será arrestado, o detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o molestado de alguna manera; y no dispondremos sobre él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares, o por la ley del país. 40. A nadie venderemos, a nadie negaremos ni retardaremos el derecho o la justicia. Hasta aquí puede parecer sencillo, pero nada lo es. Digo al principio de este apartado que quedo conforme con arrojar más preguntas que respuestas porque para mantener la cordura hay que hacerse preguntas, es como sacudir un arbusto para comprobar la solidez de sus raíces. Así pues, ¿es ético violar la ley para defender un bien superior? Fue eso lo que hizo Miranda de Wallace al colocar los espectaculares y lo que argumentaron los responsables de la detención de Cassez. Fernando Savater dio una buena sacudida a este arbusto con el ejemplo de “un padre al que secuestran a su hijo y se le brinda la ocasión de torturar al raptor para que revele el zulo en que lo encarceló ¿Tiene derecho a ello, si está seguro de que así salva la vida de su hijo? Pues bien, Savater sostuvo que sí, pero sólo si a continuación, tras haber salvado a su hijo, ese padre torturador se presenta ante los tribunales para autoinculparse” (Citado por Calvo, 2012, 19 de agosto). El padre tendría que autosometerse a un juicio; al fin y al cabo toda cuestión jurídica admite discusiones y puntos de vista discordantes, de lo contrario sobrarían los jueces y bastarían las computadoras para aplicar las leyes. De tal manera que si se agrega este criterio, Miranda tendría que haber sido enjuiciada, e incluso con él, es correcto que Cassez haya quedado en libertad, pues sus perseguidores no se autoinculparon inmediatamente. 62 Ahora bien, todo periódico tiene una línea editorial, un perfil propio que determina su postura frente a los hechos que reporta: “Los textos de opinión suelen reflejar el autentico talante de un periódico. Del estilo de artículos y editoriales podemos deducir cómo afrontan la realidad y las transformaciones sociales los dueños y responsables de esas publicaciones. Por supuesto, también sirven para ese propósitos las noticias, las crónicas, los análisis… y la valoración con que se coloca cada texto en las páginas, incluso la titulación y el tamaño de los titulares. Pero los artículos de opinión muestran con mayor claridad la verdadera ideología del diario” (Grijelmo, 202, p.124). Así pues, con base en la información que recopilé, es posible afirmar que El Universal y Reforma ⎯cuyas opiniones son unidireccionales, pues presentan una cierta coordinación en el resultado entre los escritores y articulistas que habitualmente publican en ellos⎯ reflejan una línea editorial empática con Isabel Miranda y con la resolución de la Corte en el caso Cassez; justiciera en el primer caso y garantista del derecho en el segundo, contradicciones que están inscritas en nuestra cultura política. Este tipo de diarios se caracterizan porque “más que explicar lo que ocurre, desean cambiarlo, se proponen más influir en los gobernantes que en interpretar la realidad para los lectores, de modo que sean éstos quienes adopten sus propias decisiones”31. Por otro lado, La Jornada mostró signos de ser un periódico de opiniones encontradas, con discrepancias entre sus articulistas y sus editoriales, y por lo tanto, no puede hablarse de línea editorial; no queda clara su postura, pues es incongruente, sobre todo en el caso Cassez. Todo apunta a que sea cual sea el tema a tratar su deseo es golpear al gobierno, cosa que no deja de ser curiosa. De tal forma que las representaciones sociales del secuestro en el México contemporáneo tienen mucho que ver con el hecho de que el orden jurídico no ha sido correctamente interiorizado por la sociedad. El hecho de que en México la Ley sea algo que se negocia y que se aplica de manera particularista y no un marco firme para la convivencia social está íntimamente relacionado con este 31 Ibídem. 63 proceso subjetivo. Porque en este país la justicia no cae si quiera sobre los enemigos, aunque eso sí, la gracia pende sobre los amigos. En México lo más racional resulta ser el incumplimiento de las leyes y esto se ve reflejado en la manera en la que la sociedad y los medios de comunicación entienden al secuestro. Por eso fue tan criticada la decisión de la SCJN en el caso Cassez y se refleja tan poco respeto por la presunción de inocencia en los periódicos. El sentido común de los mexicanos es ajeno al cumplimiento de la Ley, al entendimiento del marco jurídico como un pacto social que conduce a una sociedad donde la convivencia sea mejor. De ahí que tengan tanto impacto las ideas justicieras y que se vuelvan tan populares personajes como María Isabel Miranda, que hasta el salto político dio. Esto es consecuencia directa de la manera en que el Estado Mexicano ha construido su relación con la sociedad; parte fundamental de su configuración, que se ha basado en la venta de protecciones particulares y clientelistas y no en la construcción de un Estado de derecho con un orden jurídico aplicado. Por último, quiero agregar que los casos de alto impacto son la mayor de las representaciones sociales. Los casos emblemáticos, como los tres que analizo, se construyen para ocultar la realidad de todos los días de este país. Por eso el epígrafe de este trabajo: “Esto no es una pipa”, la sentencia de la serie pintada por el surrealista belga René Magritte de título La traición de las imágenes; que nos recuerda que su obra es sólo la representación de una pipa. Al igual que esa serie de cuadros los casos de alto impacto no son más que la representación de lo que en realidad sucede, traición a la realidad. Se ha comentado mucho que el hijo de Isabel Miranda continua con vida; el guión del caso Cassez se escribió y reescribió a medida que avanzaba el debate mediático; y a la fecha no se conocen todos los nombre de los migrantes asesinados en San Fernando, además de que tampoco se sabe si sus asesinos en realidad fueron Zetas. La construcción social de la realidad mexicana ha sido sobre la base de “verdades históricas” como la de Ayotzinapa. Esto ha llevado a una terrible 64 desconfianza en nuestras instituciones. No parece haber interés por parte de las autoridades para crear confianza; lo cual significaría castigar a los responsables de montajes como el que mantuvo presa a Cassez durante siete años y sancionar a quienes faltan al debido proceso, pero sobre todo significa decir la verdad, cosa que se consigue haciendo preguntas a las que se responda con un método. 65 Bibliografía Berger, P. y Luckmann, T. (2012). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu. Escalante, F. (2012). El crimen como realidad y representación. Ciudad de México: El Colegio de México. Grijelmo, A. (2002). El estilo del periodista. Madrid: Taurus. North, D. (2005). Understanding the Process of Economic Change. New Jersey: Princeton and Oxford University press. Ortega, J. (2008). El secuestro en México. 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