UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 
Facultad de 
Filosofia y Letras 
Colegio de 
Historia 
LOS ORIGENES DEL PORFIRISMO 
TESIS Cllii-.. 
FALLA Pr: OR!GEH 
TESIS 
Que para optar por el Título de: 
Licenciado en Historia 
PRESENTA 
Dion Guillermo Novoa Cirett 
México, D. F. Octubre, 1991 
'¡ 
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LOS ORIGENES DEL PORFIRISMO 
INDICE 
Página 
Introducción 
Capítulo l. Los antecedentes. 7 
Capítulo !l. La Situación Política en 1867. 16 
Capítulo lll. La Estrategia Electoral de la Oposición. 27 
Capítulo IV. El Segundo Encuentro. 43 
Capitulo V. El Intermedio. 50 
Capitulo VI. La Revuelta de la Noria. 55 
Capítulo VII. El Plan de la Noria. 59 
Capítulo VIII. El Plan úc TtLxtcpcc. 68 
SEGUNDA PARTE 
Capítulo 2. l. La Economía. 
Capítulo 2.l!. Ls Estructura Social. 
Capítulo 2.lll. La Educación. 
Conclusión 
Bibliografía 
Notas Bibliográficas 
72 
79 
85 
89 
103 
108 
INTRODUCCION. 
Este trabajo estaba proyectado inicialmente para analizar el período 
presidencial de Manuel González (1880-1884), enfocado a través de 
fuentes primarias y visto en la perspectiva de la originalidad del régimen 
en sí mismo. Pero en el proceso de acumulación de datos, las fuentes ya 
no fueron primarias y el período por analizar retrocedió en el tiempo 
hasta ubicarse en la década que va de 1867 a 1877. Las causas de esta 
reconsideración fueron completamente ajenas a la voluntad del autor, 
ya que tuvo que trasladarse a un lugar alejado de la ciudad de México, 
que al menos cuenta con hemerotecas y bibliotecas especializadas que 
sirven de laboratorio a los investigadores sociales. Al existir esta 
limitación real, no quedó otro camino que el de volcarse sobre las fuentes 
de carácter bibliográfico. Es probable que este hecho repercuta sensible-
mente en la calidad de la investigación, ya que no estaba prevista en estos 
términos, pero el investigador social tiene que atenerse a las circunstan-
cias y hacer su trabajo lo mejor posible. 
Unos cuantos años nos separan del Siglo XXI, sin embargo, todavía 
existen lugares de la provincia mexicana en los cuales queda la sensación 
de que el tiempo se ha detenido en la época colonial, a no ser porque no 
hay ámbito geogrúfico que no sea absorbido por los medios electrónicos 
de comunicación, los valores de aquella época siguen ahí presentes en 
la cotidianidad. Es evidente que en el transcurso de 125 :.uios han 
cambiado algunas realidades en este país, pero por desgracia, la realidad 
ha cambiado para hacer cada vez más miserable a la población oprimida. 
Lo ancestral solamente queda en las costumbres religiosas y otras cosas 
de menor trascendencia. Pero puede decirse que estos 125 años de 
liberalismo han sido suficientes para haber trastocado la existencia de la 
propiedad comunal en los términos en que ésta se conocía antiguamente, 
como un legado del antiguo régimen. Podemos asegurar sin temor a 
equivocarnos, que al cambiar esta situación se ha perdido el más impor-
tante sustento material de la población rural en México. 
No quiere decir esto, que seamos partidarios de preservar tiempos 
pasados, todo lo contrario, sólo que hay que saber distinguir claramente 
acerca del carácter antiguo de una institución, y el papel que ésta puede 
desempeñar para hacer pasar a una comunidad de un estadio atrasado, 
a uno mucho más avanzado, como puede ser el tránsito hacia una 
sociedad basada en una democracia real. 
Hemos tocado dos aspectos que se encuentran íntimamente 
relacionados con la época que habremos de comenzar a describir: la 
propiedad comunal y las costumbres religiosas de la población. 
Es en el año de 1867, cuando la embestida en contra de las con-
gregaciones civiles y religiosas adquiere un carácter sistemático, a causa 
del triunfo liberal, que necesariamente implicaba un cambio de 
orientación política en Jos asuntos del gobierno. 
2 
El blanco principal del nuevo grupo en el poder eran los bienes raíces 
que estaban en manos de dichas congregaciones. Nos encontramos ante 
los efectos que desencadenó la promulgación de las Leyes de 
Desamortización, a partir de 1856. 
Algunos autores pasan por alto el verdadero sentido que realmente 
tenían las Leyes de Desamortización, enfocando el problema 
únicamente a partir de una confrontación entre conservadores y 
liberales. 
Encontramos en esta actitud un deseo implícito por encubrir el ver-
dadero carácter de las medidas adoptadas por los liberales, y presentar-
los como unos auténticos líderes democráticos, defensores de las causas 
más puras. Nada más alejado de la realidad social de aquella época, pues 
nos encontramos ante una élite que está permeada por las ideas moder-
nas acerca de la democracia y las instituciones más avanzadas que 
incluyen la adopción de un sistema político basado en el federalismo y 
la existencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; cada uno 
conserva su autonomía frente a los otros. 
Para estar ubicado en la segunda mitad del Siglo XIX, representaba este 
sistema político lo más cercano a la garantía de los derechos del hombre, 
nada más que había un pequeño problema, el de la confrontación tic este 
universo político moderno, frente a una sociedad permeada por valores 
de tipo colonial y, si se tratara de una lucha titánica de la élite liberal 
3 
frente a esta sociedad ancestral, hubieran merecido la categoría de 
héroes, pero, existe una gran confusión en lo que se refiere a la forma 
como los liberales entendieron y aplicaron la Constitución de 1857. 
Sabemos quiénes la hicieron, pero es muy frecuente ignorar para quiénes 
fue hecha. Lo más difcil de aceptar es que esta Constitucin que está 
basada en la defensa de los derechos del hombre, haya sido diseliada 
para abolir los derechos de un poco más de tres millones de individuos 
que no tuvieron cabida en esta Carta Magna: los indios. 
Así pues, la democracia mexicana nacida con el triunfo de la República, 
no pasa de ser una ficción, una ficción que en apariencia ha encontrado 
a sus defensores y también a sus detractores. 
Es por esta razón, que el aspecto central de nuestro trabajo está enfocado 
en la figura del General Porfirio Díaz, quien tocó los mecanismos 
vulnerables de la ficción que tanto se empeliaron en sostener los in-
tegrantes del grupo denominado "Paso del Norte". Precisamente porque 
consideramos que es inadecuado atribuir la completa responsabilidad 
por el ejercicio de la dictadura a Don Porfirio, pues la dictadura ya se 
ejercía antes del triunfo de la revuelta de Tuxtepec, nada más que no se 
le quería reconocer como tal.. 
Trataremos de acercarnos al comienzo del régimen porfirista a través de 
las campalias presidenciales que lo precedieron, pero sobre todo, a 
través de las dos proclamas que publicó la corriente porfirista en 1871 y 
4 
1876. La idea consiste en demostrar que gran parte de la responsabilidad 
por las revueltas porfiristas corresponde al equipo de "Paso del Norte", 
porque hay que reconocer los rasgos fundamentales del estilo que se 
utilizaba para gobernar y para tratar con las facciones disidentes en 
aquellas épocas. En cierta forma, estos rasgos característicos del estilo 
de gobernar, habrán de ir apareciendo a través de las fuentes. 
En segundo término, abordaremos el aspecto referente a la 
conformación de la estructura social que corresponde al período que nos 
ocupa (1867 - 1877), para demostrar que no hubo ningún cambio ele 
carácter estructural a lo largo ele estos diez ::uios. La intención consiste 
en tratar de demostrar que la dictadura ya existía durante los gobiernos 
de Benito Juárez y el de Sebastián Lerdo de Tejada, ya que es comí111 
considerar a estos últimos como víctimas del porfirismo, siendo que 
Porfirio Díaz también fue en su momento, víctima de la situación política 
del país, justamente cuando Benito Juárez era Presidente tle la 
República. 
Procuraremos enmarcar Ja investigación dentro del ámbito interno, sin 
meternos por ahora en el aspecto relacionado con Ja inversión extranjera 
y por consiguiente, con Ja IJuvia tle facilidades que los liberales en el 
poder otorgaron a inversionistas extranjeros. Simplemente habremos de 
avocamos a Ja crítica del proyecto liberal desde la óptica de una visión 
apegada a lo que consideramos la defensa de los intereses nacionales, 
5 
postura que no se encontrará fuera de contexto en relación con la época 
a que se refiere. 
Por último, dejemos la responsabilidad en cuanto a la existencia de 
regímenes dictatoriales a la embrionaria burguesía nacional, que buscó 
la manera más cómoda de desarrollarse sin romper los resortes sociales 
que hicieron posibles tantas décadas de dominación colonial. 
6 
LOS ANTECEDENTES. 
El 21 de Junio de 1867 Porfirio Dfaz hace su entrada triunfal a la ciudad 
de México, se encuentra al frente de un Ejército de 25,000 hombres mal 
comidos que componen la División de Oriente. Transcurrieron poco más 
de veinte días para que la misma ciudad viera llegar la caravana que 
escoltaba al Presidente Juárez, quien debió su retraso a la curiosidad de 
haberse detenido en Querétaro a observar el cadáver de Maximiliano.(I) 
Quedaba concluido un período bastante largo, marcado por la guerra 
civil e invasiones de ejércitos extranjeros. Por fin, el país se encontraba 
listo para ser conducido por los lineamientos del partido liberal. 
La Constitución de 1857 se convirtió, gracias a la lucha contra la 
intervención francesa y el Imperio de Maximiliano, en el símbolo 
nacional por excelencia (2). 
Este documento representa un compromiso entre dos corrientes del 
liberalismo mexicano, los moderados y los puros (3). El desacuerdo 
principal se ubica en la actitud que deberá asumir el Estado frente a la 
Iglesia (4). De este desacuerdo en el seno del liberalismo, tendrán que 
surgir algunas de las causas que originan la guerra civil. 
El acta de nacimiento de esta Constitución, nos remite necesariamente 
al terreno de la ficción política, debido a que los postulados contenidos 
7 
en el Código Fundamental resultan impracticables dentro de una 
sociedad que se encuentra dirigidad por una élite política que no conoce 
de tradiciones democráticas, ya que en ese momento la democracia 
solamente existía en el seno de las comunidades rurales, precisamente 
aquéllas que representan un conjunto de valores sociales que de hecho 
son negados por la ideología liberal. Por otra parte, es evidente que los 
liberales se autoproclaman como portadores de la legitimidad popular 
(5). La proclamación resulta ficticia porque la Constitución es un 
documento del que no han participado los miembros del partido conser-
vador y mucho menos los miembros de las comunidades rurales, que en 
aquella época formaban la mayoría de la población del país. Aunque se 
encuentran enmarcados los derechos del hombre como la parte fun-
damental de la Constitución, es evidente que ésta alude a individuos que 
se encuentran sujetos a una serie de pre-requisitos que es necesario 
cubrir para ser considerados como tales, ya que se omite hacer mención 
de la existencia en el interior del territorio nacional, de millones de seres 
humanos que son llamados y considerados como indios, verdaderas 
multitudes que se encuentran al margen de la autoridad del Estudo y que 
además forman la mayoría de la población del país (6). 
Dentro del marco de los derechos que la Constitución confiere al 
hombre, se encuentra el derecho de libre asociación, la libertad de 
pre_nsa y el derecho de amparo (7). Pero una parte fundamental de dicho 
documento está centrada en la definición de la modalidad que en 
adelante habra de adquirir el derecho de propiedad, que es considerado 
8 
como un aspecto fundamental para regular el desarrollo de la vida 
económica del país. El artículo en el cual se plasma la esencia del 
moderno concepto de propiedad es el número 27, en donde se plantea 
que ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su 
carácter, su denominación u objeto, tendrá capacidad para adquirir en 
propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de 
edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la 
institución. "Además de poner en juego, a través de los bienes raíces, la 
existencia y la autonomía de conventos, pero sobre todo, de los 
pueblos."(8). 
Este nuevo concepto de propiedad se encuentra dentro de una lógica 
liberal de asociar el derecho de propiedad (pequeña y mediana), a la 
libertad individual. Desde luego que se trata de la propiedad privada, 
cuyo único freno serú la indemnización por causa de utilidad p ública. 
(9). 
Como se ha visto, la parte medular del nuevo orden de cosas se encuentra 
en las leyes de desamortización de los bienes de la Iglesia, pero también 
se encuentran dentro de este status, los bienes raíces que formaban parte 
de los antiguos pueblos indígenas que antes de la promulgación de estas 
leyes, estaban enmarcados en un régimen de propiedad comunal. Es en 
este aspecto de la Constitución, en el que aparece de manera más nítida 
la distancia entre la realidad social del país y los postulados-
constitucionales, porque el sistema Judicial ofrecía posibilidades de 
9 
defensa a aquel que conocía sus derechos y sabía como defenderlos (1 O), 
pero la mayoría de la población se encontraba fuera de este universo 
proclamado por las leyes, y su realidad seguía siendo aquella que se 
encontraba sumergida en el abismo de una sociedad tradicionul, cuyo 
aislamiento y dependencia se habían acrecentado con la inseguridad 
provocada por la guerra civil y por la desaparición legal de todo el marco 
jurídico y las autoridades del Antiguo Régimen. (11) "La ficción legal de 
la igualdad de los mexicanos y de su libertad teórica agravaba la realidad 
al abrir las puertas a la arbitrariedad". (12) 
Este hecho nos muestra claramente, que la Constitución de 1857 fue la 
obra de una élite , que no era precisamente una élite surgida de la 
fortuna, que era más bien una élite de la cultura (13). 
Con excepción de su ejercicio aplicado a las clases privilegiadas y las 
clases medias de las ciudades, los derechos del hombre, tal como se 
encuentran definidos en el Código Fundamental de 1857, se infringen 
constantemente. No podía ser de otro modo, pues al cambiar la 
modalidad del régimen de propiedad en un país moldeado por 
tradiciones de tipo colonial, resultaba muy difcil que la nueva ideología 
implantada por la élite liberal pudiera trascender a todas las capas de la 
población, máxime que en aquel entonces, el índice de analfabetismo 
era sumamente alto. Se encuentran violados constantemente el derecho 
natural al nacimiento y la libertad de trabajo por el sistema de peonaje 
10 
hereditario por deudas, situación laboral a Ja que algunos Estados con-
trolados por los liberales habían dado una expresión legislativa (14). 
Sucede lo mismo con el reclutamiento forzado conocido como leva, que 
proporciona la mayoría de soldados durante el siglo XIX. Atribuida la 
responsabilidad de estas violaciones al General Porfirio Díaz, lo cierto 
es que este procedimiento ya era utilizado con anterioridad al es-
tablecimiento de su régimen (15). 
Es evidente que esta realidad social precede al surgimiento del Porfiris-
mo; lo único que hace Díaz, es armonizar esta realidad social, logrando 
afianzar los mecanismos que hicieron posible la estabilidad política 
gracias a su habilidad como gobernante. 
Volvemos a situarnos en Jos orígenes de la Constitución de 1857; el 
levantamiento federalista de 1854, conocido como Revolución de 
Ayutla, punto de partida del Congreso Constituyente, marco de 
referencia obligado para entender el pensamiento dominante al interior 
de la élite liberal. Ahora bien, Jos diputados al Congreso, :icordaron 
constituir a Ja Nación Mexicana bajo l:i forma de una "República 
Democrática, Representativa y Popular". Este concepto quedó 
ratificado en la redacción final de la Constitución dentro del Artículo 40, 
apareciendo desde entonces como una ficción del sistema político 
mexicano (16). 
11 
Las causas de esta ficción no son pocas y nos remiten al funcionamiento 
real del estilo particular de gobernar que se ejercitó a lo largo del período 
que nos ocupa, de principio a fin. Comenzando por la discordancia que 
existe entre el proclamado federalismo y la práctica política real, pasan-
do por la violación del sufragio universal, hasta llegar a una situación más 
de fondo: el concepto de "pueblo mexicano", que engloba a todos los 
liberales nacidos en la República Mexicana, y excluye a los conser-
vadores, pero sobre todo, a los habitantes de los pueblos indígenas, que 
en aquel tiempo forman la mayoría de la población ( 17). 
No podría haber sido de otro modo, ya que la Constitución únicamente 
contemplaba la existencia de individuos, de ciudadanos modernos, en 
torno a un concepto de propiedad individual, complemento indispen-
sable a la idea moderna de libertad. Pero, lógicamente, estos conceptos 
modernos tuvieron que hacer a un lado todo lo que representaba al 
antiguo orden de cosas heredado de la época colonial. Además de 
contraponer estos nuevos valores a los valores de la Iglesia, por ser ésta 
la representante más poderosa del pasado, se encontraban otros concep-
tos de propiedad colectiva que eran, junto con los bienes de manos 
muertas en poder de la Iglesia, los bienes comunales, propiedad de los 
pueblos indios, que fueron conservados como tales dentro del régimen 
colonial con su status legal reconocido. 
Por Jo que se refiere a los conservadores, fueron derrotados 
políticamente, siendo una consecuencia lógica el hecho de que perdieran 
12 
su derecho a tomar parte en las decisiones de orden gubernamental, 
aunque esto no quiere decir que no tuvieran derecho a ser promovidos 
a nivel individual para formar parte de la nueva maquinaria guber-
namental, como de hecho sucedió. 
En cuanto a los integrantes de los pueblos antiguos, miembros de tribus 
de origen prehispúnico, o de asentamientos coloniales, hasta entonces 
poseedores de bienes comunales, no tuvieron alternativa dentro del 
nuevo orden social establecido por la élite liberal, se vieron obligudos u 
·perder sus tierras y, por tanto, su medio de subsistencia habitual, para 
transitar por el camino del empobrecimiento progresivo, puesto que no 
encajaban en la sociedad diseñada por los liberales, debido a su carúcter 
de actores colectivos. 
Obviamente, si la tendencia se inclinaba en el sentido de destruir el 
antiguo régimen de propiedad, para instaurar el de propiedad individual, 
el proceso se habría de prolongar hasta el presente, razón por la cual, los 
actores sociales colectivos siguieron siendo la forma social 
predominante del país, aun en la época porfirista (18). 
Por lo tanto, al no entrar en el ámbito legal, resulta difcil admitir que los 
miembros de los antiguos pueblos tuvieran cabida en el restringido 
mundo de la política con sus derechos individuales garantizados, como 
si se tratara de ciudadanos modernos. 
13 
Quiere esto decir, que el mantenimiento del equilibrio social tenía que 
buscarse y encontrarse dentro de una solución distante de la democracia, 
pero sin llegar al extremo de tener que implantare! terrorismo. Sea como 
sea, este particular estilo de gobernar resulta vergonzante para la élite 
liberal; tanto, que no se atreve a reconocerse a sí misma corno la negación 
de su perfil proclamado a través de la Constitución de 1857. 
Es un hecho reconocido por intelectuales de la época, que la 
Constitución fue una copia de la constitución norteamericana (19). Sin 
embargo, al iniciar su vida la República en 1867, Benito Juárez llevaba 
ocho años en el poder, lo cual no le impidió lanzar su candidatura para 
un tercer período presidencial, contradiciendo en la práctica uno de los 
principios fundamentales de la democracia (20). Y, más todavía, si se 
trataba de copiar el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos, 
que establecía como máximo una sola reelección presidencial. La 
diferencia con respecto al sistema político norteamericano es notoria. 
La discordancia entre el discurso ideológico y la realidad en el fun-
cionamiento del sistema político mexicano es enorme, no digamos por 
el hecho de las reelecciones con tendencias vitalicias en el caso de J uárez, 
sino por la serie de vicios que comporta el aferrarse al poder uní-personal 
a costa de incurrir en el fraude electoral sistemático (21 ), aun a pesar de 
saber que se pone en riesgo la estabilidad social, pasando por encima de 
las libertades políticas (22). 
14 
No solamente Francisco Bulnes se refiere a la existencia del tipo de 
hábitos como los que se acaban de mencionar, coinciden con él autores 
que han escrito en distintas épocas sobre el mismo tema, dándole un 
valor importante a sus juicios. 
Este tipo de rasgos característicos deben tener su origen en la naturaleza 
del Estado Nacional, de ninguna manera se le puede atribuir la respon-
sabilidad por su existencia a la persona encargada del poder Ejecutivo, 
debido a que ésta implica necesariamente una responsabilidad de grupo. 
Lo que aquí nos interesa, es dejar establecido claramente que las im-
putaciones hechas acerca del perfil del sistema político mexicano atañen 
de manera directa a los períodos presidenciales de Juárez y al de 
Sebastián Lerdo de Tejada (23). Siendo las cosas así, resulta lo mismo 
ser dictador por un período de cuatro años, que por un largo período de 
treinta años. Por lo tanto, queda fuera de discusión la lógica de buscar 
héroes y villanos dentro del grupo liberal que asumió las riendas del país 
a partir de aquel día 21 de junio de 1867. 
15 
Il. LA SITUACION POLITICA EN 1867. 
Nos encontrarnos ante una población rural desarraigada por los efectos 
de la guerra que acaba de concluir; se calculan alrededor de 120,000 
personas, contando a los integrantes de ambos ejércitos. La derrota del 
partido conservador ha sido completa, ha llegado el momento de reor-
ganizar al país. No se tiene noticia de que los integrantes del Ejército 
Francés hayan causado daño a la planta productiva del país, pues no se 
habla de la paralización de las fábricas textiles: no se puede decir lo 
mismo con respecto a la situación de la minas. En cuanto a la agricultura, 
es muy probable que se encuentre en una situación deplorable, tanto por 
el fenómeno de la desamortización de los bienes, como por el hecho de 
que la población rural sirvió de carne de cañón para los ejércitos de 
ambos bandos. Todo esto, sin tornar en cuenta las particularidades en el 
funcionamiento de la vida comercial, que en cada región debía ser 
distinta, a causa de la falta de caminos y medios de comunicación. 
En 1867 México era todavía un país que contaba con regiones que 
estaban poco habitadas por el hombre. Al menos, esta era la situación 
del territorio de la Baja California. 
En el norte de la República existen Estados que cuentan con una 
población muy escasa, como Chihuahua y Sonora, para citar dos casos 
específicos. 
16 
Aparentemente todo está listo para la entrada en escena del proyecto 
liberal: "Colonización, brazos y capitales para explotar nuestra riqueza, 
vías de comunicación para hacerla circular" (24). 
Sin embargo, algo imperceptible flotaba en el ambiente, lquién podía 
imaginar que en un país que ha salido victorioso de una guerra de 
intervención ante un Ejército considerado como uno de los más 
poderosos del mundo, caiga de nuevo en el hábito de las eternas guerras 
intestinas cuyo fin liltimo está coronado por la ambición de un individuo; 
su deseo de mantenerse en el poder y ya? No era posible en esta ocasión 
recurrir al argumento de la falta de un proyecto de gobierno, porque los 
liberales estaban por estrenar uno reluciente, tan moderno, que podía 
competir con los sistemas políticos de Europa y los Estados Unidos, sin 
temor a la crítica. Es muy probable que aún en este caso, la ambición 
personal haya encontrado un par de víctimas que se olvidaron de los 
postulados emanados del Código Fundamental, y se entregaron por 
completo a una irresistible pasión por el poder. Después de todo, el 
poder es uno de los pocos artículos que nunca se ponen en venta. 
lCómo podernos explicar el hecho de que un fenómeno poco usual como 
el que aparece en los Estados Unidos después de la Guerra de Secesión, 
suscite tanta aversión en los medios políticos mexicanos? 
La rivalidad política que surgió entre Benito Juárez y Porfirio Díaz debe 
tener sus antecedentes más remotos en las guerras de Reforma, es muy 
17 
probable que se haya iniciado cuando Porfirio fue designado como 
Gobernador de Ixtlún (25). Este dato tiene su importancia dentro del 
período que nos toca analizar, debido a que define los resultados que en 
la realidad alcanzó este conflicto. Hemos visto que se trata de personas 
que tienen cada uno su trayectoria, adquirida a través de varios ailos de 
combate a distintos niveles. No sería conveniente hacer una separación 
tajante en cuanto a los méritos que corresponden a cada uno, ya que a la 
vista de los observadores políticos nacionales y extranjeros, Juárez y Díaz 
formaban parte de la misma corriente ideológica. Tampoco es con-
veniente aceptar como válida la idea de que Juárez representa la facción 
de los liberales cultos, mientras que Díaz pertenece a la facción de los 
ignorantes (26). Este tipo de conceptos se antojan bastante grotescos, 
máxime que se trata de enriquecer el horizonte de nuestra historia. 
Se trata de la división en el seno de la corriente liberal, fisura que no se 
expresó en forma mecúnica como podría suponerse, porque, si hubiera 
sucedido así, se habría formado un partido que agrupara únicamente a 
los liberales de origen civil, en donde los militares, por principio no 
serían admitidos. En los mismos términos hubiera surgido un partido 
que agrupara exclusivamente a los liberales de origen militar. 
Vemos claramente que esto no sucedió; más bien, se formaron dos 
bloques bien definidos en función de su actitud en torno al equipo 
gobernante y los partidarios de Don Porfirio. En ambos bandos se 
encuentran civiles y militares (27). Además, los porfiristas lograron 
18 
atraerse la simpatía de personas notables como Ignacio Ramírez, Ignacio 
Manuel Altamirano y Ramón Guzmán, por ejemplo. Mientras que en el 
bando gubernamental se encontraban militares como Ignacio Mejía y 
Sóstenes Rocha. 
lC6mo explicar el surgimiento de una corriente opositora que contaba 
con suficientes raíces sociales a todos los niveles y en todo el territorio 
nacional, en un momento poco propicio para la guerra civil, pues el país 
llevaba hasta el momento diez años de guerra y se le presentaba la 
ocasión de emprender una nueva época signada por la tranquilidad 
social, elemento indispensable para el desarrollo económico que tanta 
falta le hacía a México? lAcaso sería que de verdad pensaban los 
miembros del gobierno que otro gobierno militar arruinara al país? Lo 
cierto es que hubo un fuerte desacuerdo en torno a quienes tenían 
derecho a ocupar cargos dentro del gobierno, pero Ja lucha también 
estuvo centrada en el poder Ejecutivo. 
Realmente sería precioso conocer documentos que nos acercaran al 
punto más candente sobre este desacuerdo, afortunadamente se puede 
prescindir de ellos, pero no estarían de más (28). 
El 15 de julio de 1867, Juárez se encontraba en una posición política 
ventajosa, por haberse convertido en uno de los símbolos más aparentes 
de la lucha contra el invasor; el reflejo de esta situación se palpa a través 
de la existencia de una serie de carteles, banderas y arcos de triunfo 
19 
festejando la entrada del presidente a la capital (29), mientras que 
Porfirio Díaz -otro de los símbolos nacionales de la guerra contra el 
invasor- venfa en el segundo coche de la escolta presidencial, 
acompañado por Sebastián Lerdo de Tejada, ocupando un segundo 
término dentro de la ovación popular (30). No sería difcil que los gastos 
de organización de este festejo corrieran a cargo del gobierno. 
La segunda quincena de julio es dedicada a la reorganización interna del 
gabinete. El 20 se dan a conocer Jos nombres del ministerio: Sebastián 
Lerdo de Tejada en Relaciones Exteriores y Gobernación; José María 
Iglesias en Hacienda; Antonio Martínez de Castro en Justicia e 
Instrucción P ública; Bias Balcárcel en Fomento, e Ignacio Mejía en 
Guerra. (31) 
El 23 de julio, el Ejecutivo suspende las facultades concedidas durante 
la guerra a los jefes del Ejército y dispone la reducción de los efectivos 
del mismo, entonces de 80,000 hombres, a sólo 20,000. Las tropas 
quedaron repartidas en cinco divisiones: Porfirio Díaz comandaría la 
división de Oriente; Ramón Corona, la de Occidente; Juan Alvarez, la 
del Sur; Mariano Escobedo, la del Norte; Ja del Valle queda al mando 
de Nicolás Régules (32). 
El primero de agosto Juárez nombra una corte de Justicia provisional 
presidida por Sebastián Lerdo de Tejada (33). El 14 de agosto aparece 
la publicación de la Convocatoria a elecciones con un añadido que 
20 
despertó la indignación de la opinión pública. Dicha convocatoria 
apareció en los diarios hasta el 18 de agosto (34 ). 
La Convocatoria planteaba algo más que fijar la fecha para la elección 
de diputados, presidente y miembros de la Suprema Corte de Justicia; 
era en realidad un documento que restringía algunns de las funciones 
esenciales del Congreso. Obviamente, dicho documento apareció bajo 
la formn de un plebiscito popular, pero su contenido real era como sigue: 
1) Se concede el derecho <le voto a los miembros del clero. 
2) Se permite a los miembros del clero y a los empleados federales 
tomar asiento como diputados en el Congreso. 
3) Se elimina el requisito de residencia para los diputados. 
4) Se propone la creación de una Cámara de Senadores para hacer 
contrapeso a la inílucncia de la Cámara de Diputados. 
5) Se concede al presidente un veto suspensivo de dos terceras partes. 
6) Se permite, en principio, todos los reportes del Ejecutivo al Congreso, 
por escrito, eliminando la práctica constitucional de hacer 
interpelaciones verbales a los discursos del presidente. 
7) Se limita el derecho de los diputados al Congreso para convocar 
a sesiones extraordinarias. 
8) Se determinaría la sucesión presidencial y de presidente de la Suprema 
Corte de Justicia a través de una decisión de la Cámara de Diputados 
(35). 
Además de esto, la Convocatoria ordenaba a los Estados someter estos 
puntos como modificaciones a sus propias Constituciones (36). 
21 
En menos de un mes, el gobierno había desplegado una campaña defen-
siva con el objeto de enfrentar el próximo proceso electoral en con-
diciones sumamente ventajosas para la actual administración. El recurso 
al referéndum no podía ser tomado más que como un engai10, porque es 
bien sabido que el único pueblo políticamente existente era el que 
formaban los distinguidos miembros de la élite liberal (37). Además, es 
preciso tomar en cuenta que en 1867 México era un país con un enorme 
territorio disgregado a causa de la inexistencia de caminos y de medios 
de comunicación, únicos factores materiales para hacer efectivo un 
mecanismo de consulta popular que incluyera a la población en su 
conjunto (38). 
Si tomamos como punto de referencia dentro de este conflicto político 
a la prensa, debemos tener plena conciencia acerca de cuáles eran sus 
alcances reales, pues resulta difícil creer que hubiera algún diario que 
sobrepasara un tiraje de 5,000 ejemplares diarios, haciendo un cálculo 
aproximado, en 1867 debió haber cuando mucho, 50,000 periódicos 
inundando todo el territorio nacional, incluyendo a publicaciones de 
corte liberal y conservador (39). 
Por fortuna, el período de la República Restaurada conoció una 
auténtica libertad de prensa, elemento éste, que contribuyó a facilitar la 
expresión de las ideas de la oposición, su nivel de organización y sus 
alcances sociales, sin que estos se vieran mutilados por visiones parciales 
22 
y tendenciosas que apuntaran incondicionalmente hacia la defensa del 
gabinete de Benito Juárez (40). 
Uno de los críticos más asiduos de la Convocatoria fue Manuel María de 
Zamacona, quien anteriormente había formado parte del ministerio de 
Juárez en 1861, así que no se le puede calificar de neófito o mareado, 
sino, como un profundo conocedor de la realidad en el estilo de gobier-
no, de sus vicios y recursos a la maniobra ( 41). 
Zamacona atribuye la redacción de la Convocatoria a que el gobierno 
pretende explotar una situación ya pasada, que lo orilló a tomar medidas 
encaminadas a restringir las garantías individuales y dotar al Ejecutivo 
de facultades extraordinarias para hacer frente a la guerra, pero que en 
la actual situación no tienen razón de ser (42). Así es como se entiende 
bien su argumentación, sin tratar de ponerle una etiqueta que lo marque 
como héroe o como villano, costumbre muy arraigada en el estilo grotes-
co que emplea don Daniel Cosía Villegas para referirse a los miembros 
de la oposición (43). 
La Convocatoria violaba el Artículo 127 de la Constitución; por ese 
hecho Ignacio Ramírez también se encuentra entre los críticos del 
gobierno, sus argumentos eran contundentes (44). 
La indignación de los intelectuales no fue la manifestación única en 
contra de este documento, también la prensa hacía comentarios irónicos 
23 
al respecto, que sirvieron de medio de expresión para que algunos 
lectores hicieran comentarios en ese mismo sentido ( 45). 
Sin embargo, fue muy significativo que al reunirse el colegio electoral 
de la ciudad de México, se aprobara una declaración unánime de protesta 
en contra del procedimiento de plebiscito popular (46). El gobierno se 
hubo de ver obligado a suspender por el momento la aplicación de las 
medidas propuestas en la Convocatoria, pero esto no debe tomarse como 
una renuncia para que dichas medidas fueran implantadas, ya que el 
Ejecutivo volvió a insistir en su propósito ( 47). 
Las razones que impulsaron al Ejecutivo a proceder bajo los lineamien-
tos de la Convocatoria encuentran su explicación dentro de la más pura 
lógica política, si observamos detenidamente el carácter de las medidas, 
nos damos cuenta de que, dentro de la óptica del gobierno se buscaba 
lograr un nuevo equilibrio de las fuerzas actuantes en el proceso que 
estaba por iniciarse. 
Por un lado, se les ofrecía a los conservadores la posibilidad de i ncor-
porarse al ámbito de la toma de decisiones a través del otorgamiento de 
derechos políticos que anteriormente les habían sido negados por 
necesidad, además de que a partir de entonces, serían incorporados en 
el Congreso. 
24 
Por otro lado, la Convocatoria se proponía reglamentar de manera 
anticonstitucional, el funcionamiento de la Cámara de Diputados, que 
hasta ese momento tenía las facultades de una auténtica asamblea 
representativa con una autonomía relativa que servía de contrapeso a los 
excesos del Ejecutivo. La propuesta de la Convocatoria iba en el sentido 
de limitar su capacidad de acción al proponer que las decisiones pudieran 
ser tomadas por las dos terceras partes de sus miembros. 
Aunada a estas propuestas restrictivas, se planteaba la creación de una 
Cámara de Senadores, que tendría la función de servir de contrapeso a 
la influencia de la Cámara de Diputados, debido a que serían electos dos 
miembros por Estado, aparte de que su período de gestión duraría cuatro 
años, contra dos años que correspondían a la gestión de los Diputados. 
Otra de las novedades de esta reglamentación consistía en la olímpica 
anulación de un requisito que la Constitución marcaba para la elección 
de los representantes al Congreso, nos referirnos al requisito de residen-
cia en el lugar en el que se hiciera la elección. 
Por último, en la Convocatoria se incluía una disposición en el sentido 
de aplicar la nueva reglamentación en los Estados a través de los Con-
gresos locales, medida equivalente al fortalecimiento artificial de los 
gobiernos locales, porque la guerra había concluido ya; no existía por el 
momento ningún riesgo inminente de un pronunciamiento militar, pues 
los miembros del Ejército Liberal se decidieron a participar 
25 
políticamente por la vía que marcaba la Constitución, acudiendo a la 
Convocatoria de elecciones. 
26 
III. LA ESTRATEGIA ELECTORAL DE LA OPOSICION. 
Existen elementos para considerar que hubo una rivalidad ya antigua 
entre Pofirio Díaz y Benito Juárez ( 48). Nada ajeno al comportamiento 
humano se encuentra en esta competencia entre dos grandes figuras del 
liberalismo mexicano, nada de extraordinario hay tampoco, en el interés 
que impulsó a Porfirio Díaz a considerarse a sf mismo como un candidato 
viable a la Presidencia de la República. El problema es que este proceso 
no se entiende en sus justas dimensiones, porque el gabinete de Juárez 
hacía todo lo posible por bloquear políticamente a Díaz en circunstun-
cias poco favorables para Ja estabilidad política del país, como la que se 
presentaba en 1863, en plena época de guerra civil, cuando los liberales 
no tenían ninguna posibilidad de conocer el resultado final de la guerra, 
en una discusión de gabinete, en donde estuvo presente Matías Romero, 
miembro de la Delegación Mexicana en Washington. La discusión 
consistió en definir si era o no conveniente nombrar a Porfirio Díaz como 
gobernador y comandante del estado de Veracruz ( 49). 
lCómo entender que resultara más peligroso un general del Ejército que 
contribuía a sostener la lucha contra los invasores, que el mismo invasor 
y sus aliados conservadores? Quiere decir, que la división de los liberales 
obedecía a un desacuerdo en torno a las personas y de ninguna manera 
en torno a los principios, además de que esta fisura interna se produjo 
mucho antes del período electoral de 1867. 
27 
De todas maneras, la confrontación emergió a la superficie a partir del 
momento en que Benito Juárez comienza a reorganizar su gabinete, para 
después seguir con la reestructuración del Ejército y la publicación de la 
Convocatoria; era evidente que el destinatario del mensaje oficial debía 
ser la disidencia liberal. 
En una confrontación política, cada uno de los bandos se ve obligado a 
hacer un recuento de sus fuerzas, eso fue lo que hizo la administración 
de Juárez a partir de la segunda quincena de julio (50). 
La oposición tenía algunas limitaciones en cuanto a recursos materiales, 
pero en cambio contaba con una inmensa red de vínculos obtenidos a 
través de muchos años de guerra; aquí podríamos hablar de la existencia 
de muchos factores que hicieron posible el surgimiento de varios caudil-
los locales que combatieron durante todo el período precedente; la 
mayoría de estos jefes locales contaban con una sólida formación cultural 
permeada por concepciones liberales, como es el caso de Ignacio M. 
Altamirano, Vicente Riva Palacio y muchos otros, y aunque no es 
posible hablar de que todos los jefes militares tuvieran el mismo nivel 
cultural, conocían muy bien el ámbito que los rodeaba. 
Los vínculos sociales que unían a los jefes del Ejército con los diferentes 
estratos sociales, no se reducían a su lugar de origen, se extendían a todas 
las esferas de la sociedad, incluyendo a connotados intelectuales. 
28 
Al terminar Ja guerra, el jefe más prestigiado del Ejército era el general 
Porfirio Díaz, quien gozaba de ascendiente y simpatía entre las legiones 
del Norte, del Occidente y del Centro (51). Resulta completamente 
lógico que después de haber recorrido el país bajo el signo de las 
campañas militares, el general Díaz haya percibido Ja gran popularidad 
que había alcanzado su figura; ante esto, cabe siempre la disyuntiva de 
canalizar esa influencia y darle una expresión política o simplemente 
hacerse a un lado y permitir que otro caudillo cosechara el fruto lle una 
empresa que al sector militar debió costarle muchas vidas. 
Como Jo plantea Cosía Villegas, "Porfirio Díaz no actuaba solo"; obvia-
mente, pues de alguna manera tuvo que convertirse en Ja única vía de 
expresión antijuarista tlentro del campo liberal, sin tener que situarse en 
el terreno de Ja reacción. Aquí se combinan dos elementos de una gran 
energía: la figura de un heroico general y una fuerte oposición a la 
política personalista de Juárez. Porque de no ser así, Ja oposición habría 
escogido a otro candidato que bien podría haber sido Manuel María de 
Zamacona, Ignacio M. Altamirano o Ignacio Ramírez. 
Tenía que pensarse en una candidatura que unificara a la disidencia a 
nivel nacional, pero se trataba de una disidencia con un perfil bien 
definido, porque únicamente condenaba los errores en que incurría la 
administración, sin desviarse para nada del proyecto liberal y de su 
expresión más acabada, que era la Constitución de 1857. 
29 
La oposición se había ido preparando para emprender la campaña 
electoral que se llevaría a cabo en el transcurso del año 1867. Porfirio 
Dfaz comienza por publicar a partir del 8 de noviembre de 1866, un 
órgano periodístico particular de su cuerpo de Ejército, que aparece bajo 
el nombre de "El Boletín de Oriente", que proporciona material infor-
mativo sobre las acciones miitares y administrativas del General Díaz a 
otros periódicos (52). Así, se irán reproduciendo como abejas los 
periódicos de filiación porfirista como "El Padre Cobos", "La Victoria de 
Oaxaca" y "El Correo de México", por ejemplo. 
El acontecimiento que revitalizó la campaña de la oposición fue la 
publicación de la Convocatoria; esta medida gubernamental tuvo el 
acierto de darle coherencia a los planteamientos de sus opositores, 
porque en realidad se salía de la dinámica constitucional. 
Pero no fue éste el único tropiezo serio que tuvo el gobierno; hay que 
recordar el decreto presidencial acerca de la reestructuración del 
Ejército, que dejó desprotegidos por lo menos, a unos 100,000 hombres 
acostumbrados a la vida ruda del soldado, que tiene que buscar el 
sustento sin importarle la crudeza de los métodos que tenga que emplear 
para lograrlo. De un plumazo, el Ejecutivo precipitó a esa masa humana 
hacia el camino de la formación de bandas de salteadores, que se 
dedicaban a toda suerte de atracos, ya se tratara de asaltar conductas, o 
el simple recurso de robar a los pasajeros que se transportaban en 
diligencias a puntos alejados. En verdad no les quedaba otra posibilidad, 
30 
porque era lógico que buscaran un medio aunque fuera indecoroso, para 
sostener a sus familias, pues no debemos olvidarnos de que en el 
transcurso del siglo XIX, los Ejércitos en México se formaban recurrien-
do al método del reclutamiento forzoso, conocido como leva. 
Como podemos ver, no fue uno, sino varios errores políticos de gran 
alcance los que se cometieron con la intención de preservar el Poder 
Ejecutivo en manos de Juárez. De paso, el Ejecutivo sentó las bases 
sociales que habrían de servir de instrumento para su destrucción, al 
proporcionar el material humano para la formación de los ejrcitos que 
habrían de luchar en contra de su régimen. 
Tan candente llegó a ponerse la temperatura política, que solamente en 
la provincia alcanzaron a publicarse treinta periódicos adversos a la 
Convocatoria (53). La crisis tuvo su nivel más alto cuando el gobernador 
del Estado de Guanajuato, León Guzmán, se negó a darle curso a las 
medidas propuestas por el Ejecutivo. 
León Guzmán había sido nombrado Gobernador y Comandante Militar 
del Estado de Guanajuato, jurista ilustre y constituyente del 57, que 
había ganado el grado de General en la lucha contra la Intervención. 
Debido a su trayectoria, su posición al respecto es de una importancia 
de primer orden, razón por la cual, la reproducimos: 
" ... En cuanto a mí, y por lo que respecta a mis deberes de funcionario público, 
debo manifestar con absoluta franqueza: que mi conciencia se resiste a servir 
de instrumento a un procedimiento que no se conforma con las prescripciones 
constitucionales, y si no me equivoco, abre una puerta amplísima al i.lcsquicia-
miento social y a una anarquía tal vez irremediable. La Convocatoria ha sido 
31 
solemnemente publicada en todo lo relativo a elecciones de altos funcionarios ... 
pero debo hacer constar en esta nota oficial que no daré curso y quedarán, 
por tanto, sin efecto los artículos que se refieren a votación cxtraonlinaria 
sobre reformas constitucionales" (5.\). 
No fue éste el único caso de un gobernador que se negara a publicar la 
Convocatoria en su Estado; en la misma dirección se expresó el Gober-
nador del Estado de Puebla, General Juan N. Méndez, quien había sido 
nombrado por Don Porfirio. La oposición de Méndez a la Convocatoria 
llegó a adquirir las características de un levantamiento militar (55). 
La respuesta del gobierno en ambos casos fue la revocación de los 
nombramientos de Gobernador; el General León Guzmán fue sus-
tituido por el general Florencia Antillóny Juan N. Méndez fue cambiado 
por J. Rafael García (56). 
En el extremo del disimulo, Juárez confiesa a Matías Romero no en-
tender el porqué de las reacciones que ha provocado Ja Convocatoria: 
"Yo no comprendo, francamente, cómo la convocatoria ha podido 
producir ese mal efecto, porque basta leer sin prevención aquel 
documento y Ja circular explicativa, que Jo acompaña, para ver que el 
Gobierno ha obrado con la mejor buena fe y animado de la mejor buena 
voluntad, al indicar sencillamente, las reformas que convendría intro-
<lujese el Congreso en la Constitución. El Gobierno ha juzgado de su 
deber indicar la conveniencia de esas reformas, pero no ha pretendido 
imponerlas y ha dejado, por el contrario, al pueblo el derecho de acep-
32 
tarlas o no, circunstancia que basta por sí sola para demostrar que el 
Gobierno desea antes que todo y más que todo, marchar de acuerdo con 
la opinión, respetando, como debe, la voluntad nacional." (57) 
Era el colmo del cinismo, hacerse pasar por una inocente víctima de la 
opinión pública, cuando el Ejecutivo era el primero en conocer el 
alcance y la esencia de dichas propuestas y del mecanismo que se 
pretendía utilizar. Es probable que Juárez buscara a través de sus min-
istros un recurso de autoconvencimiento. 
De cualquier manera, no cabe duda de que el comportamiento del 
Ejecutivo brindó a la oposición una oportunidad de oro para atacar a la 
administración, dándole además, un mayor contenido político a los 
planteamientos que ésta habrá de manejar como programa electoral 
(58). 
Hasta la fecha no se ha tenido conocimiento de ninguna campaña 
electoral en la que no se hagan planteamientos políticos; así, no tiene 
nada de extraordinario el hecho de que Porfirio Díaz se estuviera 
mezclando en la política al plantear su postulación como candidato a la 
Presidencia de Ja República, y tampoco por el hecho de involucrarse 
habría de causarle daño alguno a la República (59). 
Además de todo esto, con la manera en que procedió el Ejecutivo, se 
abrió la posibilidad de que la disidencia se situara a la izquierda del 
33 
régimen al retomar la defensa de la Constitución como base fundamental 
de su plataforma electoral como veremos (60). La disidencia también se 
estaba preparando para hacer frente a la próxima contienda electoral; 
una de sus tácticas consistió en la organización de reuniones políticas, 
con el claro objetivo de crear una estructura que agilizara su fun-
cionamiento; el medio más adecuado lo encuentró en la creación de un 
partido. La primera de estas reuniones se llevó a cabo el 22 de julio de 
1867, y contó con la participación de un n úcleo restringido que cooF 
dinaba Manuel María de Zamacona, a quien se comisionó para eluborar 
el perfil ideológico de este proyecto de partido político; ya desde enton-
ces, aparece como uno de sus lineamientos fundamentales el hacer 
inviolable la Constitución (61). 
A partir de este primer impulso surge la idea de bautizar al núcleo 
disidente bajo la denominación de Convención Progresistu, misma que 
fija el primero de septiembre como fecha para la elección de delegados 
a la Convención por el Distrito Federal (62). 
Por fin, el 16 de septiembre se reunió la Convención del Partido 
Progresista en el Gran Circo Chiarini. En el evento participaron ochenta 
y nueve delegados, de entre los cuales se eligió una Mesa Directiva, en 
donde figuraron Vicente Riva Palacio, Manuel Maríu de Zamacona, 
Ignacio M. Altamirano, José María del Río, Gabino Bustamante, Justo 
Benítez e Ignacio Ramírez, entre otros (63). 
34 
Además de esto, la oposición contaba con un verdadero torrente de 
periódicos que circulaban en distintos estados de la República, cuyo 
primer signo se definía por su aversión a la Convocatoria. Estos 
periódicos se convirtieron en un medio eficaz en el proceso de 
articulación de la campaña electoral porfirista, dando un impulso irresis-
tible a la candidatura disidente. 
Un complemento importante, que no podía faltar en la campaña 
opositora, fue la organización de una gira del popular candidato por 
diversos estados de la Federación. A media gira de don Porfirio se 
produce algo inevitable; los rasgos visibles de un distanciamiento entre 
Juárezy Porfirio Díaz; debió seralgo tan patente, que alguien intenta un 
acercamiento por medio de un banquete que Porfirio Díaz ofrecería a 
Juárez (64). 
A este banquete acudieron prominentes figuras militares: Manuel 
González, Jerónimo Treviño, Félix Díaz y otros. Por parte del gobierno, 
acudieron Juárez y su gabinete, con la excepción del ministro de la 
Guerra, Ignacio Mejía (65). 
No hace falta reseñar paso a paso los lugares que visitó don Porfirio en 
su gira electoral, nos conformaremos con decir que anduvo por Tlaxcala, 
Puebla e Hidalgo (66). 
35 
Las votaciones comenzaron el 12 de septiembre de 1867, y todavía para 
los primeros días del mes de octubre no se conocía el resultado final, al 
grado de que el 12 de octubre Porfirio Dfaz aún conservaba espernnzas 
de ganar la votación, pues consideraba que existía un empate que tendría 
que ser decidido cuando se recibieran los resultados de algunos estados 
que faltaban de contabilizar sus resultados (67). 
El dictamen final sobre las votaciones se presentó hasta el 19 de 
diciembre, en el seno del IV Congreso: Presidente de la República; 7,422 
votos a Juárez y 2,709 a Porfirio Díaz; para la Presidencia de la Suprema 
Corte de Justicia; 3,874 a favor de Lerdo, 2,841 a favor de Díaz y 1,238 
a favor de Ezequiel Montes (68). 
La Comisión Parlamentaria propuso declarar Presidente de la 
República a Benito Juárez para el cuatrienio que habría de concluir el 
30 de noviembre de 1871. 
Debido a sus características, la campaña electoral de Porfirio Díaz 
resultó tener un éxito impresionante, para el cual, el gabinete de Juárez 
se había preparado con anticipación, haciendo un cálculo de las dimen-
siones que podría alcanzar la influencia de la oposición dentro de los 
organismos creados por la misma Constitución; por esta razón, las 
medidas que proponía el Ejecutivo a través de la publicación de In 
Convocatoria estaban encaminadas a cerrarle el paso a la expresión 
política de la disidencia dentro de las instituciones, pero de manera 
36 
particular, al interior del Congreso, en donde era más que probable que 
la oposición porfirista contara con una mayoría aplastante, que de in-
mediato se hubiera convertido en un freno bastante considerable para 
el poder Ejecutivo. 
La campaña de la oposición había logrado una dimensión nacional, 
aspecto que la acercaba a contar con verdaderas posibilidades de triunfo, 
si tomamos en cuenta todos los elementos de agitación que tocaban 
puntos vulnerables del régimen, al situarse éste al márgen de la 
Constitución, al tiempo que emergía un candidato a la Presidencia que 
se presentaba como un defensor implacable de la mis mu, argumento que 
respaldaba consistentemente con su actuación en el período precedente, 
al defender la existencia del Código Fundamental con las armas en la 
mano. 
Esta situación metió al régimen de Juárez en un callejón sin salida, 
porque lo obligó a poner al descubierto los vicios estructurales del 
sistema político mexicano, haciendo que la única salida posible para la 
administración se encontrara en el terreno del fraude electornl y la 
alteración de los resultados de la votación (69), mostrando al mismo 
tiempo, el punto más vulnerable del actual gobierno liberal, su discor-
dancia entre la adopción de la forma de una república representativa, 
democrática y popular, y el ejercicio cotidiano de su práctica política real, 
que se acercaba más al concepto de una dictadura por la utilización de 
métodos arbitrarios, como la violación del voto universal, que se traducía 
37 
en su negación en la práctica, además se añade que la votación era 
indirecta, quedando en manos del Congreso la capacidad de decidir a 
quién le correspondía obtener mayoría y a quién no, quedando en manos 
de unos cuantos, una decisión que en teoría correspondía a la mayoría 
de la población civil. 
Quedaba al descubierto el hecho de que la democracia, tal como estaba 
planteada en la Constitución, era una aspiración social que se tornaba 
impracticable en México, y con mayor razón en aquella época (70), si 
tomamos en cuenta que por lo menos alrededor de3'500,000 de personas 
se encontraban al margen del marco jurídico liberal debido a su 
condición social. Los habitantes del campo quedaban fuera del universo 
político proclamado por la élite liberal; no lo conocían y no formaban 
parte de él, porque sus costumbres eran diametralmente opuestas a la 
existencia de este nuevo marco jurídico, que suponía la existencia de 
individuos iguales ante la ley. 
La población rural de aquel entonces conservaba sus propios hábitos 
políticos, derivados de una práctica social comunitaria, que correspondía 
con la forma material en torno a la cual reproducían su existencia;, nos 
referimos a la propiedad comunal. 
Esta disparidad, que de hecho existía, convirtió a la población rural en 
víctima de los abusos por parte del gobierno, sustentada en la ign0rancia 
que los campesinos tenían sobre el moderno marco jurídico, abriendo 
38 
paso al ejercicio de la arbitrariedad como práctica política cotidiana. La 
expresión más nítida de este fenómeno, se encuentra en funcionarios de 
nivel medio, conocidos como jefes políticos en las entidades de la 
Federación. 
Eran los jefes políticos quienes se encargaban de la organización de las 
elecciones en sus distritos, su labor consistía en lograr que la población 
acudiera a las urnas en los días de votación; desde luego que los cam-
pesinos acudían en tropel bajo la consigna que el funcionario había 
transmitido, quien ya tenía de antemano preparadas las boletas con los 
nombres de los candidatos por los que había que votar (71), de esta 
manera, los jefes políticos adquieren una importancia de primer orden 
para el buen funcionamiento de la maquinaria electoral. Son ellos, los 
que se encargan de transmitir al gobernador de la entidad, la información 
acerca del desarrollo de los acontecimientos. 
La relación del jefe político con los miembros de las comunidades rurales 
se explica en función de que éste otorgaba pequerios favores a aquellos; 
gracias a la posición que ocupaba dentro de la administración, estaba en 
condiciones de mantener un contacto cercano con los integrantes de las 
comunidades. L1 influencia relativa que adquieren dentro de estos 
sectores de la sociedad tradicional hace que estos vean en el jefe político 
a una especie de gestor, que en un momento dado, puede resolver 
algunos problemas relacionados con la comunidad. En época de 
elecciones es cuando salen a la superficie este tipo de vínculos. 
39 
Otro de los resortes que complementa el funcionamiento de la ma-
quinaria electoral, es el que opera básicamente en la capital del país, 
lugar de donde surge el despilfarro de rentas públicas, para canalizarlas 
a favor de la campaña gubernamental (72). La aplicación de estos fondos 
puede tener varios destinos, entre los que se puede incluir la compra de 
una que otra conciencia, que al término de la campaña deben acudir a 
las sesiones de la Cámara; pasando por los gastos de propaganda de todo 
tipo, sin hacer a un lado la práctica del soborno a las personas que 
acudían a las casillas electorales a emitir su voto (73); tampoco queda 
excluida la práctica de medidas intimidatorias, utilizadas por el gobierno 
con el fin de alterar la tendencia de la votación. Claro que éste debía de 
cuidarse muy bien de que estas medidas se aplicaran sin llegar al extremo 
de derramamiento de sangre, por razones obvias. 
El recuento de estos aspectos nos lleva a concluir que efectivamente 
existió más de una forma de presión gubernamental en las elecciones de 
1867 (74). 
Al emitirse el resultado final que el gobierno atribuía a las elecciones, 
también se había emitido el juicio acerca del peso numérico que el 
gobierno concedía a la oposición. Como era de esperarse, éste no 
correspondía ni remotamente al que en realidad tenía. 
Nos encontramos ante una más de las distorsiones que moldean al 
sistema político mexicano; la atribución del gobierno con respecto a la 
40 
calificación de los procesos electorales, atribución que le confiere la 
capacidad de diseñar un esquema político a su gusto y conveniencia (75). 
A esto se debe el que la Cámara haya contado siempre con una mayoría 
juarista, ya que, debido a esta alquimia, los votos que pertenecían a la 
oposición aparecieron misteriosamente en otra parte, abultando sen-
siblemente la votación a favor de los candidatos del gobierno. (76). 
El resultado final del proceso electoral obligó a Porfirio Díaz y a sus 
aliados a profundizar el curso de la radicalización, pues las elecciones no 
resolvieron la querella, más bien la agudizaron. 
La fractura que se produjo desde tiempo antes, fue definitiva a causa del 
proceder del Ejecutivo, que se comportó con la oposición como si se 
encontrara como una fiera acorralada ante el peligro. 
La presión del gobierno dio origen a varios levantamientos armados (77), 
siendo los de mayor trascendencia los ocurridos en San Luis Potosí, 
Jalisco y Zacatecas . 
La característica que estos movimientos tenían en común, era su 
intención de hacer respetar los preceptos constitucionales con tenidos en 
el Código Fundamental de 1857; desde luego, el destinatario era el 
gobierno federal . 
41 
Uno de los caudillos más destacados en este tipo de levantamientos 
armados era Trinidad García de la Cadena (78). 
Debido a su dinámica, los levantamientos armados a los que acabamos 
de hacer referencia, pueden considerarse como una primera respuesta 
organizada por parte de la corriente porfirista ante su inesperada derrota 
electoral. 
42 
IV. EL SEGUNDO ENCUENTRO. 
El efecto más palpable en torno a la impopularidad del gobierno de 
Benito Juárez lo constituyó un elevado n(1mero de levantamientos 
militares ocurridos entre diciembre de 1867 y noviembre de 1871. 
Decimos que es el más palpable, porque expresa un rompimiento de 
facto con el régimen en el punto medular de su razón de ser; 1<1 paz social. 
También deben ser tomados estos levantamientos militares, como una 
respuesta del sector en el que Porfirio Díaz tenía una influencia bastante 
considerable. Era de esperarse una reacción de este tipo por parte de los 
miembros del Ejército que habían tenido alguna significación en la 
guerra contra la intervención francesa. 
La situación es sumamente compleja, pues se remonta precisamente a 
la época de guerra, momento en el que aparece un motivo real para el 
distanciamiento en el seno del grupo liberal (79). La existencia de la 
guerra hizo posible que se operara una separación física en dos bandos 
definidos por el papel que ocupaban, ya fuera dentro del gabinete, o en 
el campo de batalla, aunque hubo casos de personajes que hicieron a un 
lado su posición cómoda para trasladarse al campo de batalla; no ocurrió 
así en todos los casos, ya que por regla general, los miembros del gabinete 
optaron por alejarse del escenario en donde se realizaba la guerra, lo 
mismo ocurrió con algunos liberales notables que escogieron el camino 
del exilio (80). 
43 
Podría pensarse en el hecho de que esta separación, en extremo tajante, 
se debiera a una obligada división social de las tareas en el seno del grupo 
liberal, pero es de suponerse que ante una intervención extranjera, la 
tarea primordial consistía en la defensa del territorio nacional, y quien 
tiene una mayor responsabilidad por ser el encargado del Poder 
Ejecutivo, es el Presidente de la República, por ser él quien representa 
a la nación (81). 
Esta actitud evasiva del equipo gobernante produjo sus efectos, los 
cuales provocaron una situación que habría de perdurar a largo plazo. 
Al alejarse del escenario de la guerra, el equipo gobernante se vio 
obligado a construirse una imagen a través de la propaganda, mientras 
que los militares tuvieron la oportunidad de construirse su propia im-
agen por medio de acciones concretas. Este hecho, que pudiera con-
siderarse insignificante, acercó a algunos de ellos al conocimiento real 
del país en el que vivían, elemento éste que hizo posible que los militares 
llegaran a adquirir una autoridad moral que en ocasiones los llegó a 
convertir en verdaderos héroes ante los ojos de amplios sectores de la 
población. Este aspecto no cambió al término de la guerra, lo cual hizo 
que potencialmente existiera la opción de un gobierno controlado por 
los militares, o por lo menos, de un gobierno con una fuerte composición 
militar, porque los militares habían adquirido hábitos de gobierno en el 
transcurso de la guerra, pero además, porque habían desarrollado un 
instinto político sumamente agudo que los hacía comprender, aunque 
fuera en forma empírica, la dinámica del comportamiento social en los 
44 
distintos ámbitos geográficos por los que habían atravesado, a causa de 
la campaña en contra de la intervención. 
La expresión más acabada de este fenómeno se expresa en la figura del 
General Porfirio Díaz, aunque es posible pensar en que Jesús González 
Ortega sea un caso similar. 
Lo que nos interesa destacar aquí, es el hecho de que Porfirio Díaz 
mantuvo siempre una relación estrecha con varios de sus compai'!eros de 
lucha, algunos de los cuales conservaron sus puestos en el Ejército una 
vez que concluyó la guerra. 
Este aspecto explica el comportamiento que asumieron no pocos ofi-
ciales del Ejército a partir de que tuvieron conocimiento del resultado 
electoral de 1867, al ver que su candidato había sido despojado de un 
seguro triunfo. Es en este terreno en donde hay que buscar una de las 
principales causas del clima de inseguridad que vivió el país durante 
estos años (82). 
En cuanto a la disidencia en el ámbito de la sociedad civil, que también 
persiste en todo este período (1867-1871), las causas se remiten a un 
origen similar. En primer lugar, la publicación de la Convocatoria del 14 
de agosto de 1867, mantuvo cohesionada a la oposición aún después de 
haber concluido el proceso electoral, por el simple hecho de que el 
Ejecutivo siguió insistiendo en la necesidad de incorporar a la 
45 
Constitución las medidas que se proponían en la Convocatoria a ún a 
pesar de que las elecciones ya habían terminado (83). 
También es preciso aclarar un punto sumamente importante par:1 en-
tender el proceso de desarrollo de las fuerzas sociales que intervinieron 
en este conflicto. Se trata de la participación de destacados intelectuales 
en las filas de la oposición porfirista. Así nos encontramos con personajes 
tan prestigiados como Manuel María de Zamacona, Ignacio Ramírez, 
León Guzmán e Ignacio M. Altamirano, para citar algunos de los mús 
populares. La primera impresión que nos produce el hecho de encontrar 
a personas de estas características apoyando un movimiento que se 
supone de orígen esencialmente militar, es la de comenzar a dudar de la 
veracidad de cierto autor que se empeña en presentar una versión 
distorsionada sobre el período que nos ocupa (84). 
lCómo explicar que por lo menos dos miembros del Congreso-
Constituyente, que participaron directamente en la elaboración del 
Código fundamental, estuvieran ahora participando en el bando de los 
revoltosos porfiristas?. Tanto Ignacio Ramírez, como León Guzmán 
expresaron un rotundo desacuerdo con el espíritu de las medidas que se 
proponían en la Convocatoria (85); Zamacona había sido Ministro de 
Relaciones en el gabinete juarista de 1861 y desde aquel entonces, se 
opuso a la política de Juárez. En cuanto a Ignacio M. Altamirano, 
participó de manera activa en la Guerra de Intervención como miembro 
del Ejército. 
46 
Nos encontramos ante un laberinto histórico, pues gracias a las 
apreciaciones personales de Daniel Cosía Villegas, al lector le resulta 
fácil pensar que Porfirio Dfaz llena las características de un usurpador, 
cuando el origen de su advenimiento al poder está plagado de anécdotas 
que indican todo lo contrario, ya que don Porfirio fue uno de los pocos 
políticos mexicanos cuyo carácter tenaz lo llevó a vencer un sinn úmero 
de obstáculos, y enfrentar no pocas derrotas políticas antes de hacerse 
del poder. 
Lo cierto es que la élite liberal sufrió una fuerte fractura en su seno, por 
lo menos, a partir de 1863, si no es que antes. Esta fractura interna, alejó 
del escenario de la guerra al grupo de Paso del Norte, que en aquel 
entonces se encontraba al frente del gobierno. El resultado de esta 
escisión se tradujo en una polarización que dio origen a la formación de 
dos bandos que proclamaban los mismos principios ideológicos, pero 
que no comparten la misma concepción en el terreno de la tácticn. Esta 
situación, que de hecho existió, se presta a muchas confusiones, sobre 
todo, para aquel que ignora que Benito Juárezy Porfirio Díaz fueron dos 
grandes figuras del liberalismo mexicano, y ambos tuvieron la misma 
trayectoria en su proceso de formación ideológica, debido a que los dos 
estudiaron en el mismo Colegio de Ciencias y Artes de Oaxaca, que fue 
una de las instituciones que se encargaron de transmitir una nueva 
formación escolar. 
47 
El problema consiste en que Díaz se vio atrapado por la carrera de las 
armas, en lugar de concluir sus estudios como abogado (86). 
El aspecto que nos interesa aclarar aquí, es el que se desprende precisa-
mente de la interpretación acerca de la existencia de dos bloques en el 
seno del liberalismo mexicano. Para algunos, lo más sencillo es negar la 
existencia de este hecho histórico, y encasillar a los miembros de la 
oposición dentro de un molde estereotipado, presentándolos como seres 
imbuidos por la ambición personal, o como simples revoltosos que se 
encargaban de desestabilizar al país. Dentro de este enfoque, lo más 
cómodo es hacer una separación tajante de los dos bandos, atribuyendo 
al grupo preferente, las mejores cualidades, mientras que al grupo 
contrapuesto, se le atribuyen todos los vicios imaginables. El resultado 
de una interpretación de este tipo, concluye en que el grupo ele los 
liberales cultos era aquél que giraba en torno a Juárez y sus allegados; 
siendo lo más sencillo, suponer que el grupo de los liberales iletrados 
era aquél que conformaban Porfirio Díaz y sus seguidores. 
No es éste el lugar para hacer un análisis profundo acerca de la génesis 
y desarrollo ele la corriente liberal en México, así que nos confor-
maremos con hacer la aclaración de que Porfirio Díaz decidió defender 
desde un principio la causa de los liberales. 
Para nosotros, el trasfondo del problema se encuentra en el factor que 
motiva la actuación de los individuos; no se trata aquí de seres humanos 
48 
químicamente puros, sino de hombres de carne y hueso, que están 
motivados por la ambición de ocupar un puesto relevante en la sociedad 
en que viven, aspiración que no es ajena al comportamiento humano; 
por esta razón consideramos que la ambición es un rasgo característico 
de ambos caudillos del liberalismo mexicano, pues ambos provienen de 
un origen social en extremo humilde, y tanto Díaz como Juárez, lograron 
escalar hasta los peldaños más elevados en la sociedad de su tiempo. 
Conociendo la trayectoria de estos personajes, no nos sorprende que 
detrás de la idea acerca de una drástica separación entre el grupo de Jos 
letrados que giraban alrededor del gobierno, y el montón de palurdos 
que empuñaron las armas porque su condición de iletrados así se los 
imponía, no hay más que una manifiesta intención por alterar el curso 
real del momento histórico. 
La situación general del país favorecía la formaciín de militares im-
provisados que, teniendo alguna preparación tenían el camino abierto a 
Ja movilidad social, debido a que resultaba mucho menos probable que 
pudieran acceder al mundo de la política en otra forma, simplemente 
porque el núcleo de Ja política era sumamente restringido. 
49 
EL INTERMEDIO. 
Al terminar las elecciones de 1867, Porfirio Díaz decide trasladarse a su 
estado natal, pues gracias a las gestiones de su hermano Félix, la Legis-
latura de Oaxaca le otorga, como premio a sus servicios, la finca 
denominada "La Noria" (87). 
Ahora tendrá que complementar sus labores habituales con la agricul-
tura, mientras se da tiempo en pensar cómo diseñar su nueva estrategia 
política. 
Por lo pronto, la atención de Díaz se ubicó en tratar de ganar una 
gubernatura, como medio de acrecentar la influencia de su movimiento. 
La ocasión se presentó con la creación del Estado de Morelos, que 
antiguamente formaba parte del enorme Estado de México. Este relu-
ciente estado contaba con una característica que lo hacía interesante; 
estaba enclavado dentro de una región azucarera que ya en aquel enton-
ces, prometía una buena prosperidad para los dueños de las fincas 
dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. 
La creación del nuevo Estado de Morelos venía discutiéndose en el 
Congreso desde 1867 (88), asf que en abril de 1869 Juárez firma el 
decreto que autoriza su creación (89). Los cinco municipios que confor-
maban esta entidad política, estaban configurados por un buen número 
de haciendas que se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar. Como era 
50 
de esperarse, eran los hacendados quienes mantenían el control político, 
al ser ellos los que decidían acerca de la elección de gobernador. 
Tradicionalmente, este lugar era una zona de influencia del partido 
conservador, y los hacendados veían garantizados sus intereses por 
medio de la designación de autoridades de filiación conservadora; así 
que el surgimiento del nuevo estado los sorprendió tremendamente, al 
ser enterados que llegaba el período de elecciones a gobernador. Se 
enfrentaron dos candidatos en este proceso; Francisco Leyva y Porfirio 
Díaz. 
El primero de ellos era el hombre de la administración, es decir, incon-
dicional de Juárez, y fue escogido por éste para arbitrar los conflictos 
que pudieran surgir en adelante. 
En cuanto al segundo, no necesitaba carta de presentación, era este el 
candidato que apoyaban los dueños de las haciendas, pues conocían su 
habilidad para gobernar. 
El resultado de las elecciones favoreció misteriosamente a Francisco 
Leyva (90), obligando a Porfirio Díaz a conformarse con actuar por 
medio de sus adictos en aquel lugar, que, por lo demás, estaba con-
siderado como un sitio estratégico por su cercanía con la capital de la 
República. 
51 
Las circunstancias debieron convencer a Porfirio Díaz de que resultaba 
imposible acceder al poder por la vía electoral, ya que era verdadera-
mente absurdo que no contara con la popularidad suficiente como para 
ganar un puesto de gobernador. 
De cualquier manera, iniciaba un período presidencial que desde su 
origen presentaba rasgos de anormalidad política. En primer lugar, 
porque el descontento en el interior del Ejército produjo sus resultados, 
aunque de manera indirecta: Porfirio Díaz comenzó a presionar al 
gobierno a través de algunos jefes militares que habían logrado cierta 
influencia a nivel regional, sobre todo en la zona norte del país, como lo 
muestran las sublevaciones de Aureliano Rivera, José Pontones y 
Trinidad García de la Cadena (91). 
Estas sublevaciones, a las cuales se aunaba otra de carácter conservador 
en Yucatán, sirvieron de pretexto para que el Ejecutivo enviara una serie 
de propuestas al Congreso, con el claro objetivo de atribuirle al presi-
dente el uso de facultades extraordinarias para que éste contara con 
recursos legales a su favor, con la intención de suspender lus gurantías 
individuales que la Constitución contemplaba corno parte fundumental 
del nuevo orden social. 
A purtir de enero de 1868 el país tendrá que vivir bajo el signo de la 
dictadura, pues la tensión política había llegado a niveles muy altos. Era 
el resultado de la intransigencia del régimen al haberse negado a 
52 
reconocer los derechos que en Ja práctica y siguiendo la lógica, había 
conquistado la oposición. 
El problema real se encuentra en la confrontación de dos fuerzas muy 
poderosas, pero que sin embargo, tienen el mismo origen ideológico, en 
ese momento, los liberales que se encontraban al frente de la maquinaria 
gubernamental se hallaban contrapuestos a los liberales oposicionistas 
que encabezaba Porfirio Díaz. Ambos grupos se encontraban en una 
situación de empate, pero la facción juarista comenzaba a agotar sus 
recursos, mientras que los porfirisws apenas empezaban a ejercer 
presión a través de los canales que tenían a su alcance, con la finalidad 
de cuestionar la legitimidad del gobierno. Por eso es que cada vez que 
acudía algún ministro al Congreso en busca del otorgamiento de facul-
tades para suspender las garantías individuales, los diputados de la 
oposición se lanzaban a la tribuna para evidenciar el verdadero con-
tenido de dichas medidas y la mugnitud de sus ulcunces (92). 
Era cierto que existían en el territorio nacional numerosas bandas de 
plagiarios y asaltantes que escogían los caminos alejados y desprotegidos 
como escenario para actuar al margen de Ja ley, pero no era ésta la 
solución más inteligente para acabar de raíz con un fenómeno que se 
arrastraba desde tiempo atrás, mismo que fue profundizado a causa de 
una medida tomada por el Ejecutivo; en la cual, no se previeron los 
alcances o las repercusiones que tarde o temprano habrían de producir 
socialmente. Resultaba más sencillo asegurar una existencia digna a esa 
53 
masa de héroes anónimos que después de haber escapado de una muerte 
segura, se encontraron con las manos vacías, llevando únicamente a sus 
hogares el agradecimiento del señor presidente como recompensa a sus 
servicios (93). 
Sin embargo, no eran las bandas de plagiarios, ni los soldudos 
desocupados, el único factor de preocupación para el régimen, puesto 
que, aunado a estos problemas estaba el no menos importante de la labor 
cotidiana que desempeñaban los diputados de la oposición, complemen-
tada con una fuerte campaña a través de Ja prensa, en donde los intelec-
tuales contribuían en la ardua labor de poner al descubierto las fallas 
más notorias del poder Ejecutivo (94). Siendo las cosas así, la única 
forma en que podía garantizarse la existencia de la administración 
juarista era acudiendo permanentemente al Congreso a solicitar la 
suspensión de garantías individuales, proceso que el Ejecutivo buscaba 
por todos los medíos posibles, para mantener por más tiempo la 
suspensión de dichas garantías (95). 
54 
V. LA REVUELTA DE LA NORIA. 
Con Ja llegada del año 1871 el viento traía el anuncio de una nueva 
contienda electoral; el anuncio incluía desde luego, la cuarta reelección 
de don Benito Ju:írez para presidente de la República. Según los pos-
tulados de la democracia, el proceder de don Benito se situaba en el 
terreno de la incongruencia, al sufrir serios descalabros el discurso 
ideológico mediante el cual Ju:írez se mantenía en el poder. 
Como siempre hay algo nuevo bajo el sol, en ésta que era la cuarta 
postulación de Ju:írez, apareció un elemento nuevo; se trataba de una 
confrontación electoral que registra la existencia de tres candidatos al 
puesto de presidente de la República. 
Aunque los síntomas que desembocaron en esta contienda ya habían 
aparecido en la etapa que la antecedió, no deja por eso de ser sorpren-
dente el hecho de que Sebasti:ín Lerdo de Tejada buscara salir 
beneficiado de esta compleja situación. Hacía tiempo que los diputados 
de la facción porfirista venían trabajando de manera conjunta con los 
diputados pertenecientes a la facción lerdista; la Convocatoria había 
rendido sus frutos en el sentido de haberse convertido en un medio que 
hizo posible esta labor unitaria (96). La posición que ocupaba Lerdo de 
Tejada en el Ministerio le permita la posibilidad de relacionarse con los 
gobernadores de los estados, haciendo suponer a Lerdo que le serviría 
de gran ayuda en el resultado electoral (97). 
55 
Para tener posibilidades de actuar con libertad en el desempeiio de su 
campaña, Lerdo de Tejada planteó su renuncia como Ministro de 
Relaciones, misma que obtuvo en el año de 1870 (98). 
También los porfiristas se disponían a enfrentar a su candidato a una 
segunda postulación a la presidencia; Manuel María de Zamacona y 
Manuel Romero Rubio fueron los encargados de presentarla oficial-
mente (99). La ocasión se prestaba para que la calidad de las propuestas 
de campaña bajaran de nivel político, siendo don Benito un blanco 
perfecto para canalizar los ataques de algunos miembros de la disidencia, 
siendo de los más duros aquellos que lanzó Ignacio Ramírez (100). 
El resultado electoral de 1871 concedió mayoría a Juárez, el segundo 
lugar en las votaciones correspondía a Porfirio Díaz y el tercero a 
Sebastián Lerdo de Tejada; no obstante, el Congreso emitió su voto a 
favor de este último para ocupar el puesto de presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, instancia que tenía la doble función que hacía posible 
que al mismo tiempo su presidente se convirtiera por disposición con-
stitucional, en vicepresidente de la República. De esta forma tan 
elegante, Porfirio Díaz quedó fuera de la jugada, no teniendo al alcance 
otro medio que no fuera el de la sublevación. 
Sin embargo, antes de que hubiera estallado la revuelta de La Nori;J, el 
gobierno de Juárez se vio obligado a sufrir una crísis política muy seria 
al renunciar su gabinete en pleno; a tal grado había llegado la tormenta. 
56 
Cualquier observador político de la época hubiera adivinado lu que 
vendría, pues bastuba con hacer una suma global de las votaciones que 
se reconocieron de manera oficial, para darse cuenta de que las can-
didaturas de la oposición superaron la votación que se le reconoció a 
Juárez. (101). 
Sorpresivamente, don BenitoJuárez muere el 18 de julio de 1872, :t causa 
de una angina de pecho. Este hecho vino a cambiar sensiblemente el 
panorama político del país, al quedar virtualmente don Sebastián Lerdo 
de Tejada como nuevo presidente constitucional. Muerto Juúrez, causa 
fundamental en la que se inspiraba la revuelta porfirista, el movimiento 
decae inmediatamente. 
Porfirio Díaz se encuentra en una situación desesperada, pues había 
sufrido una derrota en el ámbito militar, asf como en el político. El único 
camino que tiene al alcance es acogerse a la amnistía decretada por 
Lerdo de Tejada enjulio 27 de 1872 (102). 
Ahora, Porfirio Díaz había fracasado no solamente en su segundo inten-
to para acceder a la Presidencia de la República, sino, además, en su 
primera confrontación armada en contra del régimen; prácticamente se 
había convertido en un prófugo de Ja justicia. No le quedaba más que 
volverse a retirar a la vida privada y contemplar desde muy lejos el 
desarrollo de los acontecimientos. 
57 
A pesar de que los documentos políticos que se conocen acerca <le la 
gestión porfirista han sido marcados por el estigma, es importante 
conocerlos en forma y no a través de comentarios que la mayoría de las 
veces son adversos al caudillo. Es debido a esta causa, que consideramos 
conveniente reproducir el famoso Plan de La Noria, aunque hay que 
hacer la aclaración referente al autor de quien ha sido tomado; se trata 
de don José López Portillo y Rojas, quien sin duda puede tenerse corno 
un crítico moderado de Porfirio Díaz. 
56 
EL PLAN DE LA NORIA. 
Este plan no es otra cosa que un proyecto político allternativo al régimen 
juarista; dadas sus características, no es un documento al que se le diera 
una publicidad que trascendiera los límites del tiempo. Son muchos los 
autores que se refieren al mismo, pero solamente en forma indirecta y 
anteponiendo la crítica. Aunque se trata de un plan que las condiciones 
políticas del momento se encargaron de fmstrar en forma dramática, 
vale la pena conocer sus puntos esenciales. 
Hasta cierto punto, el Plan de La Noria es un documento testimonial, 
pues denuncia una serie de vicios que aquejan al perfil de la 
administración del presidente Juárez. 
Comienza por mencionar una de las distorsiones más notorias en que se 
ha incurrido sistemáticamente: la reelección indefinida del presidente 
de la República (103). De ahí, se sigue enumerando la atrofia de las 
instituciones democráticas. En resumen, representa un acertado 
diagnóstico del pulso político nacional. 
Obviamente, no podría ser un documento perfecto, su debilidad se 
encuentra en la propuesta que Porfirio Díaz presenta como alternativa 
institucional: la Convención que se plantea organizar, con tres repre-
sentantes por estado (104). En algún momento llega a sugerir que ésta 
habrá de servir de vehículo para hacerle modificaciones a la 
59 
Constitución. A pesar de esto, en ningún momento se aleja del liberalis-
mo clásico de la época. No está mal para un plan que se ha redactado 
con la finalidad de servir de instrumento de una revuelta, sobre todo, si 
se toma en cuenta que fue redactado por un soldadote que no conoce de 
buenos modales. 
Haciendo a un lado la propuesta organizativa en torno a la Convención, 
el Plan de La Noria se proponía como objetivo fundamental el res-
tablecimiento de las instituciones democrúticas, utilizando como 
procedimiento el recurso del voto popular a través de un mecanismo que 
no aparecía en la redacción original de la Constitución; se trataba de la 
implementación del voto directo (105). 
En cuanto a las medidas de tipo económico, se planteaba el saneamiento 
de la vida comercial a través de la supresión de las alcabalas, verdadero 
freno que mantenía a la economía del país encerrada en varios compar-
timentos regionales desde tiempos inmemoriales, siendo éste un factor 
material que favorecía la existencia de caudillos enquistados que se 
nutrían del producto de las alcabalas. 
Un aspecto que puede quedar muy bien en el terreno de la demagogia 
es el que se refiere a la trayectoria de Porfirio Díaz, cuando él planteaba 
que había dado suficientes muestras de que no aspiraba al poder (106), 
cuando se sabía perfectamente que en 1871 se había efectuado su 
segunda postulación a la Presidencia de la República, se había postulado 
60 
también como candidato a gobernador del flamante Estado de Morelos 
y ya había sido diputado al Congreso. 
Con la muerte de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada se convirtió en 
presidente constitucional interino, así que una de las primeras medidas 
que se propone, será el convocar a nuevas elecciones, con el fin de hacer 
que su período presidencial sea de cuatro años efectivos (107). Por lo 
demás, Lerdo de Tejada no hizo cambios importantes en el Ministerio, 
prefirió quedarse con el equipo que rodeaba a Juárez. 
En cuanto a la situación política, tampoco hubo novedades, pues el 
régimen de Lerdo de Tejada mantuvo la costumbre implantada por 
Benito Juárez en cuanto a la solicitud de facultades extraordinarias al 
Congreso, en la misma lógica de suspender las garantías individuales 
(108). 
Sin embargo, encontramos una novedad motivada seguramente por las 
condiciones en que llega Lerdo al Ejecutivo, se trata de la incorporación 
de las Leyes de Reforma a la Constitución, quedando consagrada la 
separación legal entre el Estado y la Iglesia a través de dicha 
incorporación ( 109). 
Por medio de otra disposición legal, Lerdo integró a la Constitución la 
creación de la Cámara de Senadores a partir de 1874. Estas propuestas 
habían sido discutidas en la época de Juárez, sobre todo, en lo referente 
61 
a la creación de una Cámara de Senadores, pero es Lerdo quien se 
encarga de poner en práctica estos aspectos. 
Como complemento a la incorporación de estas medidas, se encuentra 
la expulsión de las Hermanas de la Caridad, y la expulsión de los 
miembros de la orden de los Jesuitas. Posiblemente se buscaba a través 
de la implantación de una medida de este tipo, que el grupo liberal 
cerrara filas en torno del presidente y se acabaran las fracturas internas, 
dado que en ese momento se encontraba dividido en tres facciones: 
juaristas, lerdistas y porfiristas. 
Difícilmente puede encontrarse otra explicación, pues México seguía 
siendo a pesar de todo, un país tradicionalmente católico, aunque de 
manera paradójica, los conservadores estuvieran en absolutu minoría 
dentro del gobierno. 
La administración de Lerdo de Tejada puede ser considerada como 
buena en el terreno de los avances materiales del país, pues fue precisa-
mente en el ejercicio de este presidente, cuando se inauguró el camino 
de fierro de Veracruz a la ciudad de México (110). A partir de este 
acontecimiento podía comenzar a pensarse en el despegue de la 
economía nacional, debido a que la existencia del ferrocarril tendría que 
producir un incremento considerable en el tránsito de mercancías que 
podrían salir y entrar de un lado al otro del territorio en un reducido 
lapso de tiempo. También habría de convertirse el ferrocarril en un 
62 
medio eficiente al servicio de la administración de Lerdo de Tejada, a 
partir de la movilización expedita de las tropas federales entre los puntos 
por los cuales pasara el camino de fierro. 
Todo parecía indicar que la administración del presidente Lerdo de 
Tejada iniciaba una época de auge para el país, debido al manifiesto 
interés por la realización de obras materiales. Pero las cosas cambiaron 
al acercarse el período electoral, pues desde que dió inicio la 
restauración de la Rep ública, no se conoce un proceso electoral en el 
que hayan estado ausentes las impugnaciones de una u otra facción del 
grupo liberal. Siendo así las cosas, ya no resultaba novedoso el hecho de 
que el presidente en turno buscara la reelección, era más bien una 
costumbre bastante arraigada en el seno de la élite gobernante. 
Lo curioso es que, en el caso de Lerdo de Tejada se trataba apenas de su 
primer reelección, aspecto que nos hace pensar en la posibilidad de que 
hubiera un conflicto de mayor profundidad entre los mismos liberales, y 
que Sebastián Lerdo de Tejada no fue capaz de absorber dentro de su 
corriente a los antiguos partidarios de Juárez. 
Es precisamente en el momento en que se plantea el triunfo electoral de 
Lerdo de Tejada en julio de 1875 ( 111), cuando estalla el conflicto. Por 
un lado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, José María 
Iglesias, se asume a sí mísmo como un aspirante legítimo a la Presidencia 
ele la República, siendo ésta la causa de que se le haya dado a su 
63 
movimiento un curso esencialmente legalista, que al plantearse en estos 
términos, tenía que fijar ciertos ritmos temporales a su causa, por eso es 
que el movimiento inspirado por los iglesistas se conoció bajo el nombre 
de decembrismo, porque tenía que esperar pucientemente la llegada del 
primero de diciembre para que Iglesias pudiera ser proclamado legal-
mente como Presidente de la República. 
Sin embargo, no era don José María Iglesias el único aspirante al Poder 
Ejecutivo, también se encontraba haciendo preparativos desde finales 
de aquel 1875 Don Porfirio Díaz, quien se consideraba a sí mísmo como 
un aspirante necesario a la Presidencia de la República. Es muy probable 
que haya surgido en ese año una tercera opción que no corrió con la 
misma suerte, pues se tratu de una especie de complot que se venía 
fraguando en el seno mismo del Ejército. Se trata de un movimiento 
encabezado por Sóstenes Rocha , jefe de la Primera División del 
Ejército, que al parecer contaba con algunos nexos en el campo conser-
vador. Este acontecimiento, que fue descubierto a tiempo por el ministro 
de la guerra, se conoció como la Revolución Soñada (112). 
Aunque la Revolución Soñada fuera un movimiento que no logró hacer 
estragos en la proporción que se suponía, el gobierno de Lerdo de Tejada 
se vio atacado por dos flancos bien poderosos, de tal manera que el 
Ministerio en su conjunto no atinó a preveer la magnitud de sus alcances. 
Es posible que se haya subestimado la fuerza del enemigo más poderoso 
64 
en este caso, es decir, Porfirio Díaz, mientras se enfocaron las mejores 
baterías del Ejército para combatir al movimiento iglesista. 
El último año de la administración de Lerdo de Tejada se tornó suma-
mente crítico, debido a que en el mes de enero se expidió el Plan de 
Tuxtepec, manifiesto que daba cuerpo a los planteamientos porfiristas. 
Este Plan fue reformado en Palo Blanco en menos de tres meses y fue 
dado a conocer el 21 de marzo de 1876 (113). Las causas que motivaron 
este cambio se deben a la influencia que iba ganando el movimiento 
decernbrista encabezado por José María Iglesias; era una muestra con-
tundente de que el porfirisrno hizo lo posible por integrar dentro de sus 
filas a este sector del liberalismo, pues las reformas que contiene la 
versión de Palo Blanco, están encaminadas a incluir al presidente de la 
Suprema Corte de Justicia como presidente interino de Ja República 
mientras se convoca a elecciones (114). 
Fue una acción militar fortuita, la que se encargó de precipitar la crisis 
de la administración de Lerdo de Tejada; el 15 de noviembre tuvo lugar 
la Batalla de Tecoac, en la cual Porfirio Díaz estaba siendo derrotado 
por las fuerzas del general Alatorre, cuando en forma sorprcsiva llegó 
Manuel González acompañado de un numeroso contingente, logrando 
dar un curso distinto al desarrollo de los acontecimientos al derrotar a 
las fuerzas lerdistas (115). 
65 
Este acontecimiento obligó al presidente Lerdo de Tejada a abandonar 
la ciudad de México en las primeras horas del 21 de noviembre, 
entregando la capital ele la República a las fuerzas porfiristas (116). En 
su tránsito hacia la ciudad ele Morelia, a donde llegó, Lerdo de Tejada 
aún tenía esperanzas ele mantenerse en el poder, había ido en busca de 
sus antiguos aliados, pero en el trayecto se convenció de que éstos ya no 
existían, así que fue necesario cambiar ele rumbo y dirigirse al estado ele 
Guerrero; a mediados de diciembre ya se encontraba en Acapulco, de 
donde partió en el vapor San Juan. Su objetivo era llegar a los Estados 
Unidos, lugar en el que permaneció exiliado durante doce años, en un 
pequeño departamento del Hotel Windsor, ubicado en la ciudad de 
Nueva York (117). 
La victoria ele Porfirio Díaz era casi total. Despus de dejar como encar-
gado interino del Poder Ejecutivo a Juan N. Ménclez, se lanza en busca 
de los restos del gobierno ele José María Iglesias, obliga a este último a 
rendirse y le deja como alternativa el exilio. Iglesias se dirige al puerto 
de Mazatlán, en donde se embarca con destino a los Estados Unidos. En 
pocas semanas habían sido destruidos los restos de una coalición que se 
mantuvo en el poder por espacio de veinte años, gracias a la acción 
coordinada por un grupo de caudillos regionales que sirvieron de apoyo 
a don Porfirio. 
El 9 de enero de 1877, entraba el general Porfirio Díaz a la ciudad de 
Guadalajara después de haber derrotado a sus enemigos (1J8), así da 
66 
 
inicio una época que esperaban ansiosamente los liberales pura poner 
en práctica su proyecto. 
67 
EL PIAN DE TUXTEPEC. 
Este documento, que sustenta ideológicamente Ja última rebelión por-
firista, tiene como punto de referencia la Constitución de 1857, incluyen-
do las reformas que le fueron adicionadas bajo la administración de 
Lerdo de Tejada. Lo sustancial se encuentra en su artículo segundo, en 
el cual se propone una nueva adición al Código Fundamental. Por vez 
primera se plantea incorporar a la Constitución la no reelección del 
Presidente de la República y Gobernadores de los Estados (119). Esta 
propuesta será ratificada en el artículo séptimo de dicho Plan. 
Por lo que se refiere al cuerpo del documento porfirista, no es otra cosa 
que una reglamentación con respecto a los ritmos que se propone seguir 
el grupo disidente para transitar del campo de la rebelión, al de Ja 
institucionalización, a través de una sanción constitucional. 
En cuanto a Ja segunda versión del Plan de Tuxtepec, se antepone una 
justificación política, que lógicamente está enderezada en contra de la 
administración de Sebastián Lerdo de Tejada; se le acusa de gobernar 
por medios ilícitos, además de que se le hace responsable de la falta de 
administración de justicia. También se incluye una crítica en el ámbito 
económico, redactada en un lenguaje impreciso, en donde se mezcla el 
asunto de las tarifas con el funcionamiento del comercio, pasando por la 
organización de la Lotería (120). 
68 
Una vez publicado este Plan, se sucedieron una serie <le levantamientos 
a nivel regional, que a pesar <le ser <le poca magnitud, muestran en forma 
nítida la articulación de los vínculos que Porfirio Díaz se encargó <le 
mantener vivos por espacio <le diez años, vínculos que no pudieron ser 
disueltos ni siquiera por esa guerra sorda que tanto Juárez como Lerdo 
de Tejada emprendieron en contra de la disidencia porfirista. La guerra 
que los miembros del grupo de Paso del Norte emprendieron en contra 
de Porfirio Díaz y sus partidarios se desarrolló a través tic todos los 
medios posibles; pero, si a pesar <le todo, se mantuvo siempre latente la 
llama lle la oposición, fue debido a la persistencia de Porfirio Díaz, pero 
además, porque las raíces sociales que construyó a través de su imagen, 
foeron lo suficientemente profundas como para resistir cualquier tipo 
<le embestida por parte <le! gobierno. 
Lo cierto es que dentro <le este proceso debe tomarse en cuenta que, 
aparte <le! núcleo militar, siempre hubo un grupo <le intelectuales que 
estuvieron dispuestos a apoyar a Porfirio Díaz, y por si esto no fuera 
suficiente, también en los sectores más elevados de la sociedad había 
personas que veían con buenos ojos al héroe de la Batalla del 2 <le abril 
(121). 
El año <le 1877 se convierte en presidente constitucional <le la República 
Mexicana el general Porfirio Díaz, a través del mecanismo de elección 
popular, apegándose a los lineamientos establecidos en el Plan <le Tux-
tepec. Su promesa <le incorporar a rango constitucional la no-reelección 
69 
del presidente fue cumplida, pues el VIII Congreso discutió y aprobó 
esta propuesta. 
En el gabinete porfirista habrán de figurar destacados miembros uel 
núcleo de Tuxtepec, como es el caso de Ignacio Ramírez, Protasio Tagle, 
Justo Benítez, Vicente Riva Palacio y Pedro Ogazón, aunque también 
fue incluido don Ignacio L. Yallarta, a quien no se le puede considerar 
como un porfirista puro (122). 
Poco a poco habrá de ir surgiendo el ritmo de la estabilidad social, 
después de que la misma se vio trastornada por las guerras extranjeras y 
las continuas asonadas civiles y militares que se sucedieron de manera 
intermitente durante las tres cuartas partes del siglo XIX. 
Queda como un testimonio de esta aspiración que no pudo ser alcanzada 
ni realizada por los políticos que se encontraban al frente del gobierno 
durante la República Restaurada, la serie de artículos publicados a 
través de la prensa por los intelectuales más prestigiados de la época, lo 
mismo José María Vi gil, Francisco Zarco y Justo Sierra, que José Martí; 
todos abordan el problema de la paz social en forma sistemática, casi 
podría decirse que era una preocupación cotidiana. A nuestro juicio, el 
más acertado en sus comentarios era Francisco Zarco, porque enfocaba 
el problema en función de la responsabilidad que les correspondía a los 
gobernantes para que la paz llegara a ser una realidad (123). 
70 
Para José María Vigil, el problema estaba resuelto porque el país 
contaba con instituciones democráticas con las que todo el mundo estaba 
de acuerdo (124). El encontraba la solución del problema en la 
racionalización de la maquinaria gubernamental, suprimiendo el vicio 
de la "empleomanía". 
Justo Sierra planteaba que solamente a través del trabajo podría salir 
adelante la nación, que un grano de arena no bastaba para construir el 
enorme edificio social que los liberales se proponían construir, para el 
cual eran necesarias rocas en lugar de granos de arena ( 125). 
Tal vez fuera debido a su juventud que Justo Sierra pusiera un tono 
bastante dogmático a sus juicios sobre los problemas políticos del país; 
ciertamente que su posición política le servía de complemento, pues su 
formación positivista se acomoda graciosamente con la época que 
precedió a la instauración del porfirismo, ya que había que buscar el 
orden a toda costa, sin importar la naturaleza del gobierno y sus errores; 
el enemigo siempre debía encontrarse fuera del gobierno. 
71 
SEGUNDA PARTE: LA ECONOMIA. 
Para acercarse al conocimiento de una sociedad determinada es indis-
pensable conocer, aunque sea de manera general, el tipo de estructura 
económica que rige el funcionamiento de ésta; en el caso de México se 
trata de una estructura económica que funciona a partir de la agricultura 
como actividad predominante. 
La mayoría de los recursos que el país producía tenían su origen en la 
tierra; aunque la agricultura es durante esta época la actividad 
predominante, es a partir de la minería de donde se obtienen los recursos 
necesarios para el mantenimiento de la maquinaria gubernamental; la 
minería debía su auge a la afortunada conformación geográfica del 
territorio mexicano, al contar con la existencia de 16 estados mineros. 
Era precisamente la producción minera la que se encargaba de generar 
el más alto porcentaje de recursos con que contaba el erario (126). En 
el transcurso de la República Restaurada se beneficiaban fuclamental-
mente dos tipos de metales: el oro y la plata. Su valor ascendía a 24 
millones de pesos anuales (127). 
Sin embargo, la situación de las minas tenía que ser un reflejo de la 
realidad poHtica que vivía el país; es conocido el hecho de que uno de 
los aspectos que caracterizan a la élite gobernante es su disposkión para 
estimular la inversión extranjera, y las minas no serán la excepción, así 
72 
que la mayor parte de ellas se encontraban funcionando gracias al capital 
extranjero. 
Este aspecto determinaba el funcionamiento al interior de las minas, al 
darle cuerpo a una estructura jerárquica que regulaba las relaciones 
laborales. En la parte más alta de esta jerarquía se encontraban los 
administradores, quienes generalmente eran de origen extrunjero, 
lógicamente eran ellos los que recibian un mejor sueldo, que oscilaba 
entre $30.00 y $240.00 pesos mensuales, en contraste con el salario que 
obtenía un barretero, quien ganaba .50 centavos por jornal (128). Desde 
luego que no se puede hablar de un funcionamiento sistemático en la 
minería, y mucho menos, de la existencia de uniformidad en el pago de 
sueldos y salarios, éstos variaban según la región. En cuanto a la situación 
de la agricultura, la tendencia general era hacia la producción limitada 
para el consumo de los habitantes de cada región ( 129), debido a que en 
el período de la República Restaurada no se contaba con medios de 
comunicación y transportes suficientes, así que cada región tenía que 
arreglárselas a su modo. 
El comercio era otra de las ramas importantes de la economía, se trata 
del comercio exterior obviamente. Aquí la relación se establecía a través 
de un intercambio de bienes de consumo que podían incluir maquinaria 
agrícola, maquinaria para el funcionamiento de las minas y otro tipo de 
mercancías, a cambio de la exportación de materias primas, fundamen-
talmente de origen mineral; queda en segundo término la exportación 
73 
de materias primus de origen agrícola. El control del comercio de 
importación se encuentra en manos de extranjeros ( 130). 
La industria ocupa un lugar importante en la vida económica de la 
República Restaurada, existen fundamentalmente fábricas textiles en el 
Distrito Federal y en el Estado de México ( 131 ). Le siguen en importan-
cia las fábricas de papel que funcionaban en el Distrito Federal, Jalisco 
y Veracruz (132). 
Aunque tenía cierta importancia, la industria no se encontraba en con-
diciones de englobar al conjunto de las actividades productivas del puís, 
siendo más, una actividad incipiente. Si tomamos en cuenta la magnitud 
del territorio nacional, son apenas unos pocos estados los que contaban 
con una planta productiva de tipo industrial. 
Por otra parte, debemos considerar que la industria textil no contaba con 
una planta productiva que abarcara la totalidad del territorio nacional. 
Si observamos en perspectiva la dimensión de la economía nacional 
durante la República Restaurada, es lógico que ésta no podía con-
siderarse como una economía capitalista como con la que contaban los 
países desarrollados de la época, como es el caso de los Estados Unidos, 
Francia, Alemania e Inglaterra. 
Si hacemos una comparación entre México y los países aludidos, nos 
damos cuenta de que la situación de la economía mexicana era suma-
74 
mente raquítica antes del advenimiento del porfirismo. Es precisamente 
en el siglo XIX cuando surge el fenómeno de la Revolución Industrial 
en Inglaterra, debido a la aparición de la maquinaria moderna, aunada 
a otro factor no menos importante, que consiste en el surgimiento de 
verdaderos ejércitos industriales, provenientes de los antiguos medios 
rurales, abriendo paso a la existencia del proletariado, clase social que 
ya se encontraba plenamente desarrollada y perfilada en función al lugar 
que ocupaba en el proceso productivo. Este fenómeno social ya había 
aparecido en los países a los que nos hemos referido. 
En México la situación era muy distinta, se trataba de un puís en el que 
la economía se ibn a desarrollar fundamentalmente a partir de la agricul-
tura y de la minería, por muchas razones, pero principalmente porque 
se consideraba que en el país no existían los recursos monetarios que 
hacían falta para impulsar este tipo de desarrollo. El problema tiene un 
origen político, según nuestro particular punto de vista, pues con el 
surgimiento de la nueva élite gobernante aparece también la única forma 
posible de articular el progreso con que soñaron los nuevos gobernantes. 
Al ser las propiedades de la Iglesia una de las fuentes de riqueza de las 
cuales se habría de nutrir la embrionaria burguesía que llegaba al poder, 
lógicamente el desarrollo de esta clase social tendría que estar ligado 
forzosamente a la posesión de bienes raíces, porque el objetivo de los 
liberales al plantear las leyes de Reforma y al sancionar la Constitución 
de 1857, estaba orientado a generar una nueva clase social en torno a un 
nuevo régimen de propiedad sobre la tierra. Basta con revisar los 
75 
artículos que se refieren a la reglamentación de la propiedad para 
comprobar este hecho. El problema fue que los liberales no se confor-
maron con expropiar los bienes del clero únicamente, sino que también 
emprendieron una embestida en contra de los antiguos propietarios de 
la tierra: los indios. La razón era muy sencilla, la existencia de las tierras 
comunales que poseían los indios, representaba un estorbo dentro del 
universo ideológico de los liberales y un freno a su desmedida ambición 
individual. 
Hemos visto a través de los capítulos anteriores, los efectos que se 
produjeron a causa de la implantación de un nuevo régimen 
constitucional, pero hasta ahora sólo se había enfocado el ámbito 
político, sin tomar en cuenta los efectos en la estructura económica. Una 
vez concluida la guerra, quedaba libre el camino para la implantación 
del nuevo marco jurídico que sancionaba la expropiación o 
desamortización de los bienes de la Iglesia y de las corporaciones civiles. 
A partir de este momento, el único tipo de propiedad que tenía un 
reconocimiento legal era la propiedad de tipo individual. Gracias a este 
hecho, se abría la posibilidad de la conformación de una clase social 
vinculada a este moderno régimen de propiedad, tal y como lo hemos 
venido mencionando. 
Aparte de los problemas sociales que tuvieron su origen en la creación 
del moderno universo ideológico de tos li~erales, se perfilaba un 
fenómeno no tan nuevo: el relacionado con el desarrollo de tipo in-
76 
dustrial. Ya se ha tomado en cuenta la fisonomía de la estructura 
económica del país a grandes rasgos, sin embargo no ha sido abordado 
el punto acerca del papel de la inversión extranjera en nuestro país a 
partir del triunfo de la República. Este punto forma parte esencial del 
programa confeccionado por los liberales para fincar el progreso de la 
nación; tiene un reconocimiento explícito por parte de los ideólogos del 
liberalismo, pero no fue puesto en práctica de manera sistemática hasta 
el advenimiento del régimen porfirista. Esto no quiere decir que no 
hubiera inversión extranjera durante el período de la República Res-
taurada, pues este tipo de inversión siempre existió, desde que México 
fue un país independiente. El problema se encuentra en definir clara-
mente cuál será el ámbito que se le otorga a los inversionistas extran-
jeros. 
Al menos para nosotros queda claro el hecho de que la inversión extran-
jera se encontraba vinculada a actividades que no podían ser cubiertas 
por la incipiente infraestructura con que contaba el país, como es el caso 
de los transportes de tipo moderno, ya se trate de la construcción de 
redes ferroviarias o del tendido de líneas telegráficas, lo mismo que de 
la estructuración de algunas flotas navieras. 
De cualquier manera, se trata de un tipo de inversión que da al país la 
posibilidad de contar con modernas vías de comunicación, pero que de 
ninguna manera le ofrece la opción de contar con una planta productiva 
real, porque en México nunca se construyeron fábricas en las cuales se 
77 
procesaran Jos materiales indispensables para la construcción de 
locomotoras o barcos de tipo moderno. 
Esta situación da origen a una relación entre México y los países 
desarrollados, que nace desde un principio como una relación depen-
diente, en donde la desventaja corresponde a México, porque tiene que 
proporcionar materias primas a los países industrializados a cambio de 
un poco de transferencia tecnológica que solamente tiene un valor de 
uso. 
78 
f.STA TESIS 
Sfü.m Df. U 
LA ESTRUCTURA SOCIAL. 
NU DEBE 
smuoJEC/1 
Se calcula que en la época de la Restauración de la Repliblica la 
población del país oscila entre los nueve y los ocho millones de habitan-
tes (133). De esta cifra no podemos estar muy seguros, pues no existen 
estadísticas precisas que confirmen el dato; además es preciso tomar en 
cuenta los efectos causados por tantos años de guerra, sobre todo en el 
seno de la población rural, que fue la que sufrió más de cerca no sólo las 
calamidades de la guerra, sino también los efectos de las leyes de 
desamortización implantadas por los liberales. 
Del número total de habitantes, siete millones formaban la población 
rural, dedicada a actividades vinculadas con la agricultura de una u otra 
forma, debido a que existen en esta época dos maneras distintas de 
propiedad sobre la tierra; la forma que tiende a predominar es la de 
propiedad privada, enmarcada bajo el molde de grandes extensiones 
territoriales que dan contorno a la existencia de la hacienda como unidad 
productiva. La otra forma de propiedad se encuentra vinculada a una 
tradición legada por la época precolombina, que tiene su origen en el 
calpulli, figura que fundamenta la propiedad comunal de la tierra. 
Durante este período, las haciendas tendrán que crecer a costa de las 
tierras que antiguamente pertenecían a los indios, aparte de que estos 
pasaron a convertirse en los proveedores de mano de obra en las hacien-
das. 
79 
Aunque la población rural es la formación social predominante en la 
época, es preciso señalar que el territorio nacional no se encontraba 
poblado de manera uniforme; existían regiones en las cuales apenas 
llegaron a encontrarse algunos grupos humanos, como es el caso del 
norte de Ja República, mientras que la mayor parte de la población se 
encontraba concentrada en la región central del país ( 134). Se trataba de 
una población con distintos niveles de desarrollo, fenómeno que se ve 
agudizado a causa de la falta de caminos que facilitaran la comunicación 
entre unas y otras regiones, haciendo de los caminos un medio para 
uniformar las condiciones materiales y culturales de un país. Esta 
situación habrá de reflejarse en el funcionamiento de las haciendas, 
puesto que no existía tampoco uniformidad en cuanto a los ritmos de 
producción, y mucho menos en cuanto al pago de los jornales; cada 
hacendado paga a sus empleados en función de las condiciones en que 
se encuentra la oferta y la demanda a nivel regional, sin importarle para 
nada las condiciones en que trabajan sus peones. 
Por lo que toca a las condiciones de trabajo en el medio rural, es obvio 
que los peones agrícolas se encontraban sometidos a un régimen de 
trabajo bastante pesado, que podía variar, aun de una hacienda a otra, 
en una misma región, según la voracidad de los patrones y las costumbres 
despóticas de los capataces. En promedio, la jornada era de doce horas 
diarias, con un jornal de 38 centavos diarios. Había lugares en los que el 
régimen de trabajo era bastante cercano a la esclavitud, particularmente 
en la región del sureste (Yucatán y Chiapas). 
80 
En cuanto a la existencia de otros sectores de la población que viven de 
su trabajo, encontramos a los trabajadores mineros, que forman un 
contingente social muy importante, gracias al lugar que ocupan en el 
proceso productivo, debido a que es la producción de metales preciosos 
aquella de la cual, la administración puede obtener un alto porcentaje 
de recursos para el erario. Encontramos también a los empleados de otro 
tipo de fábricas, como pueden ser cigarreras o vinícolas. Sin embargo, es 
difícil catalogar al conjunto de estos trabajadores como proletarios, 
porque el papel que desempeñan en la producción no se asemeja al del 
proletariado clásico que ha sufrido un proceso de desarraigo de un lugar 
típicamente rural para pasar después a conformar los ejércitos in-
dustriales. En México, como hemos visto, el desarrollo industrial es 
incipiente, pues no existen muchas industrias, ni proletarios propia-
mente dichos; se trata de conformaciones sociales que no corresponden 
a un esquema clásico de surgimiento del capitalismo. 
Quedan enmarcados dentro del sector de los trabajadores, los 
empleados del comercio y de todo tipo de establecimientos dedicados a 
la producción de artesanías como: sastrerías, peleterías, carpinterías, etc. 
Es en el transcurso de la República Restaurada cuando aparece un 
fenómeno que habrá de repetirse en diferentes épocas en nuestro país; 
se trata de la implementación de mecanismos de control político en el 
seno de las organizaciones de trabajadores a través de los dirigentes de 
los gremios. En esta ocasión se establece bajo un tinte socialista, y se 
81 
debe a la llegada a México de un hombre llamado Rhodakanaty, quien 
había sido formado en las ideas del socialismo utópico. Es debido a su 
influencia que comienza a publicarse un periódico obrero que circula 
con un nombre muy significativo: "El Socialista". A partir de la 
publicación de "El Socialista" será organizado el Gran Círculo de 
Obreros de México (135). 
Esta, que se considera la primera organización de tipo gremial que actúa 
aparentemente bajo una orientación socialista, pero en la práctica sus 
dirigentes buscarún establecer una relación basada en la colaboración 
con el régimen liberal, al grado de que el Gran Círculo de Obreros 
postulará candidatos para formar parte del Ayuntamiento de la ciudad 
de México (136). Este tipo de práctica política desvía la atención con 
respecto a los problemas que se suscitan al interior de los talleres y las 
fábricas, aparte <le que no estimulan la formación teórica de sus 
miembros, pues solo se limita a promover a los dirigentes hacia puestos 
dentro de una institución tradicionalmente conservadora como es el caso 
del Ayuntamiento de la ciudad de México. 
Surge aquí un fenómeno que persiste y forma parte del país; este 
fenómeno se expresó por vez primera en el momento en que se cristalizó 
la alianza entre los dirigentes de las organizaciones sociales y los 
miembros de la administración gubernamental. 
82 
Nos corresponde abordar el punto relativo a los integrantes de la clase 
social que es dueña de los recursos con que cuenta el país, se trata de 
hacendados, mineros y comerciantes, dueños de talleres o fábricas tex-
tiles. En este sitio deben incluirse los miembros del gabinete, además de 
uno que otro miembro de alguna legación extranjera, como puede ser el 
caso de don Matías Romero. Esta clase social es menos numerosa, pero 
la más activa políticamente, sin embargo, existen algunos matices, pues 
en este período apenas se sientan las bases para el surgimiento de una 
clase ligada a la propiedad territorial, a la cual se suman los antiguos 
hacendados que en la mayoría de los casos habían pertenecido al bando 
conservador. También se encuentra esta clase en proceso de búsqueda 
de los valores ideológicos que deberán conformar su perfil como grupo 
social diferenciado del resto de la sociedad. 
Justo Sierra se convierte desde muy joven en uno de los ideólogos más 
importantes del liberalismo mexicano, y por lo tanto, será él quien se 
encargue de delinear los valores de identidad de la incipiente burguesía 
mexicana. La esencia de su ideología consiste en la exaltación de los 
modelos occidentales, fundamentalmente los relacionados con los Es-
tados Unidos y la Europa Occidental. De Norteamérica se retoma el 
modelo político, a través de la copia casi al carbón de las instituciones 
estadounidenses (136). De Europa se retoma todo lo relacionado con el 
arte y la cultura. Es el camino que deliberadamente escogen los 
ideólogos del liberalismo mexicano para identificarse con el mundo 
civilizado y moderno. 
83 
Justo Sierra hace un esfuerzo teórico por justificar la juventud de nuestro 
país, borrando de un plumazo trescientos años de vida colonial y la 
historia anterior a la conquista, puesto que él identifica o reconoce 
únicamente el período de vida republicana ( 137), porque comienza a 
transcurrir la historia a partir del momento en que aparecen en escena 
los actores liberales. Otro rasgo característico de la naciente burguesía 
nacional se encuentra en el ámbito religioso, la gran mayoría de los 
miembros prominentes de la época no podrá hacer a un lado sus creen-
cias religiosas a pesar de su formación liberal, a pesar de que la 
confrontación entre el Estado y la Iglesia derrotó políticamente a los 
conservadores. En el caso del mismo Justo Sierra, quien se considera a 
sf mísmo como un radical y se pasa la vida escribiendo artículos 
periodísticos atacando a los conservadores, es en la obscuridad de la vida 
privada un católico común y corriente y ha cumplido con todos y cada 
uno de los protocolos que marca la Iglesia, pues su matrimonio religioso 
es mencionado por él en la sección dedicada a sus papeles privados ( 138). 
Este hecho nos muestra palpablemente que la influencia que había 
alcanzado el clero en México no fue trastornada a causa de la ruptura 
entre liberales y conservadores, pues al naciente régimen no le interesó 
minar este ámbito de influencia de la institución más poderosa del 
Antiguo Régimen, porque le cubría aún una función muy importante que 
las nuevas instituciones no podían garantizar todavía, debido a que el 
alcance que éstas tenían no estaba en condiciones de garantizar una 
estabilidad social plena. 
84 
LA EDUCACION. 
La educación es uno de los aspectos medulares dentro del período de la 
República Restaurada, en primer lugar, porque sufrió un proceso de 
reestructuración que se remonta a una época anterior al triunfo de los 
liberales, y porque dicha reforma educativa se basó en la destrucción del 
antiguo proyecto educativo. El proceso es demasiado largo como para 
hacer una reseña detallada en cuanto a sus ritmos, pero nos confor-
maremos con mencionar uno de sus elementos fundamentales, el cual 
consistió en la supresión de la antigüa universidad, por ser ésta la 
institución encargada de la formación profesional de la juventud. Esta 
debió ser una razón suficiente para que los liberales consideraran que la 
existencia de Ja Universidad Real y Pontificia se había convertido en uno 
de los instrumentos ideológicos más importantes en manos de Jos con-
servadores, por lo mismo, la supresión de dicha institución representa 
un triunfo político para el grupo liberal. El problema consiste en los 
alcances que tuvo este combate por arrancarle a la Iglesia el control 
sobre los centros educativos, puesto que no fueron sustituidos en la 
misma magnitud, y por esta razón, se vio limitado el acceso que anterior-
mente tenían algunos miembros de los antigüos pueblos a la educación. 
En cuanto al contenido, es obvio que hubo un avance en los métodos 
educativos, al suprimirse la enseñanza de los hábitos religiosos dentro 
de Jos nuevos planes, pero, por lo que se refiere al alcance real de la 
educación, basta con revisar las estadísticas de que se dispone para el 
85 
período que nos interesa, para darse cuenta de sus limitaciones. Por lo 
que toca a la educación primaria, entre 1867 y 1877 existía un total de 
2,424 establecimientos, en los que se incluyen instituciones para niños y 
niñas, acudía un total de 185,757 personas, quedando al margen de las 
escuelas 1'371,651 almas, que si comparamos con l '557,403 niños en 
edad escolar, nos damos cuenta del sentido tan restringido que en 
realidad tenía la educación primaria (139). 
Por lo que se refiere a la educación secundaria, existía un número 
considerable de academias e institutos que no pasaban de quince es-
tablecimientos, ya que únicamente había un Colegio Militar, dos 
Academias de Bellas Artes, cinco Academi;is de Gimnasia, cinco 
Academias de Artes Mecánicas y una Academia Práctica de Minería 
(140). 
La novedad en el ámbito educativo está representada por la creación de 
la Escuela Nacional Preparatoria, cuya organización será encargada al 
doctor Gabino Barreda, eminente liberal que había estudiado en Fran-
cia, lugar en donde conoció a Augusto Comté, de quien fue un brillante 
discípulo. Gabino Barreda se convirtió en uno de los impulsores de la 
corriente positivista en México, cuya difusión se realizó a trnvés de los 
planes de estudio que dieron cuerpo a la vida académica dentro de la 
Escuela Nacional Preparatoria, cuyo fin era la formación de individuos 
capaces de servir a la moderna sociedad que empezaba a surgir; esta idea 
se contraponía por el momento con la antigua tradición universitaria, 
86 
convirtiéndose la Escuela Nacional Preparatoria en un auténtico semi-
llero de cuadros que habrían de rendir sus frutos ya avanzado el régimen 
porfirista. 
En cuanto a la educación de nivel superior, las instituciones estaban 
separadas y ofrecían pocas opciones por lo que se refiere a su capacidad; 
existían tres Escuelas de Medicina, tres Escuelas de Artes, una Escuela 
Náutica, dos Ateneos, una Academia de Idiomas y una Academia de 
Historia (141). 
Las cifras son suficientes para comprobar el carácter elitista de la 
educación en todo el período (142); se trata de un modelo educativo 
diseñado para formar a los miembros del reducido grupo que tiene 
acceso a las cumbres de la sociedad, se dan casos en los que algunos 
individuos de origen humilde acceden, gracias a su paso por las escuelas, 
a escalar las más altas posiciones en el mundo de la política, los ejemplos 
de Benito Juárez y Porfirio Díaz nos ilustran ampliamente al respecto, 
pero se trata de fenómenos aislados, que se producirán en pequeiia 
escala, sobre todo si tomamos en cuenta la magnitud del territorio 
nacional. No es conveniente dejarse deslumbrar por el brillo aparente 
de estas carreras individuales hacia la cima de la sociedad, pues a ellas 
hay que añadir el no menos importante elemento de las relaciones 
sociales en este trayecto, que en ambos casos jugó un papel deter-
minante; lo que realmente sorprende es la habilidad de individuos como 
Juárez o Díaz, para beneficiarse gracias al adecuado manejo que hacen 
87 
de este tipo de relaciones con individuos que están ubicados en puestos 
clave dentro de la sociedad. Desgraciadamente no será ésta la regla que 
sirva para medir la eficacia de tos centros educativos, pues millones de 
seres humanos se verán materialmente marginados de los beneficios que 
trae consigo la educación, porque los recursos destinados a ella por el 
gobierno son tan escasos, que no alcanzan a cubrir las necesidades de la 
población en su conjunto. Este hecho esconde tras de sí un problema de 
earácterpolítico, ya que el gobierno liberal no tenía la preocupaciún real 
de hacer llegar la instrucción a todos los niveles sociales, porque le 
resultaba más cómodo mantener en la ignorancia a los peones y 
trabajadores del campo y la ciudad, debido a que al mantenerlos incultos 
se alejaba la posibilidad de que surgieran brotes de inconformidad a 
causa de la sobre-explotación a que estaban sometidos no solamente los 
peones en el medio rural, sino los trabajadores mineros, los empleados 
de las fábricas textiles y, en fin, los empleados que estaban obligados a 
vivir del esfuerzo de su trabajo. 
Así, queda completo el cuadro en cuanto a la marginación de los actores 
sociales colectivos y anónimos, que no encuentran cabida en el mundo 
ideal inventado por los liberales de la época de la Reforma y la República 
Restaurada, que únicamente veían la forma de obtener beneficios a costa 
de una población oprimida casi al punto de la esclavitud sin darle 
ninguna prerrogativa a cambio, ni siquiera la remota posibilidad de 
alcanzar una instrucción capaz de uniformar y elevar mínimamente su 
nivel cultural. 
88 
CONCLUSION. 
A través de esta breve investigación hemos visto algunos de los 
problemas medulares del país en el período en que éste surge a la 
modernidad; el problema más fuerte que tuvo que enfrentar fue el de su 
estabilidad política, único medio de lograr la estabilidad sociul, tan 
necesaria para poner en práctica el proyecto liberal; por eso nuestro 
interés de centrar fundamentalmente el aspecto de la disidencia en el 
seno de la élite liberal, pues sin esta explicación difícilmente pueden 
entenderse las peculiaridades del desarrollo del capitalismo en México. 
Por eso es que tratamos de explicar claramente el hecho de que la 
estructura social no sufrió ningún cambio significativo en el transcurso 
del último tercio del Siglo XIX. Es precisamente una de las virtudes 
políticas de Porfirio Dfaz, el haber logrado implantar la estabilidad social 
en México, terminando con una épocn que significó una penuria 
ndícional para la población rural, que se veía acosada por los efectos del 
clima de inestabilidad social que existió en el país durante los períodos 
presidenciales de Juárez y Lerdo de Tejada, al estnr sujeta u los ritmos 
que marcaba la constante implementación del recurso de lu leva, 
instrumento que servía no solamente al régimen para engrosar las filas 
del Ejército. 
Ene! marco de las instituciones de tipo liberal, tampoco hubo un cambio 
significativo si se compara el período de la Rep ública Restaurada con el 
advenimiento del régimen porfírista, porque siguieron funcionando en 
89 
la misma forma. El cambio se ubica en el terreno de las personas, y el 
advenimiento del régimen porfirista trae consigo un cambio en la 
composición de los sectores al interior del gobierno, en donde destacan 
de manera visible los funcionarios de orígen militar, pero en cuanto a los 
personajes de orígen civil, es precisamente en el porfirismo en donde se 
logra la cohesión del grupo liberal, incluyendo a algunas personalidades 
de filiación conservadora. 
Por lo que se refiere al proyecto liberal, es evidente que no se encuentra 
ningún cambio significativo que pueda separar al período de la 
República Restaurada con respecto al naciente régimen porfirista; el 
programa es el mismo: construcción de caminos, capital y colonización. 
Estos elementos siguen vigentes al iniciarse el período porfirista, puesto 
que es a partir de entonces cuando comienza en gran escala la 
construcción de vías ferreas. 
Puede decirse que a partir de la instauración del porfirismo quedó al 
descubierto la ficción del proyecto liberal, al dejar fuera del universo 
ideológico creado por esta élite a la mayoría de la población, que 
únicamente cumple con la función de proporcionar mano de obra barata, 
obteniendo a cambio un mundo de ilusiones reforzadas por el arraigo de 
las costumbres religiosas, única distracción al alcance de los pobladores 
humildes del campo y las ciudades, ya se trate de indios o de mestizos. 
90 
También hemos visto los alcances de la ficción democrática alrededor 
de la sociedad mexicana del fütimo tercio del Siglo XIX; la democracia 
es un concepto que prácticamente se encuentra ausente de todos los 
ámbitos que constituyen a la sociedad, comenzando por la misma élite 
liberal, ya que ésta se encuentra condenada a excluir el ejercicio de la 
democracia al interior de su seno, porque la democracia choca frontal-
mente con los hábitos políticos de que se sirven los liberales para 
gobernar a un país profundamente heterogéneo, en donde la 
conformación de los grupos de poder se realiza grncias al empleo de 
métodos que en nada se acercan a las tradiciones que postula la 
democracia; las decisiones en torno al poder son tomadas en función de 
los intereses de grupos reducidos de acaudalados o de caudillos políticos, 
pero de níngum.1 manera, en función de auténticos intereses nacionales; 
la prueba más contundente a este respecto, queda ejemplificada con el 
surgimiento de la disidencia liberal que se interpuso en el camino del 
grupo del Paso del Norte, al poner al descubierto los vicios más notorios 
del estilo de gobierno en que incurrieron Juárez y Lerdo de Tejada, lo 
cual no impidió que unos años más tarde, Porfirio Díaz se viera en la 
misma situación que en un principio estuvo dispuesto a cuestionar. 
No solamente en el mundo de la política encontramos la ausencia de 
democracia, el triunfo de la élite liberal contribuye en gran medida a que 
se agudice el clima de la arbitrariedad como recurso cotidiano, pues el 
tipo de mecanismos que hacen posible la articulación de la estructura 
social funcionan a partir de métodos ajenos a la práctica democrática; en 
91 
el medio rural por ejemplo, los caciques locales ejercen su poder gracias 
a la relación que mantienen con distintos sectores en su entorno social, 
uno de los cuales serú precisamente aquel que proviene de una tradición 
permeada por costumbres de tipo comunal, único entorno en el que 
puede hablarse de democracia debido a que los miembros de un pueblo 
tienen por costumbre tomar sus decisiones en función de los consejos 
comunales. 
En cierta forma, la imagen democrática con la que pretende 
autodefinirse la élite liberal, no es más que una carta de presentación 
que se utiliza como recurso para presentarse ante el concierto de las 
naciones sin necesidad de poner al descubierto su auténtico perfil, del 
cual reniega profundamente. Es debido a esta razón, que la incipiente 
burguesía que llega al poder en 1867, tiene que proclamar a los cuatro 
vientos que estú dispuesta a dirigir al país bajo un sistema político regido 
por la más transparente de las democracias, tan perfecto que puede ser 
comparado con el sistema político norteamericano, pues en México 
también habrá de funcionar una Cámara de Senadores, igual que en los 
Estados Unidos. 
Como hemos venido señalando, las causas de la ficción democrútica que 
ha vivido el país no surgieron con el advenimiento del régimen porfirista. 
La incongruencia del proyecto político elaborado por la élite liberal 
aparece justamente en el momento que este comienza a ser puesto en 
práctica. Consideramos que ésta discordancia no tiene que ver en ab-
92 
soluto con individuos aislados, pues se trata más bien de un fenómeno 
de tipo social, el cual es resultado de las circunstancias en que se 
desarrolló la confrontación entre liberales y conservadores. 
Es bien sabido que los miembros de la corriente conservadora repre-
sentaban los intereses del clero, cuyos bienes fueron expropiados 
mediante la promulgación de las leyes de desamortización de bienes de 
manos muertas. La promulgación de estas leyes incluía los bienes per-
tenecientes a las corporaciones civiles, dichas corporaciones civiles eran 
solamente la figura jurídica bajo la cual se agrupaban las posesiones 
comunales en manos de los antigüos pueblos indios. 
La corriente liberal se agrupó en torno a la defensa del Código Fun-
damental de 1857, el cual no era otra cosa más que la expresión de un 
nuevo marco jurídico diseñado para proteger la existencia de la 
propiedad privada bajo una dinámica moderna, dentro de los límites 
acordes con el individualismo que la nueva Constitución proclamaba 
como un ideal democrático. 
Aunada a la definición sobre el concepto de propiedad individual, en la 
Constitución de 1857 se incluye su complemento, la definición del 
ciudadano moderno a través de la formulación de una serie de artículos 
constitucionales que proclaman la defensa de los derechos del hombre. 
93 
Existe un gran debate que gira en función de descubrir si la Constitución 
de 1857 fue inspirada a partir del modelo de la Constitución francesa de 
1848, o si ésta se inspiró en el modelo de la Constitución de los Estados 
Unidos. Justo Sierra afirma que nuestra Constitución es una copia al 
carbón de la Constitución de los Estados Unidos, mientras que Francisco 
Bulnes sostiene que nuestro Código Fundamental proviene de la 
Constitución francesa. El problema consiste en que se interponen al 
menos un par de obstáculos de carácter estructural para que un modelo 
tan acabado de democracia pudiera funcionar en un país como el 
nuestro, ya se trate de la primera o de la segunda hipótesis, porque 
ninguna de ambas influencia puede tomarse por negativa para el desar-
rollo de las ideas en México. 
Decimos que la Constitución mexicana de 1857 es un modelo acabado 
para dirigir a una sociedad bajo los postulados de la más pura 
democracia, sólo que este modelo choca con una situación de carácter 
estructural; la cual tiene que ver con la génesis de la corriente liberal en 
México. En primer lugar, el liberalismo no surgió en México con una 
capacidad organizativa articulada por una estructura partidaria moderna 
que le asegurara una difusión ideológica uniforme en todo el territorio 
nacional, por el contrario, el liberalismo se difundió a partir de la 
existencia de las logias yorkina y escocesa, dichas instituciones fun-
cionaban en forma limitada, aceptaban en su seno a un grupo restringido 
de individuos. 
94 
En segundo lugar, los miembros de la élite liberalse agruparon en torno 
a la defensa del Código Fundamental no por el hecho de que tuvieran 
una vocación profundamente democrática, sino porque el triunfo 
político sobre los conservadores habría de representarles la garantía de 
convertirse en propietarios. 
La sola promulgación de la Constitución de 1857 significó un triunfo de 
trascendencia para los liberales porque así se confirmaban las leyes de 
desamortización, instrumento eficaz de cooptación hacia la élite liberal. 
Unicamente los ingenuos pueden tener por seguro que los liberales 
habrían de lanzarse a una lucha a muerte en defensa de las causas del 
pueblo oprimido. 
Nosotros consideramos que la causa que defendían los liberales no era 
otra que la posibilidad de convertirse en propietarios individuales una 
vez que fuera derrotado el enemigo conservador. Obviamente, la 
Intervención Francesa vistió con ropajes heroícos a nuestros liberales, 
al convertirlos de facto en defensores de la integridad nacional. 
L1 idea medular de la élite liberal era la de constituir una clase social 
lligada en torno a la propiedad individual sobre la tierra, para que ésta 
clase social sirviera de contrapeso a la afluencia de capitales extranjeros 
a nuestro país, cuestión ineludible dentro de la lógica liberal. 
95 
Aquí aparece otro de los ejes del proyecto elaborado por la élite liberal. 
Se consideraba que en México no existían los recursos materiales 
adecuados para impulsar la transformación industrial que el país 
requería, que por esta razón habría de procurarse la captación de recur-
sos provenientes lle los países industrializados. Así se explica el porque 
los liberales se convirtieron en los principales promotores lle la inversión 
extranjera en México, brindando todo tipo de facilidades a través de la 
formulación de convenciones que en la mayoría de los casos resultaban 
onerosas para el país, tal es el caso de la construcción del Camino de 
Fierro de la ciudad de México a Veracruz, para citar un ejemplo que se 
relaciona con la época de la República Restaurada. Este Camino de 
Fierro fue construido por una firma inglesa, y dio lugar a un debate a 
través de los diarios de aquella época, en donde no todos los comentarios 
eran favorables al otorgamiento de facilidades a esa firma inglesa por 
parte del gobierno. Sin embargo, aquel proyecto hubo de llevarse a 
término. 
En cuanto al ejercicio de la democracia en México, es obvioo que su 
práctica se vió restringida a partir de la Restauración de la República 
por dos lógicas razones: 
Primero, porque la Constitución de 1857 hablaba de un pueblo que 
solamente existió en las mentes de la élite liberal, puesto que el C6digo 
Fundamental definía exclusivamente a un tipo de individuos que se 
acercaban a; perfil que en aquel entonces cubrían los liberales, porque 
96 
los miembros de la corriente conservadora detestaban la Constitución, 
además de que no participaron de su elaboración, mucho menos puede 
pensarse siquiera en la posibilidad de que los pobladores del medio rural 
-léase campesinos pobres, miembros de los antiguos pueblos indios que 
conforman la mayoría de la población con que cuenta el país, por lo 
menos, entre 1867 y 1877- hayan participado en la elaboración del 
Código Fundamental, puesto que ni siquiera están contemplados dentro 
de éste, simplemente no existen. Lo mismo puede decirse en cuanto a 
los empleados y trabajadores en las! fábricas textiles, talleres, 
trabajadores mineros, cte. 
Segundo, simplemente por el hecho de que estalló una fractura en el 
seno de la corriente liberal, justamente en el momento que se proclamó 
la Restauración de la República al consumarse la derrota de Maxi-
miliano y los restos del ejército que lo sostenía, unas semanas después 
de este acontecimiento habría de dar inicio el proceso electoral para 
convocar a la elección de Presidente de la República y Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia; casualmente, en aquella contienda electoral 
hubo dos aspirantes a la Presidencia de la República, ambos eran 
miembros de la corriente liberal. 
Fue precisamente en el momento en que <lió inicio el proceso electoral, 
que comenzaron a cerrarse los causes democráticos garantizados en la 
Constitución, siendo una prueba palpable de este hecho la publicación 
de la Convocatoria aparecida en los diarios de la capital el día 18 de 
97 
agosto de 1867, amen del incontable número de ocasiones en que 
acudieron los representantes del Ejecutivo ante el Congreso a solicitar 
la suspensión de garantías individuales. 
Hay que añadir además, el tipo de mecanismos de que se servían los 
miembros del gobierno para imponer a Jefes Políticos y Gobernadores 
de los Estados, los aspirantes eran escogidos en función de su lealtad al 
denominado "grupo de Paso del Norte". Por lo menos se conocen tres 
casos que muestran de manera contundente la forma en que el gobierno 
designaba a funcionarios que en teoría debían ser electos mediante la 
votación de los ciudadanos: 
Primer caso: Al formarse mediante decreto presidencial el nuevo Estado 
de Morelos, misteriosamente resulta electo Francisco Leyva como 
Gobernador del flamante Estado, cuando el candidato opositor era nada 
menos que el General Porfiro Díaz. A nuestro juicio, la modalidad en la 
elección de gobernador en este caso consistió en que Francisco Leyva 
era el protegido del Gobierno de la Federación, razón que le valió para 
convertirse en el hombre fuerte del Estado de Morelos. 
Segundo caso: Juan N. Méndez había sido nombrado por Porfirio Díaz 
como gobernador del Estado de Puebla, seguramente este nombramien-
to había sido hecho en época de guerra. Al publicarse la Convocatoria 
de 18 de agosto, Juan N. Méndez expresó su desacuerdo con el espíritu 
de las medidas contenidas en la Convocatoria, se dice que su desacuerdo 
98 
adquirió las dimensiones de una revuelta dentro de su región de influen-
cia, lo cierto es que Méndez fue removido de su puesto de Gobernador 
inmediatamente. 
Tercer caso: León Guzmán había sido nombrado como Gobernador del 
Estado de Guanajuato, además de esto, el señor Guzmán había par-
ticipado en la elaboración de la Constitución de 1857. Al momento de 
publicarse la Convocatoria del mes de agosto de 1867, León Guzmán 
hizo público su rotundo desacuerdo con el espíritu de los artículos que 
conformaban la Convocatoria. El gobierno respondió revocandole su 
nombramiento de Gobernador, nombrando en su lugar a Florencia 
Antillón. 
Hasta ahora solamente nos hemos referido a las distorsiones 
democráticas en el reducido ámbito de la política dirigida por el grupo 
liberal, pero toca el turno a los actores sociales colectivos, aquellos que 
no tuvieron cabida dentro de la Constitución promulgada por la élite 
liberal en 1857. Absolutamente todos los artículos que se refieren a los 
derechos del hombre hacen caso omiso de la existencfa en territorio 
nacional de millones de seres humanos que son considerados como 
indios. La razón de tamaña omisión se debe lógicamente, a que los indios 
habían sido los propietarios colectivos de grandes extensiones de tierra, 
que a partir del triunfo liberal pasaría a manos individuales mediante el 
proceso de implementación de las leyes de desamortización ele los bienes 
de manos muertas. 
99 
Es precisamente en el úmbito de la vida social en donde habría de ser 
más fuerte el impacto que se produjo a raíz de Ja implementación del 
moderno proyecto político impulsado por Jos liberales, porque excluyen-
do al reducido grupo que ahora se había convertido en dueño de Jos 
destinos del país, la sociedad mexicana se encontraba permeada por 
costumbres y tradiciones de tipo colonial, en donde Ja existencia de Ja 
propiedad comunal estaba sancionada jurídicamente, siendo garan-
tizados hasta ese momento los derechos que correspondían a Jos pueblos 
indios sobre sus tierras. 
Esta realidad comienza a cambiar parcialmente en el transcurso del siglo 
XIX, pero el cambio se torna vertiginoso a medida que van ganando 
terreno político las medidas implementadas por el grupo liberal, hasta 
llegar a su punto culminante una vez que se logró encausar la estabilidad 
social. 
Con el advenimiento de Ja modernidad los pobladores de Jos pueblos 
antigüos recibieron un fuerte golpe político, no solamente por el hecho 
de ver perdidas las tierras que les habían pertenecido, pues además de 
eso, fueron víctimas de Ja situación generada a partir de Ja guerra, al 
convertirse en carne de cañón para los ejércitos de ambos bandos 
(conservador y liberal). Por si esto no fuera suficiente, Ja población 
oprimida se vio sujeta a un régimen laboral diseñado para asegurar Ja 
sobre explotación de la fuerza de trabajo a cambio de una mísera 
100 
retribución. Esta situación persistió lo mismo en las ciudades que en el 
campo. 
Para redondear el panorama tan desolador que les fue abierto a los 
sectores oprimidos de la población a partir del triunfo de la élite liberal, 
se encuentra intacta la influencia ideológica del clero, que abarca ab-
solutamente a todos los medios sociales, pero que es más fuerte dentro 
del medio rural y en los barrios humildes de las concentraciones urbanas, 
debido al bajo nivel cultural que moldea los hábitos de la población de 
escasos recursos. La influencia ideológica del clero se utiliza como 
mecanismo de contención para desviar cualquier posibilidad de 
radicalización que pudiera enfrentar políticamente a los oprimidos con 
la incipiente burguesía mexicana. 
La confrontación entre estos dos mundos a los que nos hemos venido 
refiriendo, fue haciendo más profundo el abismo que se abrió entre el 
universo imaginario de los liberales y el México antigüo, porque fue a 
partir del conocimiento del moderno marco jurídico que se abrió la 
posibilidad de que no pocos miembros de la élite liberal se hicieran de 
una fortuna a costa de las tierras de los antigüos pueblos indios, de los 
bienes que habían pertenecido al clero y del manejo que hacían de sus 
puestos como funcionarios del gobierno. 
101 
  
A A 
La lista a este respecto sería interminable, además no es el propósito de 
este trabajo referirse a la corrupción de los funcionarios públicos a partir 
de la instauración dd régimen liberal en México. 
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(5) Pcrry, Laureas Bailan]: Juárez and Píaz. p.4 
(6) Op. Cit.: Pcrry. p. 3 
(7) Ibídem: Guerra. Tomo l. p. 34 
(8) Ibidem: Pcrry. p. 4 
(9) Ibidcm: Perry. p. 4 
(10) Ibídem: Guerra. Tomo l. p. 35 
(11) Ibídem: Guerra. Tomo l. p. 35 
(12) Jbidem: Guerra. Tomo l. p. 35 
(13) Ibídem: Guerra. Tomo l. p. 35 
(1-l) Ibídem: Guerra. Tomo l. p. 35 
(15) Ibídem: Guerra. Tomo l. p. 36 
(16) Ibídem: Guerra. Tomo l. p. 31 
(17) Op. Cit.: Cosía Villegas y Otros: .l:L...G....M. Tomo II. p. 914 
(18) Cosía Vi llegas, Daniel: Historia Moderna de México. Tomo III. p. 133 
(19) Sierra, Justo: Evolución Polílica del Puchlo Mexicano. p. 372 
(20) Bulnes, Francisco: El Verdadero h!ilrez. p. 490 
(21) Op. Cit.: Bulnes. p. 503 
(22) Ihidem: Bulnes. p. 507 
(23) Op. Cit.: Guerra. Tomo l. p. 38 
(24) Op. Cit.: Sierra. p. 364 
108 
(25) Brasseur, Charles: Viajes por rl Itsmo. p. 152 
{26) Op. Cit.: Cosfo Villcgas, Daniel: H.J:LM. Tomo 11. p. 903 
(27) Cosío Villcgas, Daniel: Historia Moderna de México Tomo l. p. 113 
(28) Bernstcin, Harry: Matías Romero (1837 • 1898}. p. 94 
(29) Roeder, Ralph: Juán? y su México. p. 993 
(30) Op. Cit.: Rocclcr. p. 1000 
(31) Op. Cit.: Cosío Villcgas y Otros: H...G._M. Tomo II. p. 901 
(32) Op. Cit.: Cosío Yillcgas, Daniel: Historia Moderna de México. Tomo l. p. 124 
(33) Scholcs, Wallcr: I,¡¡ PnH!ica en la Epoca de Juárcz p. 160 
(34) Op .. Cit.: Scholcs. p. 161 
(35) lbidcm: Scholcs. p. 161 
(36) lbidcm: Scholcs. p. 161 
(37) Op. Cit.: Guerra. p. 33 
(38) Op. Cit.: Cosío Villcgas. Historia Moderna de México. Tomo l. p. 366 
(39) lbidem: Guerra. Tomo II. p. 10 • 11 
(40) Op. Cit.: Cosía Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo l.. p. 150 
(41) Op. Cit.: Cosío Villcgas: Hjstoriíi Moderna de Méxicp. Tomo l.. p. 150 
(42) Op. Cit.: Cosío Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo l.. p. 113 
(43) Op. Cit.: Cosía Vi llegas: Historiíl Moderna de México. Tomo l.. p. SS 
(44) Op. Cit.: Cosío Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo l.. p. 157 
(45) Op. Cit.: Cosío Yillcgas: Historia Moderna de México. Tomo l.. p. 183 
(46) Op. Cit.: Cosío Villcgas: Historia Moderna de Méxic!l. Tomo l.. p. 183 
(47) Op. Cit.: Scholcs: 165 
(48) lbidcm: Scholcs. p. 166 
( 49) Op. Cit.: Bcrnstcin, Harry: p. 96 
(50) Op. Cit.: Scholcs: p. 162 
109 
(51) Op. Cit.: Sierra: Evolución Política. p. 315 
(52) Op. Cit.: Cosía Villegas: Historia Moderno d1· México. Tomo l. p. 124 
(53) Ibidem: Cosía Villegas: Historia Moderna de México. Tomo l. p. 163 
(54) Jbidem: Cosío Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo l. p. 166 
(55) Ibidem: Cosío Villegas: Jiistoria Moderna de México. Tomo J. p. 168 
(56) Ibidem: Cosía Villegas: Historia Moderna de Méxirn. Tomo l. p. 168 
(57) lbidem: Cosía Villegas: !fatoria Moderna de México. Tomo l. p. 162 
(58) Ibídem: Cosío Villegas: Historia Moderna de México. Tomo l. p. 163 
(59) lbidcm: Cosío Villcgas: Hisloria l\foderna de México. Tomo l. p. 123 
(60) Op. Cit.: Scholcs: La !'olí!ica en la Epoca de h1ílrez. p. 164 
(61) Op. Cit.: Cosío Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo J. p. 139 
(62) Ibidcm: Cosío Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo l. p. 139 
(63) Ibidem: Cosía Vilkgas: Historia Moderna de México. Tomo l. p. 139 
(64) Ibidem: Cosíu Yillegas: Historia Moderna de México. Tomo l. p. 175 
(65) lbidcm: Cosía Yillegas: Historia Moderna de México. Tomo l. p. l 75 
(66) lbidem: Cosío Yillegas: HisJoriil Moderna de México. Tomo J. p. 177. 179 
(67) lbidem: Cosía Yillegas: Historiil Moderna de México. Tomo l. p. 186 
(68) García Granados, Ricardo: Historia de México <Desde Ja Restauración de 
J¡¡ República hasta la Caída de Huerta). Tomo l. p. 47 
(69) Op. Cit.: Bulncs: El Yerdildero Juárez. p. 500 
(70) Op. Cit.: Roedcr: Ju6rez y su México. p. 1000 
(71) Ibídem: Roedcr: Juílrez y su México. p. 1001 
(72) Op. Cit.: Scholcs: La Política en la Epoca de luárcz. p. 177 
(73) Ibídem.: Scholcs: 1 a Polí!ica en la Epoca de !uán:z. p. 177 
(74) Jbidcm.: Scholes: La Política en la Epoca de Juárez. p. 178 
(75) Ibidem.: Scholes: La Política en la Epoca de Juárcz. p. 177 
110 
(76) lbidcm.: Scholcs: La Política en la Epoca de luárez. p. 177 
(77) Toro, Alfonso: Historia de México, (La Rcrnlución de 1 ndepcndcocia v 
México lndcp.:ndienlc). p. 264 
(78) Op. Ci1.: Cosiu Villcgas: Hisloria Moderna di: México. Tomo l. p. 262 
(79) Op. Cil.: Bcrnstcin, Harry: Malías Romero. p. 95 
(80) Op. Cil.: Cosíu Vi llegas y Otros: Historia General de México. Tomo 11. p. 907 
(81) Op Cit.: Bulnes: El Verdadero Jujrc7. p. 4S3 
(82) Op. Cit.: Cosíu Villcgas: 1-!istoria Moderna de Méxicc>. Tomo l. p. 261 
(83) Op. Cit.: Scholcs: La Pnli!iq cp la Epoca de Juárcz. p. 166 
(84) Op. Cit.: Cosía Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo l. p. 166 
(85) lbidcm: Casio Villcgas: His1oria Moderna de México. Tomo J. p. 157 
(86) López Portillo y Rojas, José: Elevación y Caída de PorGrio. p. 26 
(87) Op .. Cit.: Lópcz Portillo y Rojas: Elevación y Caída <k Pprfirio. p. 27 
(88) Op. Cit.: Cosío Villcgas: Historia Moderna d1· México Tomo l. p. 2Q(í 
(89) Pil!man, Dewitt Kcnncth Jr.: Hacendados, Cnmpcsinos y Políli('(ls. (Las 
Clases Agrarias y la lnslaladón del Estildo O!il'árQUico rn México - 1~69-
lfillí.). p. 21 
(90) Op. Cit.: Piuman: Hacendados, Campesinos y Polilicos. p. 26 
(91) lbidcm: Piltman: Hacendados Campesinos y Políticos. p. 29 
(92) Op. Cit.: Cosío Villcgas: Hisloria Modcrn:t de México. Tomo l. p. 262 
(93) lbidcm: Cosío Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo J. p. 232 
(94) lbidem: Cosío Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo l. p. 150 
(95) Ibidcm: Cosío Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo l. p. 150 
(96) lbidem: Cosía Villcgas: Hisloria Moderna de México. Tomo J. p. 231 
(97) Op. Cit.: Scholcs: La Política en lo Epoca de !uárcz. p. 198 
(98) Ibidcm: Scholcs: La Polí1ica en la Epoca de Juárcz, p. 200 
(99) Ibidcm: Scholcs: 1 a Polífica en la Epoca de !uárcz p. 198 
111 
(100) Cueva S., Mariano: Historia de tu Nación Mexicana (De la Rcvoluci(m de 
Ayu!la a Nuesiros Díns). Tomo lll. p. 449 
(101) Op. Cit.: Cueva S. Mariano: Historia de la Nación Mexicana. p. 451 
(102) Op. Cit.: García Granados: Historia de México Tomo l. p. 68 
(103) lbidem: García Granados: Historia de México .. Tomo l. p. 71 
(104) Op. Cit.: López Portillo y Rojas: Elevación y Caída p. 84 
(105) lbidem: López Portillo y Rojas: Elevación y 01ída . p. 87 
(106) lbidcm: López Portillo y Rojas: Elcyación y Caída p. 87 
(107) lbidem: López Portillo y Rojas: Elevación y Caída,,. p.86 
(108) Op. Cit.: Cueva S. Mariano: Historia de la Nación Mexicana. Tomo 111. p. 456 
(109) lbidem: Cueva S. Mariano: Historia de la Nación Mexicana. Tomo 111. p. 456 
(110) lbidem: Cueva S. Mariano: Historia de la Nación Mexicana. Tomo 111. p. 457 
(111) Op. CCit.: Cosío Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo 11. p. 622 
(112) Op. Cit.: Cueva S. Mariano: Hisloria de la Nad6n Mexicana. Tomo 111. p. 461 
(113) Op. Cit.: Cosío Villcgas: Historia Moderna de México Tomo l. p. 780 
(114) Op. Cit.: Lópcz Portillo y Rojas: Elevación y Caícla p. 104 
(115) lbidem: Lópcz Portillo y Rojas: Elevación y Caída,,. p. 108 
(116) Op. Cit.: Cosío Vil!cgas: Historia Modcrnll de México. Tomo l. p. 107 y 823 
(117) Op. Cit.: Pittman: Hacendados Campesinos y Políticos. p. 13 
(118) lhidcm: Pittman: Hacendados Campcsim1s y Políticos p. 13 
(119) Valadés, José: El PorGrismo Historia de un Régimen. (El Nacimiento). 
Tomo l. p. l 
(120) Op. Cit.: Lópcz Portillo y Rojas: Elcyadón y Caída p.104 
(121) Ibídem: Lópcz Portillo y Rojas: Elevación y Caída p. 107 
(122) Op. Cit.: Guerra, Francois-Xavicr: México: Del Antigl!o Régimen a la 
Revolución. Tomo l. p. 84 
(123) Op. Cit.: Yaladés, José C.: El Porfirismo Tomo l. p. 27 
112 
(124) Op. Cit.: Cosío Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo l. p. 365 
(125) Ibídem: Cosio Villegas: Historia Moderna de México Tomo l. p. 378 
(126) Ibídem: Cosío Vilkgas: Historia Moderna de México. Tomo l. p. 384-385 
(127) Op. Cl!.: Cosío Yillcgas: Hisloria Moderna de México. Tomo ll. p. 115 
(128) Ibídem: Cosfo Villcgas: Hisioria Moderna de M6ico. Tomo ll. p. 115 
(129) Ibídem: Cosía Yillcgas: Historia Moderna de )l.Jéxirn. Tomo II. p. 130 
(130) lbidem: Cosía Villcgas: Hisioria Moderna de Müico. Tomo 11. p. 37 
(131) Ibídem: Cosía Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo 11. p. 192 
(132) lbidcm: Cosía Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo ll. p. SS 
(133) Ibídem: Cosía Villcgas: Historia Moderna de México Tomo ll. p. 88 
(134) Op. Cit.: Cosío Yillcgas: Historia General de México. Tomo ll. p. 914 
(135) Op. Cit.: Cosío Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo lll. p. 423 
(136) Ibidem: Cosío Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo 111. p. 439 
(137) lbidem: Cosía Villcgas: Historia Moderna de México. Tomo m. p. 440 
(138) Sierra, Justo: Obrns Completas Periodismo Político Tomo lV. p. 21 - 22 
(139) Op. Cit.: Sierra, Justo: Periodismo Político p. 54 
(140) Op. Cit.: Cosío Villcgas: Hi<Iorb ~fodcrna de México Tomo !ll. p. 648 
(141) lbidem: Cosío Yillcgas: HisJoria Moderna de México. Tomo Ill. p. 64S 
(142) lbidcm: Cosío Villcgas: Histori¡¡ Moderna de México. Tomo 111. p. 649 
113